El Gobierno eleva la presi¨®n sobre las 17 ciudades que no han iniciado a¨²n sus zonas de bajas emisiones

El Gobierno eleva la presi¨®n sobre las ciudades que todav¨ªa no est¨¢n dise?ando sus zonas de bajas emisiones (ZBE), a las que est¨¢n obligadas las 151 urbes espa?olas de m¨¢s de 50.000 habitantes desde el pasado 1 de enero. Nueve meses despu¨¦s, solo 14 cuentan con una de estas ¨¢reas, si bien el Ministerio para la Transici¨®n Ecol¨®gica explica a EL PA?S que 120 est¨¢n trabajando ya en sus proyectos. Eso deja a 17 sin iniciar los tr¨¢mites ni comunic¨¢rselos al ministerio. El Ejecutivo lanzar¨¢ este lunes un mapa para mostrar cu¨¢les son y, aunque se niega a revelar sus nombres hasta entonces, un recuento de EL PA?S desvela que entre ellas est¨¢n Tres Cantos y Valdemoro (Madrid), Motril (Granada), Barakaldo (Bizkaia) y Ferrol (A Coru?a). Esa informaci¨®n abre la puerta a futuras denuncias de los ecologistas. Transportes amenaza a las d¨ªscolas ¡ªy a las que empeoren sus proyectos¡ª con la retirada de fondos europeos, mientras el Defensor del Pueblo vasco ya ha pedido informaci¨®n a las seis urbes vascas implicadas.

Aunque la obligaci¨®n legal ¡ªincluida en la Ley de Cambio Clim¨¢tico¡ª opera desde el inicio de a?o, el Gobierno no ha querido hasta ahora remover el tema para no interferir en las elecciones municipales de mayo. En general, las nuevas restricciones de tr¨¢fico suelen ser impopulares al inicio de su aplicaci¨®n, aunque con el paso de los meses los ciudadanos valoran sus ventajas. Tras los comicios, y una vez constituidos los nuevos ayuntamientos, varios municipios gobernados por PP y Vox han amagado con reducir o retrasar sus ZBE pese a la obligaci¨®n europea, lo que ha preocupado a Transici¨®n Ecol¨®gica. Por eso, el Ejecutivo se ha propuesto poner el foco en este asunto.

Como primera medida, el departamento de la vicepresidenta Teresa Ribera lanzar¨¢ este lunes una completa herramienta para mostrar los 151 municipios de m¨¢s de 50.000 habitantes obligados a establecer sus zonas de bajas emisiones, ¨¢reas en las que se proh¨ªbe la circulaci¨®n o el aparcamiento de los veh¨ªculos m¨¢s contaminantes para mejorar la calidad del aire. En cada uno de ellos se muestra el estado de tramitaci¨®n de la ZBE (en funcionamiento, en tr¨¢mites o sin comenzar), as¨ª como las caracter¨ªsticas de cada una de ellas (tama?o, ubicaci¨®n y restricciones). Esa informaci¨®n llegar¨¢ adem¨¢s a los GPS de los conductores a trav¨¦s de los mapas de la Direcci¨®n General de Tr¨¢fico (DGT).

Seg¨²n un recuento de EL PA?S, entre los municipios que todav¨ªa no han informado de ning¨²n tr¨¢mite al ministerio est¨¢n Tres Cantos (PP) y Valdemoro (PP y Vox), ambos en Madrid; Ferrol (PP), en A Coru?a; Motril (PP y M¨¢s Motril), en Granada; y Barakaldo (PNV y PSOE), en Bizkaia. Los otros 12 se conocer¨¢n este lunes, cuando se publique la herramienta.

Mientras, el Ministerio de Transportes va a fiscalizar todas las actuaciones municipales subvencionadas con cargo a los fondos europeos Next Generation, entre las que se incluyen decenas de zonas de bajas emisiones. El objetivo es controlar que se ejecutan tal y como se anunciaron ¡ªaunque haya cambiado el partido al frente del Ayuntamiento¡ª, sin ninguna reducci¨®n respecto al proyecto presentado, y en el plazo indicado en la convocatoria (en muchos casos, antes de final de a?o). Gij¨®n y Valladolid, por ejemplo, ya han anunciado que quieren reducir su futura ¨¢rea restringida a su m¨ªnima expresi¨®n, en el segundo caso modificando un proyecto de ZBE ya iniciado.

