Las ¨®rdenes religiosas admiten ya 126 casos de abusos en Espa?a

Los abusos de menores en la Iglesia cat¨®lica en Espa?a siguen saliendo lentamente a la luz y, tras el paso de los jesuitas de hace dos semanas, al reconocer 81 v¨ªctimas de 65 religiosos desde 1927, y su intenci¨®n de indemnizarlas, otras congregaciones ya est¨¢n siguiendo el mismo camino. EL PA?S ha consultado a 10 de las mayores y siete revelan que tambi¨¦n han realizado investigaciones del pasado o est¨¢n en marcha, e igualmente aceptan compensar a las v¨ªctimas. Son meras revisiones de archivos, no estudios rigurosos, que adem¨¢s no han hecho p¨²blicos, y est¨¢n muy lejos de reflejar la realidad de los abusos en Espa?a si se comparan con los de referencia en otros pa¨ªses. Por otro lado, de esta decena de entidades, los Hermanos Maristas, La Salle y los Agustinos se siguen negando a revisar su pasado. El resto admite por el momento 61 casos de religiosos pederastas, 42 de ellos desconocidos hasta ahora. Si se suman estas cifras a las de los jesuitas ¡ª65 casos, 54 de ellos nuevos seg¨²n estimaciones de este diario¡ª, las ¨®rdenes admiten 126 casos, 96 de ellos desconocidos hasta ahora. Estos n¨²meros disparan las estad¨ªsticas totales y elevan las v¨ªctimas de abusos en la Iglesia en Espa?a a m¨¢s de 500, seg¨²n la contabilidad que lleva EL PA?S con informaci¨®n de sentencias, medios y sus propias investigaciones, ante la ausencia de datos de la Iglesia y oficiales.

Hasta este mes se conoc¨ªan 125 casos desde 1986, pero de un plumazo hay que sumar 96 m¨¢s. Total, 221 con al menos medio millar de v¨ªctimas desde 1927. Es decir, en unas semanas se han conocido casi los mismos casos que en 35 a?os. Y en octubre de 2018, cuando este peri¨®dico comenz¨® a investigar los abusos y abri¨® un correo electr¨®nico de denuncia, solo se contaban 34 casos. Despu¨¦s, este diario recibi¨® m¨¢s de 200 mensajes y ha publicado una treintena de casos. La cifra ha ascendido a toda velocidad con numerosas denuncias de v¨ªctimas en los medios.

Escolapios, claretianos, corazonistas y Legionarios de Cristo ya han realizado investigaciones internas. Est¨¢n en ello marianistas y salesianos, que dan cifras provisionales, 28 en el ¨²ltimo caso, la m¨¢s alta tras los jesuitas. El Opus Dei ultima su estudio interno. Estas investigaciones son solo un primer y m¨ªnimo paso hacia la verdad. Las ¨®rdenes constatan que en el pasado nunca se denunciaba, en la mayor¨ªa de las ocasiones solo se trasladaba al acusado, se lo expulsaba o dejaba la congregaci¨®n, con lo que pod¨ªa seguir cometiendo abusos en otros lugares y la instituci¨®n se desentend¨ªa. Es solo un primer acercamiento a lo que sucedi¨®. Otra iniciativa ha sido abrir correos electr¨®nicos para recibir denuncias, una v¨ªa por la que han aflorado algunos de estos delitos. En otros casos la instituci¨®n religiosa simplemente se entera por la prensa. A los corazonistas, por ejemplo, solo les consta un caso, el del alto comisionado del Gobierno contra la pobreza infantil, Ernesto Gasco, que revel¨® haber sido v¨ªctima de abusos en una entrevista hace dos meses.

Los escolapios de la provincia central de la orden en Espa?a solo han podido rastrear la pista de uno de sus miembros, acusado en 1972, que dej¨® la orden y acab¨® en Estados Unidos. Relatan que llegaron a contratar un detective para averiguarlo. Los abusos que han logrado determinar se produjeron en Madrid, Salamanca, Toro y la di¨®cesis de C¨¢diz-Ceuta. Afirman que del resto no han conseguido saber m¨¢s, ni d¨®nde ocurrieron.

