La corrupci¨®n se cuela en las urnas

Espa?a ha sufrido en los ¨²ltimos a?os episodios de grave corrupci¨®n en las instituciones principales, con fulminantes consecuencias: la m¨¢s notoria hizo caer al Gobierno de Mariano Rajoy por una moci¨®n de censura (julio de 2018), y la m¨¢s sorprendente llev¨® a Juan Carlos I a abandonar Espa?a para instalarse en Abu Dabi (agosto de 2020) cuando era investigado por la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, una causa finalmente archivada. Pero estos hechos y otros parecidos no han servido de vacuna para curar definitivamente uno de los males m¨¢s lesivos para la democracia.

Entre 2016 y 2022 ¡ªlos ¨²nicos siete ejercicios de los que hay registros fiables en el Consejo General del Poder Judicial¡ª los tribunales de justicia instruyeron en Espa?a m¨¢s de 400 procedimientos por corrupci¨®n (que no solo afecta a personalidades p¨²blicas sino tambi¨¦n a particulares y empresas), con casi 2.000 imputados, m¨¢s de 200 empresas implicadas y 410 condenados. Pese a estos n¨²meros, la percepci¨®n de la corrupci¨®n ha pasado de estar entre los tres principales problemas del pa¨ªs a figurar en el puesto 17 en el CIS de febrero. ¡°Quiz¨¢s ha bajado la percepci¨®n porque han aparecido menos casos y porque los ciudadanos, desde la pandemia y la crisis, tienen problemas que los afectan m¨¢s directamente¡±, explica un alto cargo de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n.

No es solo una percepci¨®n. Los procedimientos por corrupci¨®n en tribunales de toda Espa?a han ido bajando: han pasado de 112 en 2016 a 53 en 2021. Son causas abiertas por alguno de estos delitos: negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios p¨²blicos, malversaci¨®n, cohecho, prevaricaci¨®n, infidelidad en la custodia de documentos y violaci¨®n de secretos, tr¨¢fico de influencias, fraudes y exacciones ilegales, y corrupci¨®n en las transacciones comerciales internacionales.

A pesar de esa reducci¨®n a la mitad de las causas abiertas por malas pr¨¢cticas pol¨ªticas y empresariales en los ¨²ltimos ocho a?os, los principales partidos airean ahora las corruptelas del adversario en v¨ªsperas de la batalla electoral por el poder municipal y auton¨®mico del 28 de mayo.

El PSOE impulsa una investigaci¨®n en el Senado a la alcaldesa de Marbella, ?ngeles Mu?oz (PP), a cuenta de un patrimonio sospechoso tras la imputaci¨®n de su hijastro en un caso de narcotr¨¢fico. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha usado el caso Cuarteles ¡ªel supuesto ama?o de contratos de obras de la Guardia Civil a favor de un empresario¡ª para atacar al adversario acusando a dirigentes del PP de bloquear la investigaci¨®n del caso en 2017. El mismo Grande-Marlaska resucit¨® el caso Kitchen ¡ªla presunta operaci¨®n policial no comunicada al juez para robar pruebas sobre la financiaci¨®n ilegal del PP¡ª al recordar en el Congreso c¨®mo el Gobierno de Mariano Rajoy utiliz¨® el Ministerio del Interior para hundir a sus adversarios pol¨ªticos y protegerse de la investigaci¨®n judicial de su caja b.

El PP de la Comunidad Valenciana, golpeado por numerosos casos de corrupci¨®n durante el mandato de Francisco Camps (2003-2011), intenta, por su parte, debilitar al PSOE aprovechando algunos flecos que le salpican del caso Azud, cuyo origen, sin embargo, son supuestos contratos ama?ados por dirigentes del PP en el Ayuntamiento de Valencia. En Madrid, el PP se aferra al caso Mediador, en el que est¨¢ involucrado Juan Bernardo Fuentes, exdiputado del PSOE que entreg¨® su acta de parlamentario horas despu¨¦s de que se conociera la investigaci¨®n judicial.

