La familia de las ni?as asesinadas reclama al Gobierno que asuma su responsabilidad por no protegerlas

La familia de las ni?as Nerea y Martina, dos menores de seis y dos a?os asesinadas hace justo un a?o por su padre, han presentado una reclamaci¨®n de responsabilidad patrimonial en la que se?alan como corresponsables a los Ministerios de Justicia e Interior. La madre de las ni?as, Itziar Prats, denunci¨® en varias instancias el riesgo que corr¨ªan sus hijas tras las amenazas que recibi¨® del padre. Lo dijo en el Centro de la Mujer de Castell¨®n, en una comisar¨ªa, en un juzgado de guardia y en el Juzgado de Violencia n¨²mero 1 de Castell¨®n. Adem¨¢s, un m¨¦dico que la atendi¨® alert¨® de que pod¨ªa tratarse de un caso de violencia de g¨¦nero, pero no prosper¨® su denuncia. Hubo una cadena de errores que desemboc¨® en el asesinato de las ni?as. El padre, Ricardo Carrascosa, se suicid¨® tras matarlas.

Los abuelos maternos de las menores se suman a esta reclamaci¨®n, paso previo antes de acudir a los juzgados. Los dos escritos presentados ¨Cuno por cada ministerio, de 30 p¨¢ginas de extensi¨®n cada uno y a los que ha tenido acceso este peri¨®dico- recogen que los tres han sufrido ¡°un da?o moral y un trauma infinito, que les afectar¨¢ de por vida, y por ello son indudablemente perjudicados por la irresponsabilidad de la Administraci¨®n¡±. La muerte de las ni?as ¡°se produjo de manera violenta y con ensa?amiento, mientras dorm¨ªan¡±, recoge el escrito.

¡°Si la Administraci¨®n de Justicia hubiera articulado los mecanismos de protecci¨®n para los menores de los que dispone, no se hubiera llevado a efecto la amenaza anunciada¡±, se?ala el escrito. El texto destaca que Interior aplic¨® un protocolo de medici¨®n de riesgo policial, el conocido como VioGen, que estaba ¡°obsoleto y derogado¡±. De hecho, ese protocolo fue cambiado por el ministerio despu¨¦s de este caso, en marzo de 2019, para incluir ¡°el riesgo de letalidad¡± para las mujeres y el peligro espec¨ªfico que pueden correr los menores. El Convenio del Consejo de Europa sobre prevenci¨®n y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia dom¨¦stica, el llamado Convenio de Estambul, que fue ratificado por Espa?a en 2014, incluye tanto la valoraci¨®n de la letalidad como la protecci¨®n de los menores, como recoge expresamente la reclamaci¨®n de la familia Prats.

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Cuando una mujer acude a una comisar¨ªa a denunciar que es v¨ªctima de violencia de g¨¦nero, se le aplica un cuestionario con distintas preguntas. Hasta despu¨¦s del caso de Prats, no se preguntaba por los hijos. Cuando ella denunci¨® en febrero de 2018 que tem¨ªa por sus hijas, la valoraci¨®n de riesgo policial que result¨® de ese cuestionario fue ¡°bajo¡±, el segundo m¨¢s bajo de la escala que tiene por encima medio, alto y extremo.

Tras la denuncia policial, coincidieron en los juzgados el procedimiento de divorcio y de custodia de las hijas. Itziar Prats entiende que ese hecho pudo perjudicarla y en la reclamaci¨®n queda recogido que ella sinti¨® que estaba siendo cuestionada. La responsable del juzgado de violencia contra la mujer consider¨® que el miedo que transmiti¨® Prats no era ¡°compatible con sus propios actos¡± por haberse mudado a la misma calle que su exmarido. La jueza se bas¨®, adem¨¢s, en la valoraci¨®n de riesgo ¡°bajo¡± que dictamin¨® la polic¨ªa.

Itziar Prats aport¨® en el juzgado de violencia contra la mujer las transcripciones de las amenazas que hab¨ªa recibido de su expareja. Fue despu¨¦s de que le otorgaran la custodia y se?alaran que el padre deb¨ªa pasar una pensi¨®n mensual de 400 euros por las ni?as. ¡°Al final vamos a acabar todos muertos y yo en la c¨¢rcel¡±, dec¨ªa Ricardo Carrascosa en esas conversaciones. ¡°Te voy a quitar lo que m¨¢s quieres¡±. Las transcribi¨® ella misma.

La mujer pidi¨® sin ¨¦xito una orden de protecci¨®n para ella y sus hijas y que se suspendiera el r¨¦gimen de visitas. En la reclamaci¨®n, denuncian ¡°la inactividad del fiscal¡± (que primero pidi¨® que no se atendiera su petici¨®n de una orden de protecci¨®n para ella y las ni?as y luego que s¨ª) o que el juzgado no escuchara a las menores, ni fueran examinadas por los servicios sociales. Seg¨²n su valoraci¨®n, ¡°son la patente de la falta de inter¨¦s absoluto de la administraci¨®n en la protecci¨®n de las menores¡±.

El texto incluye una indemnizaci¨®n econ¨®mica que la familia solicita expresamente no publicar. El abogado del caso, Gabriel Rubio, explica que esta indemnizaci¨®n hay que pedirla de forma obligatoria. Ha sido calculada en funci¨®n de la sentencia del Tribunal Supremo en otro caso de asesinato de un menor por parte de su padre tras reiteradas denuncias de la madre, el caso de ?ngela Gonz¨¢lez. ¡°Itziar necesita que alguien le diga que no tiene la culpa, esa es la base de esta reclamaci¨®n¡±, concluye su abogado.