Las investigaciones de las ¨®rdenes no eran conocidas y solo salen ahora a la luz a preguntas de este diario. Sus resultados son muy limitados y no han sido realizadas por personas externas, salvo en la provincia catalana de los claretianos. No ofrecen detalles ¡ªnombres, lugar y fecha de los hechos¡ª, que si se divulgaran podr¨ªan hacer aparecer m¨¢s v¨ªctimas. Solo ara?an la superficie, pero aun as¨ª son un avance en la Iglesia espa?ola, que hasta 2018 guardaba silencio. Y, sobre todo, pone a¨²n m¨¢s en evidencia la postura de la Conferencia Episcopal Espa?ola (CEE), un caso pr¨¢cticamente ¨²nico en los grandes pa¨ªses cat¨®licos: se niega a investigar el pasado y a plantearse una indemnizaci¨®n de estas v¨ªctimas.

Se cumplen dos a?os de la cumbre en el Vaticano sobre pederastia, celebrada en febrero de 2019, y la Iglesia espa?ola apenas ha dado pasos. Solo se han abierto oficinas de atenci¨®n a las v¨ªctimas en cada di¨®cesis, por orden del Papa. En octubre de 2018 cre¨® una comisi¨®n contra la pederastia para actualizar los anacr¨®nicos protocolos vigentes desde 2010, pero m¨¢s de dos a?os despu¨¦s nada se sabe de su trabajo. En su web siguen apareciendo los antiguos. La CEE ha optado por no contestar a las preguntas de este diario y se remite a notas y ruedas de prensa de 2020. En noviembre, el portavoz de los obispos, Luis Arg¨¹ello, solo declar¨® que las denuncias recibidas eran ¡°cero o muy pocas¡±.

En cuanto a investigar, la consigna es que cada obispo haga lo que quiera, al contrario que las conferencias episcopales de Estados Unidos, Alemania, Holanda o Francia, que han liderado amplias investigaciones en sus pa¨ªses. En Alemania, los obispos encargaron una auditor¨ªa externa. Llev¨® cuatro a?os y en 2018 se hizo p¨²blica: desde 1946 sufrieron abusos 3.677 menores a manos de 1.670 religiosos. La propia Santa Sede public¨® hace dos meses el demoledor informe McCarrick, que se?alaba c¨®mo Juan Pablo II y Benedicto XVI hab¨ªan ignorado denuncias de abusos.

La respuesta de las 70 di¨®cesis espa?olas ha sido lenta y poco transparente. Salvo algunos casos, en Cartagena, Madrid, Barcelona y Bilbao, los obispados se resisten a hacer p¨²blicos los n¨²meros de casos que llegan a sus oficinas. La gran mayor¨ªa se niega a indagar en sus registros y a indemnizar a las v¨ªctimas. Lo cierto es que en todos los pa¨ªses la realidad de los abusos del pasado solo ha salido a la luz con aut¨¦nticas comisiones de la verdad ¨Dde los Gobiernos, de la Iglesia, o de ambos¡ª, que daban la suficiente confianza de seriedad a las v¨ªctimas para dar el paso de contar su caso. Si no, siguen ocultas.

¡°El balance es muy pobre¡±, opina Juan Ignacio Cort¨¦s, autor de uno de los pocos libros sobre el tema publicados en Espa?a, Lobos con piel de pastor (San Pablo). ¡°Sigue vigente un protocolo bastante infame, han abierto oficinas en las di¨®cesis, pero se ha hecho muy poco. En Espa?a nadie hace nada, no interesa, ni a la Iglesia ni al Estado, que en el pasado deb¨ªa vigilar porque muchas instituciones, de internados a orfanatos, eran parte del sistema de beneficencia estatal. Incluso ahora en los pocos casos que llegan a los tribunales a las v¨ªctimas no dejan de darles palos, como en el caso Gaztelueta, donde el Supremo rebaj¨® la pena de 11 a?os de c¨¢rcel a dos. Hay una falta de sensibilidad total por parte de todos. Todo el mundo dice: qu¨¦ barbaridad. Pero luego miran para otro lado¡±.

La contabilidad de casos en Espa?a de EL PA?S: 123 desde 1986

EL PA?S contabiliza por primera vez los casos de abusos conocidos, lo que incluye sentencias, investigaciones period¨ªsticas y denuncias p¨²blicas que hayan destapado los posibles delitos de un religioso espa?ol.