¡°Las subvenciones se dan con unas bases regulatorias que establecen unos compromisos: tienes que acabar la actuaci¨®n en plazo y mantenerla durante al menos cinco a?os. Si no cumples, tendr¨¢s que devolver el dinero¡±, explic¨® este jueves Mar¨ªa Jos¨¦ Rallo, secretaria general de Transportes.

Eliminar carriles bici

De hecho, este ministerio ya ha iniciado el procedimiento por la reciente eliminaci¨®n de un carril bici en Logro?o (el de la avenida de Portugal), subvencionado con m¨¢s de dos millones de euros por el mismo programa de fondos europeos. El departamento de Raquel S¨¢nchez se?ala que ha enviado una carta al Ayuntamiento riojano para advertirle de que no ha autorizado esta modificaci¨®n, que tampoco ha sido solicitada por el cauce indicado, y que adem¨¢s puede suponer un ¡°perjuicio significativo¡± para los ciudadanos, por lo que amenaza con exigir la devoluci¨®n de los fondos concedidos. Logro?o responde que ¡°la reordenaci¨®n del eje ciclista se basa en informes de seguridad¡± y que ¡°la modificaci¨®n se hizo llegar al ministerio por el cauce administrativo establecido¡±. La devoluci¨®n de una partida as¨ª puede suponer un grave problema econ¨®mico para un consistorio mediano o peque?o.

Lo que no se podr¨ªa hacer es multar directamente desde el Estado a los ayuntamientos incumplidores, ya que ni la ley ni el decreto incluyen un r¨¦gimen sancionador. Mientras, otra opci¨®n podr¨ªa ser un descuento de las transferencias de Presupuestos Generales del Estado hacia los consistorios d¨ªscolos, aunque el Gobierno asume que ser¨ªa muy complicado de aplicar.

En cualquier caso, la informaci¨®n que este lunes hace p¨²blica Transici¨®n Ecol¨®gica ser¨¢ fundamental para que los ciudadanos comprueben si su ayuntamiento est¨¢ comprometido con la reducci¨®n de la contaminaci¨®n en su municipio, lo que abre la puerta a que env¨ªen quejas o reclamaciones a los incumplidores. Las principales organizaciones ecologistas incluso est¨¢n sopesando acudir a los tribunales por este motivo. ¡°Lo tenemos ya en mente, pero todav¨ªa no hemos tomado la decisi¨®n, porque habr¨ªa que ir ayuntamiento por ayuntamiento, y eso dificulta el acceso a la justicia ambiental¡±, destaca Miguel ?ngel Ceballos, de Ecologistas en Acci¨®n.

Carlos Bravo, de la ONG Transport & Environment, apunta: ¡°Est¨¢ sobre la mesa acudir a los tribunales, y yo soy partidario. Pero tenemos que ponernos de acuerdo y coordinarnos tambi¨¦n con Greenpeace, Ecodes, Fundaci¨®n Renovables y otras entidades con las que estamos trabajando en este tema¡±. Otra posibilidad es que se organicen protestas ambientales, como ocurri¨® en Madrid en 2019 cuando miles de personas salieron a la calle para defender Madrid Central frente a los ataques del reci¨¦n elegido alcalde Almeida, que pretend¨ªa eliminarlo. Al final, la primera zona de bajas emisiones de Espa?a cambi¨® de nombre, pero se mantuvo, e incluso se ha ampliado este a?o.

Otra v¨ªa para ciudadanos y entidades es acudir tanto al Defensor del Pueblo como a sus hom¨®logos auton¨®micos para que sean estas instituciones quienes reclamen informaci¨®n a los consistorios. El Ararteko ¡ªDefensor del Pueblo vasco¡ª puso en marcha una actuaci¨®n de oficio en marzo. ¡°La normativa ten¨ªa que haber entrado en funcionamiento el 1 de enero y todav¨ªa no se ha aplicado. Por eso iniciamos una actuaci¨®n para ver si los seis ayuntamientos vascos est¨¢n actuando o no¡±, se?ala una portavoz. Se trata de Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Donostia/San Sebasti¨¢n, Getxo, Barakaldo e Ir¨²n. El expediente todav¨ªa no est¨¢ finalizado. Mientras, la oficina de ?ngel Gabilondo apunta que, hasta el momento, no ha recibido quejas ni ha iniciado ninguna actuaci¨®n sobre este asunto.

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