¡°?Por qu¨¦ siguen los desahucios?¡±

Una frase lac¨®nica alertaba en el inicio de una carta dirigida el 15 de julio a este diario. ¡°Estoy en una situaci¨®n que por desgracia es com¨²n en este pa¨ªs¡±. La firmaba B. A., una mujer de 53 a?os que contaba la historia de un desahucio. Cabe decir que entonces todav¨ªa no hab¨ªa ocurrido. De hecho, desde 2020, su madre y ella hab¨ªan logrado paralizarlo en seis ocasiones. Pero en la misiva la autora daba a ent...

Una frase lac¨®nica alertaba en el inicio de una carta dirigida el 15 de julio a este diario. ¡°Estoy en una situaci¨®n que por desgracia es com¨²n en este pa¨ªs¡±. La firmaba B. A., una mujer de 53 a?os que contaba la historia de un desahucio. Cabe decir que entonces todav¨ªa no hab¨ªa ocurrido. De hecho, desde 2020, su madre y ella hab¨ªan logrado paralizarlo en seis ocasiones. Pero en la misiva la autora daba a entender que lo que ven¨ªa era inevitable: ¡°Tenemos que enfrentarnos a la realidad de que nos quedaremos en la calle en breve¡±, continuaba B., que siempre prefiri¨® mantenerse as¨ª, con sus iniciales.

B. viv¨ªa en Barcelona. La capital de Catalu?a se ha acostumbrado a encabezar estad¨ªsticas de desahucios a escala estatal durante los ¨²ltimos a?os. En la primera conversaci¨®n para la redacci¨®n de este reportaje, con timidez y dando rodeos, la mujer lanz¨® una pregunta que se ha convertido en normal desde la crisis econ¨®mica del 2008: ¡°?Por qu¨¦ siguen los desahucios?¡±.

Los desahucios, hoy

En julio, cuando B. envi¨® su carta, se public¨® un estudio a cargo de distintas entidades sociales que analizaba los efectos de la ley catalana antideshaucios, denominada de medidas urgentes para afrontar la emergencia habitacional y la pobreza energ¨¦tica, conocida por muchos por ¡°la 24/2015¡å y aprobada hace poco m¨¢s de un lustro. El an¨¢lisis sosten¨ªa que las medidas que hab¨ªan impulsado las organizaciones sociales, entre las que se encuentran la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o la Alianza contra la Pobreza Energ¨¦tica (APE), hab¨ªan logrado paralizar anualmente en torno a mil desahucios, adem¨¢s de 200.000 cortes de suministro de energ¨ªa desde 2015.

Este hab¨ªa sido el caso de B. hasta entonces. La norma, con el objetivo de atajar los desahucios de familias reconocidas como vulnerables, resultaba de aplicaci¨®n en su caso: su madre hab¨ªa abandonado su negocio por un c¨¢ncer y, pese a retornar al mercado laboral una vez curada, fue despedida de su puesto como recepcionista en 2018. La ¨²nica fuente de ingresos de la familia se cortaba. En cuanto a B., que ten¨ªa una formaci¨®n t¨¦cnica en ciencias y hab¨ªa cotizado hasta 2009, cuando perdi¨® su empleo poco despu¨¦s del inicio de la crisis, desarroll¨® una discapacidad permanente ¡ªcertificada por la Administraci¨®n¡ª que dificultaba su retorno al mercado laboral.(

Mientras que la media europea de parque p¨²blico de vivienda es del 9%, en Espa?a es del 2%

A lo largo del periodo que cubre el estudio (2015-2021) se hab¨ªan registrado en Catalu?a unos 84.456 lanzamientos (la etapa final del procedimiento judicial de desahucio), seg¨²n el registro del Consejo Superior del Poder Judicial. Esto supon¨ªa un 20% del total de toda Espa?a en la misma etapa (375.592), el mayor porcentaje de una comunidad aut¨®noma. Con todo, desde la aprobaci¨®n de la norma se hab¨ªa producido una disminuci¨®n en la serie hist¨®rica: de 15.000 en 2015 se pas¨® a alrededor de 12.000 en 2019, antes de la pandemia, cuando los desahucios cayeron en toda Espa?a.

Interpretaciones jur¨ªdicas, peleas pol¨ªticas

Durante ese tiempo los expedientes se acumularon en las mesas de los juzgados, a la espera de ser ejecutados. As¨ª lo describe el magistrado Jos¨¦ Mar¨ªa Fern¨¢ndez Seijo. Entre 2011 y 2012, durante los a?os m¨¢s duros de la gran crisis econ¨®mica, se hab¨ªa hecho c¨¦lebre por dictar unas sentencias en Barcelona que abrieron la puerta para que el Tribunal Superior de Justicia de la Uni¨®n Europea obligase a Espa?a a modificar su ley hipotecaria. Como hab¨ªa sugerido el juez, en 2021 los lanzamientos remontaron, con Catalu?a superando los 9.000 casos.