Infancia Robada, primera asociaci¨®n nacional de v¨ªctimas, cree que pese a las ¨®rdenes expl¨ªcitas del Papa, algunas conferencias episcopales ¡°han avanzado muy poco y otras, como la CEE, nada¡±. Duda de la efectividad de las oficinas de las di¨®cesis y las definen como ¡°una estrategia de marketing¡± para lavar el pasado de la Iglesia. De momento, advierten, ninguna se ha puesto en contacto con las v¨ªctimas que han acudido a asociaci¨®n en los dos ¨²ltimos a?os, casi un centenar. ¡°Dicen que ayudan a v¨ªctimas, pero todav¨ªa no han hecho p¨²blico ning¨²n informe. Tampoco se han puesto en contacto con nosotros¡±, subraya Juan Cuatrecasas, presidente de la asociaci¨®n y padre de la v¨ªctima del caso Gaztelueta. ¡°Volvemos a repetir que nos abrimos a colaborar con la Iglesia como intermediarios¡±, dice.

Gemma Varona, crimin¨®loga de la Universidad del Pa¨ªs Vasco y que hizo un estudio pionero en 2015 sobre los casos registrados en Espa?a, alaba la decisi¨®n de las ¨®rdenes de investigar, pero ante el ¨²nico informe conocido, el de los jesuitas, es muy cr¨ªtica. Opina que el resumen que han divulgado ¡°es incompleto y metodol¨®gicamente muy dudoso¡±. ¡°No explican c¨®mo lo han hecho ni hacen p¨²blico el estudio completo¡±, se?ala. Sobre todo, como han subrayado las v¨ªctimas, cree que el n¨²mero de casos que registra es ¡°rid¨ªculo¡±. ¡°No es cre¨ªble, es m¨¢s, es incre¨ªble que se atrevan a ponerlo, hace unos a?os, como inicio, se pod¨ªa aceptar, pero llevamos mucho retraso¡±, apunta.

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Los jesuitas admiten abusos a 81 menores desde 1927

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La investigaci¨®n de los jesuitas se?ala que un 1% de sus miembros desde 1927 ha cometido abusos. Los estudios m¨¢s rigurosos que se han presentado, por ejemplo en Estados Unidos, Alemania, Francia o Irlanda, coinciden en que la cifra media est¨¢ entre el 4% y el 5% del clero. Por otro lado, informes como el de Pennsylvania en 2018 (300 sacerdotes acusados, 1.000 v¨ªctimas) o el m¨¢s reciente de Francia (1.500 curas, 3.000 v¨ªctimas) muestran que frecuentemente un agresor abusa de m¨¢s de un menor. Varona cree que ¡°los informes deben ser para las v¨ªctimas, que son quienes lo necesitan, y por eso deben ser transparentes y bien realizados¡±. ¡°Hay que contestar estas preguntas: ?por qu¨¦ las v¨ªctimas no denuncian? ?por qu¨¦ no se atreven? A eso se debe un n¨²mero tan bajo¡±. Esta especialista trabaja en los ¨²ltimos a?os en otro estudio sobre las v¨ªctimas, que presentar¨¢ este a?o, y en todas las que ha entrevistado ¡°la victimizaci¨®n secundaria es muy clara¡±: se refiere al nuevo sufrimiento que supone denunciar y no ser escuchado e incluso maltratado por la Iglesia.

¡°Me han robado nueve a?os m¨¢s¡±

El caso de Javier Paz, v¨ªctima de abusos en Salamanca, y una de las primeras en aparecer en televisi¨®n en 2014, contando su caso, es significativo: ¡°Me han robado nueve a?os m¨¢s, desde que denunci¨¦ en 2011, porque confi¨¦ en ellos, denunciando en el obispado, pero el proceso can¨®nico que hicieron fue un teatro para tenerme enga?ado y en silencio, hasta que me acusaron de querer solo dinero, me humillaron y decid¨ª salir en la tele. Te machacan otra vez y la herida no se cierra¡±. A?ade, en todo caso, para se?alar que otra parte de la Iglesia hace bien su trabajo, que en el actual obispo de Barbastro-Monz¨®n (Huesca), ?ngel P¨¦rez Pueyo, s¨ª ha encontrado todo el apoyo. Su ¨²ltimo rev¨¦s: ha pedido al Vaticano la documentaci¨®n de su proceso can¨®nico y se la han denegado.