El PSOE sigue encima de los casos G¨¹rtel, Lezo y P¨²nica, tramas de corrupci¨®n en los Gobiernos auton¨®micos del PP en la Comunidad de Madrid desde 2003 hasta 2015.

Podemos intenta, mientras tanto, abrir una investigaci¨®n en el Congreso de los Diputados a los periodistas, pol¨ªticos y polic¨ªas que participaron presuntamente durante a?os en varias operaciones ilegales, fabricando y publicando pruebas falsas para hundir a esa formaci¨®n pol¨ªtica en las distintas elecciones convocadas desde 2015. A esta estrategia se suman los partidos catalanes, ERC, Junts o PDeCAT, que quieren que esa misma comisi¨®n parlamentaria analice todas las maniobras policiales, algunas amplificadas por determinados medios, para atacar a dirigentes independentistas catalanes con pruebas que resultaron falsas en muchas ocasiones.

El ruido de la batalla pol¨ªtica afecta al Tribunal Supremo, quien dirime en ¨²ltima instancia las causas penales por corrupci¨®n. En lo que va de a?o ha dictado siete sentencias (una, absolutoria) y tiene pendientes otras 23 que ir¨¢ resolviendo en los pr¨®ximos meses. El Supremo seguir¨¢ durante este periodo electoral la conocida como ¡°doctrina Ruiz Vadillo¡±, que lleva el apellido de un expresidente de lo Penal que decidi¨® aplazar la publicaci¨®n de sentencias que afectasen a la clase pol¨ªtica en tiempos de campa?a, seg¨²n explica a EL PA?S uno de los magistrados de esa sala.

El Supremo debe resolver en los pr¨®ximos meses ¡ªcon ese previsible par¨®n en campa?a electoral¡ª los recursos contra la sentencia de la Audiencia Nacional de los papeles de B¨¢rcenas, donde qued¨® acreditada la caja b del PP, y de la corrupci¨®n generada durante la visita del Papa a Valencia en 2006. Hay, sin embargo, otras instancias judiciales que han fijado juicios por corrupci¨®n en plena campa?a electoral. El Congreso y el Senado han previsto tambi¨¦n sesiones de investigaci¨®n sobre estos temas para las pr¨®ximas semanas.

Lo que sigue es una selecci¨®n de las principales causas abiertas por corrupci¨®n en las cuatro comunidades m¨¢s pobladas de Espa?a y que m¨¢s han sufrido este problema:

Andaluc¨ªa: el ¡®caso de los ERE¡¯ y sus derivadas

Dos presidentes auton¨®micos socialistas, Manuel Chaves (1990-2009) y Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n (2009-2013), seis consejeros de la Junta, tres viceconsejeros y tres directores generales fueron condenados por corrupci¨®n (en la Audiencia Provincial en 2019 y en el Supremo en 2022). Unos ingresaron en prisi¨®n por malversaci¨®n ¡ªtambi¨¦n Gri?¨¢n fue condenado por ese delito, pero su entrada a la c¨¢rcel ha sido aplazada mientras se trata de un c¨¢ncer¡ª. Otros, como Chaves, han evitado la prisi¨®n al ser condenados por prevaricaci¨®n (que solo conlleva pena de inhabilitaci¨®n). Todos ellos formaban parte del Ejecutivo que gestion¨® entre 2001 y 2010 un programa de prejubilaciones pagadas con dinero p¨²blico aplicadas a 77 empresas con m¨¢s de 6.000 trabajadores beneficiados. El programa habr¨¢ costado en total 1.300 millones de euros cuando termine de pagarse, en 2025. El PP considera que se trata del mayor caso conocido de corrupci¨®n en la historia de Espa?a. Altos cargos, empresarios y sindicatos aprovecharon la falta de controles sobre el gasto para el saqueo de fondos p¨²blicos.