Coincidiendo con el incremento exponencial de desalojos, el pasado mes de febrero se aprob¨® una nueva ley en el Parlament de Catalu?a. La norma, tramitada con car¨¢cter de urgencia, tard¨® ocho meses en aprobarse. Entre los motivos del retraso se encontraban las enmiendas de Junts a la norma (pese a figurar entre los promotores de la misma junto a ERC, la CUP y los comunes), o la paralizaci¨®n de la actividad parlamentaria con motivo de la inhabilitaci¨®n de un diputado independentista. Esto, sin embargo, era solo la punta del iceberg de los vaivenes a los que se han enfrentado las pol¨ªticas de vivienda catalanas, dentro y fuera de la comunidad.

La nueva ley buscaba recuperar las medidas que hab¨ªa sacado adelante mediante un decreto el Ejecutivo catal¨¢n, entonces presidido por Quim Torra, y que fueron anuladas por el Tribunal Constitucional en 2019 tras un recurso de inconstitucionalidad del Partido Popular. Aquel decreto pretend¨ªa reforzar leyes de vivienda anteriores, as¨ª como ampliar la 24/2015.

Como otros juristas consultados entonces, Fern¨¢ndez Seijo hab¨ªa mostrado sus dudas sobre la aplicaci¨®n satisfactoria de la nueva norma. La ley nac¨ªa ¡°con buena voluntad¡±, pero consideraba que no se podr¨ªa desarrollar ante la posibilidad de que los jueces la interpretaran como una ¡°invasi¨®n de competencias¡± respecto a la norma estatal. Despu¨¦s de su aprobaci¨®n, los desahucios han continuado en Catalu?a, con casi 5.000 casos en lo que va de 2022. Seg¨²n la resoluci¨®n de lanzamiento que B. mostrar¨ªa un tiempo despu¨¦s, el juzgado hab¨ªa optado por atenerse al reglamento estatal. Su caso hubiera sido cubierto por la norma catalana.

Existen miles de pisos vac¨ªos, pero la lista de espera para acceder a una vivienda p¨²blica puede superar los tres a?os

¡°Catalu?a siempre ha tenido buenas leyes en materia de vivienda desde la ¨¦poca de Carme Trilla¡±, sintetiz¨® despu¨¦s Fern¨¢ndez Seijo, ¡°pero por una raz¨®n u otra no se han cumplido¡±. Trilla hab¨ªa sido directora general y secretaria de vivienda de la Generalitat entre 2004 y 2011, durante los gobiernos de Pasqual Maragall y Jos¨¦ Montilla, un periodo en el que impuls¨® la Ley 18/2007 de derecho a la vivienda y el Pacto Nacional por la Vivienda 2007-2016.

El Pacto Nacional, que cont¨® con la participaci¨®n de los distintos actores implicados (instituciones, entidades financieras, promotores y administradores de fincas, partidos pol¨ªticos y movimientos sociales), fue el que hizo posible la aprobaci¨®n de la ley, seg¨²n describe Trilla durante una entrevista telef¨®nica. Era una norma m¨¢s ¡°general¡±, que sentaba las bases para una pol¨ªtica habitacional en un contexto inflacionista propio de la burbuja inmobiliaria que se viv¨ªa entonces. Esto la diferenciaba de las leyes m¨¢s recientes, ¡°enfocadas a problemas concretos que han surgido a partir de la crisis, como la vulnerabilidad residencial¡±.

El pacto, sin embargo, ¡°se rompi¨®¡± en 2011, con el inicio del siguiente gobierno, liderado por Artur Mas. ¡°Tanto en Catalu?a como en el resto del Estado se consider¨® que no era necesaria una pol¨ªtica de vivienda y el presupuesto cay¨® en picado¡­ Esto ha supuesto diez a?os de dejaci¨®n, una falta de responsabilidad y de visi¨®n de futuro por parte de las administraciones¡±. Fueron estas circunstancias las que llevaron a Ada Colau, antigua portavoz de la PAH, a la alcald¨ªa de Barcelona. La promesa de acabar con los desahucios, con unas partidas presupuestarias millonarias para el sector vivienda desde que gobierna en 2015, no han logrado atajar los problemas estructurales que afronta el parque p¨²blico.

Un parque p¨²blico de vivienda ¡°ex¨ªguo¡±

En octubre, B. explic¨® que se le ven¨ªa una semana complicada: ¡°Este viernes nos desahucian¡±, avisaba. Faltaban menos de cinco d¨ªas y todav¨ªa no sab¨ªa ad¨®nde iban a parar. La asistenta social, ¡°extremadamente competente pero sobrepasada por el vol¨²men de trabajo¡±, les hab¨ªa dicho que no dispon¨ªan en ese momento de ninguna pensi¨®n que proporcionarles: ¡°La semana pasada nos confesaba con dolor que una familia con un ni?o se hab¨ªa quedado en la calle, y que no hab¨ªa podido hacer nada¡±, hab¨ªa dicho en la carta.