Varias ¨®rdenes han pagado indemnizaciones o est¨¢n dispuestas a hacerlo si llega el caso pero, al margen de la compensaci¨®n econ¨®mica, Josep Tamarit, catedr¨¢tico de derecho penal en la Universitat Oberta de Catalunya y especializado en victimolog¨ªa, valora los procesos de justicia restaurativa: ¡°Es un di¨¢logo entre las partes involucradas, y tienen sentido porque muchos son delitos prescritos, no pueden acudir a la justicia penal, y es casi m¨¢s satisfactorio para las v¨ªctimas¡±. Los escolapios catalanes, que se asesoraron con la Fundaci¨®n Vicki Bernadet, recurrieron en alg¨²n caso a la mediaci¨®n del defensor del pueblo, el S¨ªndic de Greuges. ¡°Era una v¨ªctima que localizamos y no quer¨ªa saber nada de nosotros, y gracias a la mediaci¨®n hablamos con ¨¦l. Fue muy positivo, cayeron muchos fantasmas. Supongo que crey¨® que encontrar¨ªa el colegio de los a?os cincuenta y al tratarnos cambi¨® su percepci¨®n. En Navidad me llam¨® para felicitarme las fiestas¡±, relata el provincial de esta orden en Catalu?a, Eduardo Pini. ¡°Si el Parlament hace una comisi¨®n de investigaci¨®n, que cuenten con nosotros, la Iglesia tiene que afrontar esto e investigarlo¡±.

¡°Para las v¨ªctimas es muy importante que haya una instituci¨®n laica e independiente, porque no se f¨ªan¡±, explica una portavoz. del S¨ªndic. ¡°En las reuniones se hizo una escucha activa importante, que alguien les escuche ya es un paso, y luego se hicieron tareas de mediaci¨®n con las congregaciones¡±. Los salesianos, por ejemplo, no contemplan indemnizaciones y se han centrado un proyecto de justicia restaurativa en el que, a trav¨¦s de un equipo de trabajo externo de la orden, ofrecen terapias de larga duraci¨®n, de unos 20 meses. Ya han puesto en marcha nueve de estos procesos donde, subrayan, intentan ¡°adem¨¢s de mejorar la salud de las v¨ªctimas, ser reconocidos en el da?o sufrido¡±.

Pero la indignaci¨®n de las v¨ªctimas no es solo con la Iglesia: ¡°Es una verg¨¹enza que el Gobierno no haga nada. Es un tema muy peliagudo y nadie quiere afrontarlo. Basta un grupo de expertos, una dotaci¨®n econ¨®mica y abrir un correo, investigar. No cuesta nada y le dar¨ªamos la vuelta a esto¡±, lamenta Manuel Barbero, presidente de Mans Petits y padre de una v¨ªctima. Es la asociaci¨®n que abri¨® una causa contra los maristas en Barcelona y ha logrado una indemnizaci¨®n de 400.000 euros para 21 familias. ¡°Falta implicaci¨®n de las instituciones, que deber¨ªan haber asumido el protagonismo, como en otros pa¨ªses. En 2010 en B¨¦lgica fue el Parlamento el que intervino, y se cre¨® un ¨®rgano especial de reparaci¨®n en colaboraci¨®n con la Iglesia¡±, recuerda Josep Tamarit, catedr¨¢tico en Derecho Penal de la Universitat Oberta de Catalunya y experto en v¨ªctimas. Fue uno de los miembros de la comisi¨®n que form¨® el S¨ªndic de Greuges, el defensor del pueblo catal¨¢n, para investigar el fen¨®meno en Catalu?a. El S¨ªndic es una de las pocas instituciones que ha intervenido en el problema: en 2019 cre¨® este equipo para escuchar a las v¨ªctimas y present¨® un informe el a?o pasado para el Parlament. Pidi¨® una comisi¨®n de investigaci¨®n de los casos prescritos. Tambi¨¦n el Gobierno de Navarra ha sido sensible con las v¨ªctimas en la comunidad foral: fueron invitadas al parlamento regional, organiz¨® un congreso sobre el problema y les ha financiado terapias psicol¨®gicas. En el resto de Espa?a, silencio.