Comunidad Valenciana: del ¡®caso G¨¹rtel¡¯ al ¡®caso Azud¡¯

Las empresas de la trama G¨¹rtel trabajaron en la Comunidad Valenciana en la primera d¨¦cada del siglo XXI y lograron decenas de contratos a dedo o ama?ados por parte del Gobierno de Francisco Camps, algunos de cuyos consejeros y directores generales acabaron condenados a penas de c¨¢rcel por corrupci¨®n. La rapi?a institucional tuvo su colof¨®n en el viaje del Papa a Valencia en 2006, que aprovech¨® la trama G¨¹rtel para conseguir un contrato multimillonario a trav¨¦s de una empresa interpuesta del que sac¨® un beneficio de tres millones de euros. La Audiencia Nacional castig¨® con penas de hasta 15 a?os de c¨¢rcel a 19 procesados por la adjudicaci¨®n ilegal de ese contrato para el suministro de pantallas, sonido y megafon¨ªa en la visita de Benedicto XVI.

Las empresas de Francisco Correa, el cabecilla de la red G¨¹rtel, lograron estos contratos gracias, seg¨²n dijeron ellos mismos, a la amistad que uno de sus dirigentes, ?lvaro P¨¦rez, manten¨ªa con el entonces presidente valenciano, Francisco Camps, quien acabo dimitiendo cuando se tuvo que sentar en el banquillo por aceptar supuestamente regalos de trajes y ropa valorados en m¨¢s de 30.000 euros. Aunque Camps no pudo probar durante el juicio que los hab¨ªa pagado de su bolsillo, un jurado popular le absolvi¨® en ese caso. Ahora se enfrenta a un nuevo juicio por un contrato ama?ado de la consejer¨ªa de Turismo para la red G¨¹rtel en el stand de la comunidad Valenciana de Fitur 2009. Numerosos testigos e imputados han acusado al expresidente de ser principal responsable del trato de favor dado a las empresas de Francisco Correa. Camps y otros ex altos cargos lo han negado. La sentencia se conocer¨¢ en los pr¨®ximos meses.

Tambi¨¦n en la Comunidad Valenciana el PP intenta en las ¨²ltimas semanas acorralar al PSOE a cuenta del denominado caso Azud, cuyo origen es una denuncia an¨®nima que destap¨® una trama de contratos ama?ados y pelotazos urban¨ªsticos perpetrados entre 2004 y 2011 en el Ayuntamiento de Valencia a cambio del pago de mordidas. El principal beneficiario de estas pr¨¢cticas fue el abogado Jos¨¦ Mar¨ªa Corb¨ªn, marido de la hermana y jefa de gabinete de la entonces alcaldesa Rita Barber¨¢, seg¨²n la investigaci¨®n judicial. En el sumario tambi¨¦n se incluyen indicios contra el primer teniente de alcalde del PP en Valencia, Alfonso Grau (detenido en mayo de 2021), y el empresario Jaime Febrer. Hay m¨¢s de 60 imputados, de los cuales m¨¢s de una decena fueron altos cargos del PP. Hay tambi¨¦n siete imputados vinculados al PSOE valenciano (PSPV), entre ellos el exportavoz municipal en Valencia, Rafael Rubio, y Jos¨¦ Catalu?a, secretario de finanzas del PSPV hasta 2004, quien supuestamente intermedi¨® para la adjudicaci¨®n de contratos a la trama corrupta en administraciones socialistas. El exgerente del PSPV lleg¨® a declarar que una de las empresas del empresario Jaime Febrer pag¨® gastos electorales a los socialistas en las campa?as de 2007 y 2008, aunque sin acreditar a cambio de qu¨¦.

Comunidad de Madrid: la herencia m¨¢s t¨®xica

En Madrid, las sospechas de corrupci¨®n ¡ªque no han llegado a traducirse en evidencias judiciales¡ª alcanzaron en los ¨²ltimos a?os a la actual presidenta auton¨®mica, Isabel D¨ªaz Ayuso, por las ayudas concedidas por una entidad auton¨®mica en forma de aval a la empresa quebrada de su padre, ya fallecido; por el pelotazo del mill¨®n de euros que enriqueci¨® a su hermano en la venta de mascarillas o por el uso como despacho de un apartamento de lujo durante la pandemia que ella pag¨® de su bolsillo, seg¨²n pudo acreditar. La herencia que recogi¨® Ayuso al hacerse cargo de la presidencia regional se resume en tres graves casos de corrupci¨®n: G¨¹rtel, P¨²nica y Lezo, que han llevado a prisi¨®n a consejeros, alcaldes y a un presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Gonz¨¢lez.