Ir a una pensi¨®n, normalmente un hostel de turistas, era una de las ¨²ltimas soluciones para personas en su situaci¨®n. Pese a que hab¨ªa sido aceptada en la denominada Mesa de Emergencia ¡ªuna de las v¨ªas para acceder al parque p¨²blico de vivienda¡ª la lista de espera en su caso ya llevaba tres a?os de espera. No era la ¨²nica. Los pisos, seg¨²n describe, ¡°se rifan como una loter¨ªa¡±.

La actual situaci¨®n de incremento de precios amenaza con acentuar la crisis de los desahucios

Hasta finales de 2021, cerca de 10.000 personas viv¨ªan en pisos gestionados por entidades sociales en Catalu?a, seg¨²n un informe del pasado diciembre presentado por la Taula del Tercer Sector y Cohabitac. ¡°El Estado no ha estado preparado para asumir el vol¨²men creciente de personas vulnerables con necesidad de una vivienda: el parque p¨²blico en este pa¨ªs es ex¨ªguo, del 2% [unas 300.000 viviendas]¡±, cr¨ªtica Trilla. La media europea es del 9%.

Una mirada diferente

Un d¨ªa de octubre de 2021, en una calle estrecha del barrio de Nou Barris, aparecieron cinco furgonetas de los Mossos d?Esquadra y cerraron la calle por ambos extremos. Se iba a ejecutar un desahucio. Los Mossos fueron a pesar del pacto preelectoral entre ERC y la CUP de principios de 2021: en caso de desalojos con presencia de familias vulnerables, se vetaba a las unidades del orden p¨²blico. Este mes el Departamento de Interior de la Generalitat ha ratificado este tipo de intervenciones en casos de riesgo.

En la casa hab¨ªa j¨®venes y familias con hijos. Como en otros casos de esa misma semana, fueron desalojados. Lo fueron a pesar de que el Gobierno central hab¨ªa dictado por entonces una quinta pr¨®rroga de la moratoria de lanzamientos por la pandemia. Lo fueron pese a que esta imped¨ªa el desalojo de familias vulnerables con informes de servicios sociales, como era el caso, incluso si se trataba de una ocupaci¨®n.

La Sareb: un caso particular

La casa desahuciada ese d¨ªa era propiedad de la Sareb, la entidad con mayor¨ªa de capital p¨²blico que se qued¨® con los activos t¨®xicos tras el rescate a la banca en 2012. La sociedad dispone de m¨¢s de 12.000 viviendas en Catalu?a, su mayor presencia a nivel estatal (en la Comunidad Valenciana tiene 8.086 viviendas, y en Madrid, por ejemplo, 2.700). El Govern ha pedido gestionar sus activos para destinarlos al parque p¨²blico, algo en lo que coinciden las entidades sociales.

¡°Esto no solucionar¨ªa lo de las listas de espera, pero a d¨ªa de hoy ser¨ªa una ayuda r¨¢pida. Llegar a los porcentajes de vivienda p¨²blica que necesitamos puede tardar a?os¡±, dice Santi Mas de Xax¨¤s, portavoz de la PAH, que tambi¨¦n estaba esa ma?ana en Nou Barris.

En este contexto, hace unos d¨ªas, la PAH protest¨® frente a la sede del PSC en Barcelona. El motivo era una enmienda de los socialistas a nivel estatal a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prev¨¦ el desalojo de personas que ocupen una vivienda en un m¨¢ximo de 48 horas. El PSOE la promovi¨® sin el apoyo de Unidas Podemos, su socio de Gobierno, y tras votar en contra de propuestas parecidas en el pasado, como una del PP en febrero de 2021.

¡°El mensaje que nos transmite el Partido Socialista es que no saca adelante una ley de vivienda estatal [el proyecto est¨¢ bloqueado en el Congreso pese a la promesa del Gobierno hecha a Bruselas de aprobarla antes de septiembre], y sin embargo encuentra muy f¨¢cil tramitar otra para desahuciar en 48 horas a las personas que se han visto obligadas a ocupar, sobre todo porque no hay un parque de vivienda p¨²blico¡±, dice Mas de Xax¨¤s, que luego contin¨²a: ¡°Si dicen que basta con presentar un informe de vulnerabilidad en menos de 48 horas es que no entienden c¨®mo funciona su propia administraci¨®n. Podr¨ªamos llegar a un acuerdo para acabar con los criminales que se esconden en una vivienda vac¨ªa, que no son la mayor¨ªa, pero van y criminalizan la pobreza, en lugar de proponer leyes que realmente ataquen la ra¨ªz del problema. Estamos hablando de un bien de primera necesidad.¡±