Si conoce alg¨²n caso de abusos sexuales que no haya visto la luz, escr¨ªbanos con su denuncia a abusos@elpais.es

El Estado tampoco ha actuado ante el problema en dos a?os

La Conferencia Episcopal Espa?ola (CEE) y los obispos no son los ¨²nicos que no se mueve en la lucha contra los abusos de menores en la Iglesia, el Estado tampoco lo hace. El ministerio de Justicia, cuando estaba al frente Dolores Delgado (en la foto), hizo un primer movimiento en febrero de 2019, como reacci¨®n a la alarma social en un momento en que sal¨ªan a la luz decenas de casos. Pidi¨® a la CEE que le informara de los casos que conoc¨ªa, un gesto que sent¨® mal en la jerarqu¨ªa eclesi¨¢stica. Tanto que ni le contestaron. Lo siguiente que hizo Justicia fue pedir un informe a la Fiscal¨ªa General del Estado sobre el problema. Ese informe lleg¨® en junio de 2019 y tambi¨¦n fue pol¨¦mico, porque se?alaba la ¡°opacidad¡± de la Iglesia. No obstante, no ten¨ªa datos, porque las estad¨ªsticas de la Fiscal¨ªa recogen los delitos, no la condici¨®n o profesi¨®n del acusado. En todo caso, el informe instaba a las autoridades a actuar porque ¡°el panorama es deficiente¡± y se requer¨ªan ¡°mecanismos de persecuci¨®n y reparaci¨®n en este tipo de conductas¡±. Es m¨¢s, se?alaba el compromiso de la Fiscal¨ªa para ¡°colaborar e implicarse en las iniciativas que pudieran desarrollarse en nuestro pa¨ªs para obtener un conocimiento hist¨®rico¡± del problema. ?Qu¨¦ se ha hecho desde entonces? Muy poco.

El sistema estad¨ªstico sigue siendo el mismo y no da ninguna informaci¨®n. Un portavoz de la Fiscal¨ªa admite que ¡°persiste esa dificultad de recabar los datos¡±, debido a las aplicaciones inform¨¢ticas establecidas, y eso no depende de la Fiscal¨ªa. La unidad especializada de menores mantuvo contactos con la Conferencia Episcopal y otras instituciones religiosas, para reforzar la detecci¨®n temprana del delito y la protecci¨®n de la v¨ªctima. Tambi¨¦n abri¨® un expediente para recopilar todas las actuaciones en este ¨¢mbito, pero reconocen que con la pandemia todo se par¨®. ¡°Este tema preocupa mucho en la Fiscal¨ªa y nos lo tomamos muy en serio, pero dentro de nuestro campo de acci¨®n y las herramientas que tenemos, nuestro ¨¢mbito de actuaci¨®n es la investigaci¨®n procesal¡±. El problema es que la inmensa mayor¨ªa de los casos del pasado han prescrito. En Chile, por ejemplo, la Fiscal¨ªa asumi¨® la investigaci¨®n de los casos y lleg¨® a registrar varios obispados en busca de documentaci¨®n, pero aqu¨ª no ser¨ªa posible, sostiene el ministerio p¨²blico.

Portavoces de Justicia tambi¨¦n reconocen que despu¨¦s no se ha hecho nada. En parte debido a que el cambio de Gobierno en enero de 2020 conllev¨® el traslado de la competencia de Asuntos Religiosos a la Vicepresidencia Primera, de Carmen Calvo, y all¨ª no han retomado este asunto. El ¨²nico avance ha sido el anteproyecto de la ley de protecci¨®n del menor, que ampl¨ªa los plazos de prescripci¨®n. Es una de las principales reclamaciones de las v¨ªctimas, pero por otro lado critican que el texto no hace ninguna referencia concreta al problema espec¨ªfico de los abusos de menores en la Iglesia. La ley, en todo caso, est¨¢ a¨²n a la espera de tramitaci¨®n parlamentaria.