Garc¨ªa Ortiz defiende su criterio sobre la amnist¨ªa al ¡®proc¨¦s¡¯ ante una c¨²pula fiscal dividida

La c¨²pula fiscal afronta este martes un duro debate sobre la aplicaci¨®n de la ley de amnist¨ªa a los principales dirigentes del proceso independentista catal¨¢n. La Junta de Fiscales se re¨²ne con el fiscal general, ?lvaro Garc¨ªa Ortiz, para analizar el criterio que debe seguir el ministerio p¨²blico en este asunto. El m¨¢ximo responsable de la Fiscal¨ªa defiende aplicar la ley de amnist¨ªa a los condenados o imputados por el delito de malversaci¨®n, entre ellos el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ¡ªhuido a Bruselas desde 2017¡ª, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y el exvicepresidente catal¨¢n y presidente de ERC, Oriol Junqueras ¡ªindultado en 2021 de la pena de prisi¨®n, pero no de la inhabilitaci¨®n para ejercer cargo p¨²blico¡ª. Los fiscales del proc¨¦s defienden lo contrario: la ley de amnist¨ªa no se puede aplicar a los condenados o imputados por malversaci¨®n. El resultado de la votaci¨®n de los 37 fiscales convocados a la Junta no es vinculante para Garc¨ªa Ortiz, que tiene la potestad de marcar el camino a seguir. Los cuatro fiscales del Tribunal Supremo que han acusado a los principales l¨ªderes independentistas ya han avisado que no asumir¨¢n sus indicaciones y se apartar¨¢n del caso, por lo que el informe de la Fiscal¨ªa que ha pedido el magistrado instructor, Pablo Llarena, lo tendr¨¢n que redactar otros fiscales.

La Junta de Fiscales, el m¨¢ximo ¨®rgano consultivo de la carrera fiscal, est¨¢ formado por 36 fiscales de Sala, el fiscal general del Estado y su n¨²mero dos, la teniente fiscal del Tribunal Supremo Mar¨ªa ?ngeles S¨¢nchez Conde. El ¨®rgano cuenta con un amplio n¨²mero de fiscales que han ascendido a dicha categor¨ªa (la m¨¢xima de la carrera fiscal) durante el mandato de Garc¨ªa Ortiz o de su predecesora, Dolores Delgado, que tambi¨¦n est¨¢ citada a la reuni¨®n como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democr¨¢tica.

Este grupo, compuesto por una decena de incorporaciones al c¨®nclave en los ¨²ltimos a?os que se suman a los miembros que ya sol¨ªan mostrarse afines a las tesis m¨¢s progresistas, volver¨¢n a apoyar la postura del jefe del ministerio p¨²blico, seg¨²n fuentes fiscales. El pasado mes de abril, en el ¨²ltimo encuentro de la Junta de Fiscales, la mayor¨ªa de integrantes, entre los que se encuentran este conjunto, apoy¨® la tesis de la teniente fiscal a favor de proponer el archivo de la denuncia por revelaci¨®n de secretos presentada contra la propia Fiscal¨ªa por la pareja de la presidenta madrile?a, Isabel D¨ªaz Ayuso.

En el otro bando figuran los miembros m¨¢s conservadores y los m¨¢s veteranos que, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, suelen oponerse al criterio de Garc¨ªa Ortiz. Entre ellos, se encuentran los fiscales que dirigieron la acusaci¨®n en el Supremo por el proc¨¦s (Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno), que han forzado la reuni¨®n de este martes al invocar el art¨ªculo 27 del Estatuto Org¨¢nico del Ministerio Fiscal, el mecanismo que eleva al ¨®rgano consultivo del ministerio p¨²blico las discrepancias entre superiores y subordinados.

Garc¨ªa Ortiz pretende reforzar su postura frente a los cuatro fiscales que se han atrincherado en la versi¨®n opuesta y que rechazan aplicar la amnist¨ªa al delito de malversaci¨®n, ya que ello supondr¨ªa apoyar el levantamiento de las ¨®rdenes de detenci¨®n que pesan todav¨ªa sobre los imputados que se encuentran fuera de Espa?a, como Puigdemont. En cualquier caso, la ¨²ltima palabra la tendr¨¢n los jueces que instruyen las distintas causas judiciales por el proceso independentista de oto?o de 2017. El juez instructor del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha preguntado a las distintas partes personadas en el procedimiento si cabe aplicar la medida de gracia a la malversaci¨®n y si consideran que la causa afecta a los intereses financieros de la Uni¨®n Europea y, por tanto, no puede ser amnistiada.

Los fiscales del proc¨¦s consideran que los delitos de desobediencia y de des¨®rdenes p¨²blicos que se atribuyen a los encausados por el proceso independentista pueden ser amnistiados, ya que encajan en lo contemplado en la norma. Sin embargo, sostienen que la amnist¨ªa no se puede aplicar en el caso de la malversaci¨®n de fondos p¨²blicos, al entender que ¡°supuso un beneficio patrimonial¡± para sus autores y que el texto deja este supuesto fuera del perd¨®n. Y as¨ª lo expondr¨¢n en la reuni¨®n de este martes en la Fiscal¨ªa General del Estado.

El fiscal general discrepa de esta interpretaci¨®n y asegura que los fiscales confunden los conceptos ¡°¨¢nimo de lucro¡± que exige el delito de malversaci¨®n con el ¡°enriquecimiento personal de car¨¢cter patrimonial¡±. En este sentido, en un decreto con fecha del pasado viernes, y en respuesta a los fiscales, Garc¨ªa Ortiz destaca que la sentencia del Tribunal Supremo que conden¨® a 12 l¨ªderes independentistas ya concluy¨® que, aunque estos ¡°obraron con ¨¢nimo de lucro¡±, no lo hicieron con el prop¨®sito de obtener un enriquecimiento personal. Y ello es lo que justifica, en su opini¨®n, que dicho delito puede ser amnistiado en aplicaci¨®n del texto de la ley.

Estos argumentos chocan con el criterio de los cuatro fiscales del Supremo, que ya advirtieron que si la Junta impone aplicar la amnist¨ªa a la malversaci¨®n, no firmar¨¢n el decreto, sino que deber¨¢ hacerlo el propio fiscal general u otro fiscal que ¨¦l designe. La ¡°orden (de Garc¨ªa Ortiz) es improcedente y contraria a las leyes al no ajustarse a los criterios m¨¢s elementales de la l¨®gica jur¨ªdica y de legalidad penal exigibles en la interpretaci¨®n y aplicaci¨®n de las normas¡±, remacharon.