El primer acuerdo de paz deber¨ªa ser no matar l¨ªderes sociales

Han pasado 18 meses del Gobierno del presidente Gustavo Petro, quien prometi¨® convertir al pa¨ªs en potencia mundial de la vida y, a pesar de su empe?o en lograr la paz total con procesos de negociaci¨®n paralelos con guerrillas, paramilitares y bandas criminales, Colombia no deja de contar muertos, masacres, desplazamientos, confinamiento de poblaciones y constatar el envalentonamiento de la ilegalidad.

Siete a?os despu¨¦s de los acuerdos de paz en La Habana, los fusiles de los ilegales no se silencian. El odio contin¨²a siendo una epidemia que rechaza la vacuna de la tolerancia y carcome la democracia. Por los r¨ªos de las regiones m¨¢s apartadas siguen bajando los cad¨¢veres de las v¨ªctimas, solo que ya no se escucha el c¨¦lebre estribillo: ¡°nos est¨¢n matando¡±. El desprecio por la vida sigue siendo el sello de nuestra realidad macondiana. El dolor es inmarcesible y no hay j¨²bilo inmortal.

Para despertar de ese letargo, con la consigna ¡°Para la guerra. ?nada!¡±, miles de colombianos de la sociedad civil, los gobiernos locales, el Gobierno nacional y l¨ªderes pol¨ªticos y de opini¨®n se concentraron, el pasado 20 de febrero, en varias plazas del pa¨ªs y exigieron a los actores armados ilegales que dejen de matar a los l¨ªderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes de paz. Por unos instantes se registr¨® en los medios, una vez m¨¢s, la voz valiente y desgarrada de un sector de la poblaci¨®n hastiada, honestamente, de la violencia fratricida, que no cesa en su empe?o de proteger la vida, defender la democracia y hacerse o¨ªr en un pa¨ªs ensordecido por el conflicto armado, la polarizaci¨®n pol¨ªtica, la corrupci¨®n y la crisis del proceso de paz con el ELN.

Aunque no se trat¨® de una movilizaci¨®n de millones de personas, como sucedi¨® anta?o contra las Farc o durante el estallido social contra Iv¨¢n Duque, ese d¨ªa, nuevamente, en la Plaza de Bol¨ªvar se sinti¨® con esperanza que el tema de la protecci¨®n a la vida estaba de regreso a la agenda pol¨ªtica, como lo fue durante la procuradur¨ªa de Fernando Carrillo Fl¨®rez y su campa?a Lidera la Vida, que uni¨® alrededor del ministerio p¨²blico a la sociedad civil organizada, la cooperaci¨®n internacional, el peri¨®dico El Espectador y Caracol Televisi¨®n.

Para muchos, la movilizaci¨®n del pasado 20 de febrero fue el punto final a un comp¨¢s de espera al primer gobierno de izquierda en Colombia, para que pase de los discursos a los hechos y haga realidad la promesa de campa?a de dise?ar una audaz pol¨ªtica p¨²blica que contribuya a detener la m¨¢quina de la muerte, que se devora impasible en las regiones los liderazgos sociales de hombres y mujeres que, literalmente, se juegan su vida por defender sus territorios del embate depredador de la ilegalidad armada, que a sangre y fuego destruye el tejido social, la naturaleza y los procesos comunitarios.

Precisamente, un informe de Amnist¨ªa Internacional, del pasado 9 de noviembre de 2023, sobre la situaci¨®n de los defensores de derechos humanos en Colombia, concluy¨® que ¡°el cambio de Gobierno no signific¨® mejor¨ªa alguna¡± en este tema.

Los n¨²meros no mienten y la violencia contra los firmantes de paz y l¨ªderes sociales no ha cesado. Los ilegales matan igual en un gobierno de derecha que en uno de izquierda. En lo corrido del a?o se han contabilizado el homicidio de 20 l¨ªderes sociales y cinco firmantes de paz y diez masacres, seg¨²n Indepaz. En total van 413 exguerrilleros de las Farc dejados sin vida por las disidencias.

A pesar de los esfuerzos del Estado, la comunidad internacional y la sociedad civil organizada, esa poblaci¨®n v¨ªctima sigue siendo estigmatizada, perseguida, desplazada y asesinada, sin que, en la mayor¨ªa de los casos, se esclarezcan esos delitos, se capture a los autores materiales e intelectuales, y la sociedad despierte y exija a los actores armados ilegales respetar la vida y al Gobierno nacional dise?ar una pol¨ªtica p¨²blica eficaz, con recursos, que erradique la impunidad y la estigmatizaci¨®n, y detenga ese fen¨®meno que debilita la democracia y demuestra la incapacidad estatal para proteger la vida, ocupar los territorios y garantizar los derechos de los colombianos.