Catalu?a: de la familia Pujol a la presidenta del Parlament

La corrupci¨®n sigue marcando la vida pol¨ªtica en Catalu?a. El caso Palau ¡ªsentenciado en 2017¡ª acredit¨® una compleja trama para cobrar mordidas de la empresa Ferrovial a trav¨¦s del Palau de la M¨²sica para financiar a Convergencia, el partido que durante 23 a?os gobern¨® Catalu?a en solitario. Y, hace unos d¨ªas, la presidenta del Parlamento catal¨¢n, Laura Borr¨¢s, l¨ªder de Junts, fue condenada a cuatro a?os y medio de c¨¢rcel por trocear un contrato p¨²blico para adjudic¨¢rselo a un amigo sin cumplir las normas. ¡°Un caso flagrante de prevaricaci¨®n¡±, seg¨²n el presidente del Gobierno, Pedro S¨¢nchez.

La Audiencia Nacional est¨¢ pendiente de enjuiciar toda una etapa pol¨ªtica en Catalu?a, la marcada por el mandato de Jordi Pujol (1980-2003). El expresidente catal¨¢n y sus siete hijos est¨¢n procesados por enriquecerse durante a?os aprovechando la posici¨®n privilegiada de Pujol y su capacidad de influencia a cambio del cobro de comisiones ilegales. El juez les atribuye los delitos de asociaci¨®n il¨ªcita, blanqueo de capitales, delito contra la hacienda p¨²blica y falsedad documental.

¡®Caso Mascarillas¡¯: ¡°La avaricia no es delito¡±¡­ o s¨ª

Durante los primeros meses de la pandemia en 2020, el Gobierno decret¨® el estado de alarma para poner el pa¨ªs en pausa con un confinamiento obligatorio, el cierre de empresas, comercios y colegios. Adem¨¢s, anul¨® la normativa sobre contrataci¨®n p¨²blica de material sanitario para agilizar las compras ante la situaci¨®n de emergencia que sufr¨ªa el pa¨ªs, con cientos de muertos diarios y miles de contagiados. En ese ambiente de contrataci¨®n sin normas, muchos empresarios de toda Espa?a (seg¨²n acreditaron distintos informes del Tribunal de Cuentas) se enriquecieron en muy pocos d¨ªas comprando mascarillas en China y vendi¨¦ndolas a las administraciones p¨²blicas por el doble o el triple del precio al que las hab¨ªan adquirido.

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n investig¨® varios casos y lleg¨® a la conclusi¨®n de que ¡°la avaricia no es delito¡± ¡ªen expresi¨®n de uno de los fiscales que llev¨® esas pesquisas¡ª porque en ese momento no hab¨ªa reglas ni concurrencia. El hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Tom¨¢s D¨ªaz Ayuso, y la empresa a la que se asoci¨® para comprar mascarillas, Priviet, lograron, por ejemplo, en unos d¨ªas un beneficio pr¨®ximo al mill¨®n de euros: compraron en China 250.000 mascarillas por medio mill¨®n y se las vendieron a la Comunidad de Madrid por 1,5 millones. Las fiscal¨ªas espa?ola y europea contra la corrupci¨®n no vieron delito en esta operaci¨®n.

Sin embargo, un juez acaba de procesar a los empresarios Luis Medina y Alberto Luce?o por vender mascarillas al Ayuntamiento de Madrid ¡°inflando el precio un 60%¡±, o guantes de nitrilo (81%) o test de ant¨ªgenos (71%). Luce?o y Medina ganaron seis de los 12 millones de euros que el Ayuntamiento les pag¨® por el material que hab¨ªan tra¨ªdo de China. El juez los ha procesado a ambos por, entre otros, un delito de estafa agravada: ¡°Un caso de negocio jur¨ªdico criminalizado al haber enga?ado al Ayuntamiento de Madrid ocultando con dolo unas comisiones excesivas para cualquier tipo de negocio¡±.