Los Estados siguen sin proteger a quienes defienden los derechos humanos

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Hoy se cumplen cinco a?os del asesinato de la defensora de los derechos ambientales Berta C¨¢ceres en su casa, en Honduras. Ella fue una de los centenares de personas que defienden los derechos humanos asesinados aquel a?o debido a su trabajo pac¨ªfico. Desde entonces, han muerto violentamente centenares m¨¢s. Los responsables rara vez son llevados ante la justicia. Aunque algunos perpetradores han sido condenados por la muerte de la hondure?a, otros que se cree que estuvieron implicados en los hechos no han respondido a¨²n de sus actos.

Es una historia conocida y continua, en Honduras y en todo el mundo, donde quienes quitan la vida a alguien que defiende los derechos humanos gozan, a menudo, de impunidad.

Esta semana presento mi informe m¨¢s reciente ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, que trata de los homicidios de defensores de los derechos humanos y de las amenazas que suelen precederlos. En 2019 fueron asesinados al menos 281 de ellos y se prev¨¦ una cifra similar para 2020. Salvo que se adopten medidas radicales e inmediatas, de nuevo cabe esperar cientos de homicidios m¨¢s este a?o.

Desde 2015, han sido asesinados al menos 1.323, aunque Latinoam¨¦rica es sistem¨¢ticamente la regi¨®n m¨¢s afectada y quienes defienden los derechos ambientales como Berta C¨¢ceres suelen ser los m¨¢s perjudicados, es un problema mundial.

Entre 2015 y 2019, quitaron la vida a personas que defienden los derechos humanos en al menos 64 pa¨ªses: un tercio de todos los Estados miembros de la ONU. Las entidades que recogen los datos coinciden en que estas cifras son inferiores a las reales. El n¨²mero es, con toda probabilidad, significativamente mayor de los que indican las estad¨ªsticas de las que disponemos.

Sabemos que, en cada continente, en las ciudades y en el campo, en las democracias y las dictaduras, los gobiernos y otras fuerzas amenazaron y mataron a quienes defend¨ªan los derechos humanos. Muchos, como Berta C¨¢ceres, son asesinados en el contexto de grandes proyectos empresariales.

?Por qu¨¦ tantos gobiernos y otras entidades matan a defensores que trabajan pac¨ªficamente por los derechos de otras personas? En parte porque pueden, porque tienen la certeza de que es improbable que haya voluntad pol¨ªtica para castigar a los perpetradores.

Aunque algunos Estados ¡ªen especial los que tienen cifras m¨¢s elevadas de este tipo de homicidios¡ª han establecido mecanismos de protecci¨®n espec¨ªficos para prevenir estos riesgos y ataques contra quienes defienden los derechos humanos y responder a ellos, las v¨ªctimas suelen quejarse de que los mecanismos carecen de recursos. Y, en demasiados casos, las empresas tambi¨¦n eluden su responsabilidad de prevenir los ataques contra estas personas o son, incluso, responsables de ellos.

Estas matanzas no son actos de violencia al azar que surgen de la nada. Muchas son precedidas de amenazas. Como se?al¨® Amnist¨ªa Internacional, el caso de Berta C¨¢ceres ¡°fue una tragedia anunciada¡±, pues hab¨ªa ¡°denunciado reiteradamente las agresiones y las amenazas de muerte contra ella, que hab¨ªan aumentado mientras luchaba contra la construcci¨®n de una represa hidroel¨¦ctrica llamada Agua Zarca y el impacto que tendr¨ªa en el territorio del pueblo ind¨ªgena lenca¡±.

Y aun as¨ª, su Gobierno no la protegi¨®, igual que muchos gobiernos no protegen a sus defensores y defensoras. Desde que asum¨ª este mandato, en mayo del a?o pasado, he hablado con centenares de personas que defienden los derechos humanos. Muchas me han manifestado su temor real de ser asesinadas y me han ense?ado amenazas de muerte que han recibido, a menudo en p¨²blico.

Estos asesinatos no son actos de violencia al azar que surgen de la nada. Muchos de los homicidios son precedidos de amenazas

Me cuentan que algunas de estas amenazas se las gritan a la cara, otras se publican en las redes sociales, se las hacen por tel¨¦fono o en mensajes de texto, o se dejan en notas que deslizan bajo la puerta. Algunas de estas personas son amenazadas a trav¨¦s de un intermediario, o mediante grafitis en sus casas, con ser incluidas en listas negras p¨²blicas. A unas les llegan por correo fotos que demuestran que ellas o sus familias est¨¢n vigiladas desde hace tiempo, mientras que a otras les dicen que van a matar a sus allegados. Me han hablado del ata¨²d que recibi¨® la oficina de una ONG; de una bala depositada sobre la mesa del comedor de su casa; de fotos editadas publicadas en Twitter en las que se los muestra atacados con hachas o cuchillos, y de la cabeza de un animal atada a la puerta de la oficina de su organizaci¨®n.

Quienes defienden los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, transg¨¦nero e intersexuales, y quienes defienden los derechos humanos de las mujeres y de las personas transg¨¦neros, suelen ser atacados con amenazas sexistas por ser quienes son adem¨¢s de por lo que hacen. Las mujeres y las personas LGTBI que reclaman derechos en contextos patriarcales, racistas o discriminatorios suelen sufrir formas espec¨ªficas de ataque, entre ellas la violencia sexual, el descr¨¦dito y la estigmatizaci¨®n.

Los asesinatos de defensores de los derechos humanos no son inevitables: muchos se anuncian con antelaci¨®n y, aun as¨ª, los gobiernos, a?o tras a?o, no proporcionan recursos suficientes para prevenirlos y, a?o tras a?o, no piden cuentas a los asesinos. De hecho, los Estados no solo deben acabar con a la impunidad, sino que tambi¨¦n deben aplaudir p¨²blicamente la contribuci¨®n vital que hacen los derechos humanos a la sociedad.

Esta semana recordar¨¦ de nuevo a la ONU que sus miembros incumplen sus obligaciones morales y legales de prevenir los homicidios de quienes defienden los derechos humanos. No vale de nada que las autoridades gubernamentales se crucen de brazos mientras coinciden en que el asesinato de Berta C¨¢ceres y de otros como ella es un problema terrible y que alguien deber¨ªa hacer algo al respecto.

No es tan complicado. Depende de los Estados encontrar la voluntad pol¨ªtica para prevenir los homicidios respondiendo mejor a las amenazas contra quienes defienden los derechos humanos y hacer que los asesinos respondan de sus actos.

Mary Lawlor es relatora especial de la ONU sobre la situaci¨®n de los defensores de los derechos humanos.

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