Las cifras de v¨ªctimas de la estigmatizaci¨®n y la intolerancia var¨ªan cada a?o, y cambian dependiendo de qu¨¦ instituci¨®n u organizaci¨®n las emita. Seg¨²n la Defensor¨ªa del Pueblo en 2017 fueron asesinados 126 l¨ªderes; en 2018, 178; en 2019, 134; en 2020, 182; en 2021, 145; en 2022, 215; en 2023, 181. En 2024 ya van 20 casos. Los departamentos m¨¢s afectados son Cauca, Antioquia, Nari?o, Valle del Cauca, Putumayo, C¨®rdoba y Choc¨®.

Esas cifras, sin embargo, de acuerdo con el informe anual de violencia en Colombia 2023 de Indepaz, son mucho m¨¢s bajas que las recopiladas durante los dos per¨ªodos del presidente Uribe, cuando la pol¨ªtica de seguridad democr¨¢tica no impidi¨® que fueran asesinados, aproximadamente, 7.768 l¨ªderes y defensores de derechos humanos. Hay que recordar que, seg¨²n las cifras de la JEP, en ese mismo per¨ªodo se evidenci¨®, adem¨¢s, el fen¨®meno de los falsos positivos, que dej¨® un saldo de 6.402 v¨ªctimas mortales.

En comparaci¨®n con los dos gobiernos anteriores, en la administraci¨®n Petro las cifras por violencia contra defensores no se han reducido dr¨¢sticamente, como se esperaba: en 2022, se registraron 215 casos; y en 2023, 181, de acuerdo con la Defensor¨ªa del Pueblo.

Ante la incapacidad del Estado para responder a la crisis humanitaria generada por la violaci¨®n generalizada y sistem¨¢tica de derechos fundamentales de esa poblaci¨®n, la Corte Constitucional declar¨®, el pasado 10 de diciembre de 2023, el Estado de Cosas Inconstitucional, ECI, y le orden¨® al Gobierno nacional dise?ar un Plan Integral de Protecci¨®n a la Vida, con enfoque de g¨¦nero, asignando los recursos presupuestales para garantizar los derechos fundamentales de la poblaci¨®n objetivo.

Es lamentable que sin importar que se decreten ceses al fuego con los actores armados ilegales en el marco del proceso de paz total, los asesinatos de los l¨ªderes sociales no se detengan y, por el contrario, puedan aumentar ante la eventualidad de una profundizaci¨®n de la crisis que vive la mesa de negociaci¨®n con el ELN.

En medio de la pugnacidad y polarizaci¨®n pol¨ªtica, la exigencia de una respuesta institucional al asesinato de los l¨ªderes sociales es hoy bandera de la oposici¨®n, incluso de la extrema derecha, que ahora luce preocupada por un tema que en el pasado ignoraba. Lo importante es que el Gobierno reaccione y cumpla lo ordenado por la Corte Constitucional.

En esa tarea es importante contar con las autoridades territoriales, alcaldes y gobernadores, que deber¨¢n incluir ese tema en sus planes de desarrollo, armoniz¨¢ndolos con el Plan Nacional de Desarrollo, as¨ª como cumplir con las alertas tempranas de la Defensor¨ªa del Pueblo. Y, por supuesto, trabajar de la mano con la Fiscal¨ªa General de la Naci¨®n, que deber¨¢ dar un salto cualitativo en la lucha contra la impunidad, que es del 95% en este campo, seg¨²n han denunciado las organizaciones sociales. De ah¨ª, adem¨¢s, la importancia del arribo de una nueva fiscal, mucho m¨¢s comprometida con la defensa de la vida.

Pero hay que dar un paso m¨¢s: exigir en las mesas de negociaciones que los grupos armados ilegales asuman un compromiso p¨²blico y verificable de no asesinar a los l¨ªderes sociales y firmantes de los Acuerdos de Paz. La voluntad de reconciliaci¨®n debe expresarse de manera directa y expresa, parando la m¨¢quina de la guerra. Al igual que el fin del secuestro, el cese al fuego contra esa poblaci¨®n deber¨ªa ser un punto central de la agenda de negociaci¨®n, la agenda pol¨ªtica y la opini¨®n p¨²blica. No para ganar votos, sino para salvar vidas. Y blindar la d¨¦bil democracia, que muere a pedazos cada vez que asesinan un l¨ªder social y se trunca un proceso comunitario.

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