Una habitaci¨®n propia

La noche antes del desahucio, la asistenta social encontr¨® una habitaci¨®n para B. y su madre en Badalona. Era la ¨²nica opci¨®n. Sentada en un banco junto a una estaci¨®n de metro, el domingo 13 de noviembre, cuenta el motivo de su discapacidad, mientras arruga entre los dedos una bolsa de tela. Un d¨ªa, cruzando la calle con el sem¨¢foro en verde, un coche se salt¨® la luz y la atropell¨®. Luego siguieron unos a?os caminando con andador. De ello le quedaron secuelas, hasta hoy, como una fibromialgia que no la abandona. Uno de los aspectos en los que se centraba aquel informe que analizaba los efectos de la 24/2015 era la salud precaria que acusaban las personas en situaci¨®n de inseguridad residencial, especialmente mujeres y ni?os.

No sabe hasta cu¨¢ndo estar¨¢n en esa pensi¨®n. Al principio se preguntaba, como en la carta, qu¨¦ clase de Estado de derecho se ha construido, ¡°en el que las leyes no nos protegen y los derechos son papel mojado¡±. Pese a ello, pasados unos minutos, recupera la sonrisa, bromea. La persona que escribi¨® aquella carta, y que ese d¨ªa en Badalona dijo que prefer¨ªa mantenerse en el anonimato ¡ª¡±no soy la ¨²nica persona que ha pasado por esto, porque le afecta a miles¡±¡ª lo hizo con una intenci¨®n. Si todo acababa mal, dijo, esperaba que esa carta sirviera para decir que los desahucios contin¨²an: ¡°Tal vez as¨ª alg¨²n d¨ªa las cosas cambien¡±.

El imaginario de la ocupaci¨®n

Al trasladarle aquella pregunta que dej¨® caer B. durante la primera llamada, Fern¨¢ndez Seijo comenz¨® por establecer una distinci¨®n. ¡°Cuando la opini¨®n p¨²blica habla de desahucios, nosotros distinguimos tres tipolog¨ªas distintas¡±, matiz¨® el magistrado, antes de agregar que se ha tendido a englobar todo bajo la categor¨ªa despectiva de ¡°okupa¡±. Por un lado, est¨¢n aquellos desalojos que afectan a personas con una vivienda comprada con un pr¨¦stamo hipotecario y que no han podido continuar pag¨¢ndolo. ¡°Ah¨ª es donde se ha producido un repunte. Se est¨¢n reproduciendo los mismos problemas que arrastramos desde 2008, cl¨¢usulas abusivas, pisos valorados por encima del valor real¡­¡±.

El segundo motivo reside en los alquileres y su impago. ¡°Como no se han podido topar de manera efectiva los precios del alquiler, los propietarios actualizan la renta a nivel de mercado y sencillamente hay gente que no llega¡±. (Desde 2005 hasta 2020 el precio del alquiler en Catalu?a ha crecido un 16% m¨¢s que la renta per c¨¢pita, siendo los j¨®venes y las personas vulnerables quienes m¨¢s lo han sufrido, seg¨²n un informe de este a?o de la c¨¢tedra de empresa ¡°Vivienda y futuro¡± de la Universidad Pompeu Fabra y la Asociaci¨®n de Promotores de Catalu?a). Este era el caso de B. y su madre, que siguieron pagando el alquiler durante un tiempo con los ahorros que les quedaban, adem¨¢s del subsidio que recib¨ªan de la administraci¨®n dada su situaci¨®n de vulnerabilidad.

¡°Todo esto se vincula adem¨¢s con la gentrificaci¨®n que viven algunos barrios de Barcelona¡±, continu¨® el jurista, que hace referencia a barrios como Sant Andreu o Sants, que hist¨®ricamente han tenido precios de alquiler m¨¢s ¡°moderados¡±: ¡°Ahora est¨¢n en manos de gente con mucho poder adquisitivo¡±.

El caso de los okupas, ¡°quienes no tienen un t¨ªtulo ni derecho que reconozca su vulnerabilidad¡±, cr¨ªtica Fern¨¢ndez Seijo, ¡°no es generalizado¡±: ¡°Creo que hay una campa?a interesada y sesgada. No existe ese problema generalizado de que haya un movimiento okupa que est¨¦ dando patadas a puertas en pisos vac¨ªos. Detr¨¢s de eso, entre otras cosas, tambi¨¦n hay campa?as de empresas de seguridad. Es un debate donde se mezclan distintos aspectos, y siempre en perjuicio de los m¨¢s d¨¦biles¡±.