Manuela, las 17 y una victoria de las mujeres pobres en El Salvador
Aunque las leyes siguen sin cambiar, 73 mujeres recuperaron su libertad, se han creado protocolos para la atenci¨®n de emergencias obst¨¦tricas y garantizar el secreto m¨¦dico, y los jueces que juzgan estos casos tienen un precedente para evitar condenas injustas
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El Salvador es infamemente reconocido a nivel internacional por torturar a las mujeres en condiciones de pobreza. En noviembre de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo dej¨® en firme con el caso de Manuela, una de 74 mujeres que la justicia salvadore?a conden¨® a 30 a?os de c¨¢rcel despu¨¦s de una emergencia obst¨¦trica. Manuela muri¨® en 2011 de un c¨¢ncer algunos a?os antes de que el indulto fuera una opci¨®n viable para mujeres como ella. Cuando perdi¨® a su beb¨¦, todav¨ªa no le hab¨ªan diagnosticado una enfermedad que, seg¨²n se supo despu¨¦s, afect¨® a su embarazo. Tom¨® 10 a?os para que su inocencia se restableciera en una corte internacional, pero ese reconocimiento abri¨® camino para poner fin a la pesadilla de las dem¨¢s. En diciembre de 2023, El Salvador liber¨® a Lilian, la ¨²ltima mujer condenada por un parto extrahospitalario.
La liberaci¨®n de Lilian cierra un ciclo en la vida de estas mujeres de las cuales poco o nada sab¨ªamos hasta abril 2014, cuando la campa?a Una flor por las 17 fue lanzada. La campa?a daba cuenta de las condiciones en las que hab¨ªan tenido que enfrentar su embarazo y dar a luz. Mujeres que viv¨ªan en condiciones de pobreza y que, en su mayor¨ªa, no hab¨ªan terminado de cursar educaci¨®n b¨¢sica y cuyos ingresos ven¨ªan del comercio informal o de labores de cuidado. La historia era casi siempre la misma: contracciones confundidas por un dolor de est¨®mago que las llev¨® a un ba?o, casi siempre una fosa s¨¦ptica, donde parieron sin atenci¨®n o ayuda alguna a sus beb¨¦s. Cuando la ayuda lleg¨® a ellas, en lugar de verlas como una persona que necesita auxilio, fueron etiquetadas como sospechosas, esposadas a una camilla y acusadas por la Fiscal¨ªa de ser ¡°malas madres¡± que no cumplieron, en medio del dolor y el esfuerzo f¨ªsico que un parto significa, con su deber de garantizar la vida de sus hijos e hijas.
Todas ellas fueron sometidas a una justicia marcada por estereotipos de g¨¦nero entre 1999 y 2019, la d¨¦cada en la que nos convertimos en el pa¨ªs con la ley m¨¢s restrictiva contra el aborto. En 1998 entr¨® en vigor en El Salvador la reforma al C¨®digo Penal que eliminaba tres causales bajo las cuales el aborto era permitido y en 1999 se reform¨® la Constituci¨®n para incorporar en el art¨ªculo 1 el reconocimiento a la vida desde el momento de la concepci¨®n. Si bien todas ellas tuvieron partos prematuros o de t¨¦rmino, la acusaci¨®n inicial fue de aborto, porque seg¨²n las autoridades ellas hab¨ªan atentado conscientemente contra la vida de sus hijos.
El impacto de la reforma fue tal que impregn¨® de temor al gremio m¨¦dico salvadore?o, al que, en los hospitales nacionales donde estas mujeres fueron atendidas, se le entreg¨® un memorandum para notificar que cualquiera que estuviera involucrado en un aborto perder¨ªa su licencia como m¨¦dico.
La historia de las 17, el n¨²mero inicial de indultos que la campa?a ped¨ªa, le dio la vuelta al mundo con la pretensi¨®n de generar presi¨®n a las autoridades para que revisaran las circunstancias bajo las cuales estas mujeres fueron encarceladas. El eco fue m¨¢s grande fuera de la frontera, desde donde empezaron a llegar corresponsales para cubrir sus historias y amplificar lo que a todas luces era una injusticia.
En casa, en cambio, la campa?a se encontr¨® con una sociedad, sobre todo, indiferente y una reacci¨®n violenta por parte de personas con poder pol¨ªtico y econ¨®mico, los mismos que impulsaron las reformas del 98 y 99. El entonces director del Instituto de Medicina Legal, Jos¨¦ Miguel Fort¨ªn Maga?a, se encarg¨® de arremeter contra ellas y la campa?a, e hizo uso de los expedientes a los que ten¨ªa acceso para ¡°demostrar¡± que los reci¨¦n nacidos hab¨ªan sido asesinados. Fort¨ªn Maga?a no solo era abiertamente Opus Dei, sino que su esposa formaba parte de la Junta Directiva de la Fundaci¨®n ¡®S¨ª a la Vida¡¯. Esta es una de las fundaciones que por a?os lider¨® la un movimiento contra la liberaci¨®n de las 17, sobre quienes mont¨® un sitio web en donde adjunt¨® im¨¢genes no solo de ellas para sacarlas del anonimato, sino de los beb¨¦s.
