Luisiana sigue los pasos de Texas y aprueba su propia ley antinmigrante

Luisiana se mete al fango de la batalla migratoria. Este mi¨¦rcoles la C¨¢mara de Representantes del Estado sure?o, dominada por el Partido Republicano, aprob¨® un proyecto de ley que convierte en delito la inmigraci¨®n irregular y permite a la polic¨ªa local detener y encarcelar a personas sospechosas de estar indocumentadas. La legislaci¨®n es muy similar a otras leyes que han avanzado en los ¨²ltimos meses en varios Estados conservadores ¨Dnotablemente Texas, pero tambi¨¦n Iowa y Oklahoma, entre otros¨D y sube la temperatura de la batalla nacional entre esos Estados y el Gobierno federal sobre c¨®mo manejar la inmigraci¨®n.

En medio de este clima caldeado a nivel nacional alrededor de la migraci¨®n, azuzado sin vacilaci¨®n por Trump en su campa?a a la presidencia, ahora la ley pasar¨¢ al Senado estatal, tambi¨¦n controlado por los republicanos, donde seguramente se aprobar¨¢ f¨¢cilmente, un mero tr¨¢mite. Y de ah¨ª deber¨¢ ser firmada por el gobernador, Jeff Landry, quien ha apoyado abiertamente la idea de que los Estados puedan tener competencias migratorias, el centro de la disputa legal y pol¨ªtica de los Estados republicanos con Washington. Por eso, aunque Landry apruebe la ley, como es de esperarse, solamente entrar¨¢ en efecto si el Tribunal Supremo sostiene la ley de Texas o si se enmienda la constituci¨®n para permitir mayor control local de cuestiones migratorias.

La ley que avanza sin obst¨¢culos por el Congreso de Luisiana ¡ªdonde alrededor de 322.000 personas son latinas, el 7% de la poblaci¨®n¡ª busca expandir la autoridad del Estado y el poder de las fuerzas del orden locales. A pesar de no contar con una frontera internacional, crear¨ªa el crimen de ¡°entrada o reingreso ilegal¡±, con una pena de hasta un a?o de prisi¨®n y una multa de cuatro mil d¨®lares por una primera infracci¨®n; y hasta dos a?os y diez mil d¨®lares de multa por una segunda. Junto con esta ley, otras dos propuestas que est¨¢n en marcha buscan prohibir las llamadas ciudades santuario en el Estado e impedir el acceso de los indocumentados a licencias de conducir, aunque esta ¨²ltima todav¨ªa debe ser debatida en el Comit¨¦ de Transporte.

Adem¨¢s, seg¨²n la senadora Valarie Hodges, quien est¨¢ detr¨¢s de la ley, tambi¨¦n permitir¨ªa ¡°comenzar el proceso de deportaci¨®n¡±. Aunque esta competencia hasta ahora ha sido exclusiva del gobierno federal, quienes est¨¢n proponiendo estas nuevas leyes alegan que son necesarias para proteger a los ciudadanos y hacerle frente a la supuesta inacci¨®n de la administraci¨®n de Joe Biden frente a la crisis migratoria.

Por su parte, el Gobierno federal ha dicho que esta norma, y las otras similares que se han aprobado recientemente, se apropia de la autoridad federal en la aplicaci¨®n de leyes de migraci¨®n. Y, en la misma l¨ªnea, otros oponentes alegan que es inconstitucional, inefectiva y simplemente alimenta una ret¨®rica violenta y falsa sobre los migrantes.

En marzo, cuando entr¨® en vigor la ley SB4 de Texas ¡ªpromulgada por uno de los gobernadores m¨¢s beligerantes con el tema de la inmigraci¨®n en el pa¨ªs, Greg Abbott¡ª solo estuvo en efecto durante unas cuantas horas convulsas, pues los recursos legales la paralizaron hasta nuevo aviso.

Si bien la texana obtuvo m¨¢s atenci¨®n por ser la m¨¢s dr¨¢stica, no fue el ¨²nico lugar donde se aprob¨® legislaci¨®n en la misma l¨ªnea. En Oklahoma se pas¨® una ley que proh¨ªbe el uso de dinero estatal en beneficio de indocumentados que residan en el Estado. En Tennessee, una nueva norma dicta que las fuerzas y cuerpos de seguridad deben cooperar con las autoridades migratorias estatales si descubren personas que est¨¢n en el pa¨ªs de manera irregular. Est¨¢ estipulado que entren en vigor en julio.

La deriva conservadora

La actividad legislativa de corte ultraconservador en Luisiana no se limita a temas migratorios, tambi¨¦n ataca otro de los grandes puntos de contenci¨®n pol¨ªtica: el aborto. A pesar de ya tener una de las leyes m¨¢s restrictivas de Estados Unidos, con el aborto prohibido por completo con muy contadas excepciones, la semana pasada el Congreso vot¨® por apretar todav¨ªa m¨¢s las tuercas de la libertad sexual y reproductiva de las mujeres. Aprobaron una norma que reclasifica los dos medicamentos m¨¢s usados para interrumpir embarazos como sustancias controladas y peligrosas, y castiga su posesi¨®n sin receta con multas o penas de c¨¢rcel de hasta cinco a?os. Cuando sea ratificada por el gobernador Landry, la mifepristona y el misoprostol quedar¨ªan en la misma lista que el fentanilo o la hero¨ªna.

Ambos f¨¢rmacos son los m¨¢s usados en los abortos no quir¨²rgicos, y concursan en el 63% de las interrupciones del embarazo, seg¨²n los datos m¨¢s recientes del Instituto Guttmacher. Su uso se ha extendido tras la sentencia del Tribunal Supremo de Washington que tumb¨® el precedente sentado por el fallo Roe contra Wade (1973), que durante casi medio siglo garantiz¨® la protecci¨®n federal del aborto.

Esa decisi¨®n devolvi¨® a cada Estado la potestad para legislar sobre el tema, despu¨¦s de 50 a?os en los que fue un derecho federal. Al menos 21 lo han prohibido o restringido severamente desde entonces, pero el tema, incluido en algunas votaciones de las elecciones de medio mandato, sirvi¨® a los dem¨®cratas para ganar en algunas plazas inesperadas. Para las elecciones de este a?o, seguramente volver¨¢ a ser un tema central.