Pero el temor no era solo de los m¨¦dicos. Siendo el aborto y todo lo que se le parezca un tab¨² en El Salvador, ning¨²n abogado u organizaci¨®n de derechos humanos quiso, en principio, litigar estos casos. Morena Herrera, una de las l¨ªderes del movimiento feminista en El Salvador y Presidenta de la Agrupaci¨®n Ciudadana por la despenalizaci¨®n del aborto Terap¨¦utico, ?tico y Eugen¨¦sico, cuenta que en 2013, cuando estaban compilando los casos, recuerda c¨®mo iban ¡°de abogado en abogado, de despacho en despacho¡±, y lo que encontraron fue un no por respuesta, bajo el argumento de que los casos ¡°ya eran cosa juzgada¡±. Fue hasta que el primer juzgado admiti¨® la primera revisi¨®n de sentencia en 2014 que instituciones como el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (UCA) y la Fundaci¨®n de Estudios para la Aplicaci¨®n del Derecho (Fespad) ¨Caliados importantes desde entonces¨C decidieron sumarse a la campa?a como parte de la defensa.
A la campa?a tambi¨¦n se sumaron organismos internacionales que fueron clave para hacer presi¨®n, pero el ¨¦xito de que finalmente 73 mujeres est¨¦n libres es resultado absoluto del trabajo incansable del movimiento feminista, desde la toma de calles afuera de los juzgados cada vez que una de ellas se enfrentaba a una audiencia, hasta llevar el caso de Manuela y Beatriz a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
De las 73 mujeres liberadas, solo una logr¨® el indulto, y diez fueron absueltas. Eso a pesar de que a todas, sin excepci¨®n, se les reconoci¨® haber sido juzgadas sin garant¨ªas procesales y con pruebas insuficientes. Si bien la libertad era para ellas lo m¨¢s deseado, no todas recuperaron su inocencia. Y aun a quienes as¨ª las declar¨® un juez, enfrentaron amenazas.
A Mar¨ªa Teresa, por ejemplo, el juez que revis¨® su caso la absolvi¨® en 2016. Pero en lugar de salir a reconstruir su vida junto a su hijo y su familia, tuvo que huir. La Fiscal¨ªa dijo que iba a presentar una apelaci¨®n para que se reconfirmara su condena. Ahora vive asilada en Suiza.
A Teodora, uno de los rostros m¨¢s conocidos de esta campa?a, le negaron su inocencia en dos ocasiones. Al cabo de casi 11 a?os en la c¨¢rcel, logr¨® salir ¡°por buena conducta¡± y le fue conmutada su pena. El d¨ªa de su liberaci¨®n, el funcionario a cargo dijo que gracias al tiempo que hab¨ªa estado en prisi¨®n (injustamente) hab¨ªa logrado completar su bachillerato, como si el Estado le hubiera hecho un favor. En 2022, un documental sobre su proceso judicial fue censurado de las salas de cine en San Salvador por ser considerado ¡°apolog¨ªa del delito¡±.
No en todos los casos, pero con el tiempo tambi¨¦n los argumentos de algunos jueces a cargo de sus casos empezaron a ver m¨¢s all¨¢ del tab¨². A Imelda, una joven de 19 a?os que hab¨ªa sido violada de manera recurrente por su padrastro, y cuya beb¨¦ sobrevivi¨® la emergencia obst¨¦trica, le toc¨® admitir que era culpable de haber abandonado a su hija reci¨¦n nacida con la esperanza de ser condenada por una cantidad de a?os excarcelables. En diciembre 2018, tras 20 meses en la c¨¢rcel, el juez no acept¨® su culpabilidad y a cambio la declar¨® inocente, alegando que era imposible que ella comprendiera que estaba cometiendo un delito.
Si bien en 25 a?os desde la reforma, las leyes siguen sin cambiar en El Salvador, no ha habido protesta en vano. 73 mujeres recuperaron su libertad, se crearon protocolos para la atenci¨®n de emergencias obst¨¦tricas y garantizar el secreto m¨¦dico, y los jueces que juzgan estos casos tienen una sentencia de la Corte IDH que marca precedente para evitar condenas injustas. Nada es perfecto, por supuesto, a¨²n hay 11 mujeres que enfrentan procesos penales por casos similares y el pa¨ªs sigue sin aceptar su responsabilidad y dar reparaci¨®n a ellas y sus familias. El camino est¨¢ labrado y estas mujeres a las que la justicia alguna vez les quit¨® la voz son ahora protagonistas que exigen la no repetici¨®n.
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