Once alcaldes del PSOE en Madrid maniobran frente a Ayuso para limitar los alquileres en sus municipios

Once alcaldes del PSOE han consensuado una reforma de la ley del suelo regional, que llevar¨¢n hasta la Asamblea de Madrid en diciembre, con el objetivo de intentar que la declaraci¨®n de zona de mercado residencial tensionado dependa de los municipios y no del Gobierno de Isabel D¨ªaz Ayuso, que hasta ahora ha vetado todas las peticiones en la regi¨®n. El texto, que previsiblemente ser¨¢ rechazado por la mayor¨ªa absoluta del PP, plantea que esa medida se mantenga un m¨ªnimo de tres a?os, prorrogable desde entonces a?o a a?o, como en la ley estatal. Sin embargo, apuesta por definir lo que es un gran tenedor de vivienda caso a caso, mientras que en la norma nacional se entiende como tales a los propietarios de 10 inmuebles, o cinco si son en zonas tensionadas. Adem¨¢s, explicita que el suelo obtenido a trav¨¦s de las plusval¨ªas generadas por el planeamiento urbano ¡°deber¨¢ destinarse necesariamente a la construcci¨®n y gesti¨®n de viviendas sociales o dotacionales¡± en los municipios en los que se haya aprobado esa declaraci¨®n.

La declaraci¨®n de zona de mercado residencial tensionado requiere que las familias tengan que gastar m¨¢s de un 30% de sus ingresos en el pago del alquiler o hipoteca (incluyendo gastos en suministros); o que el precio de compra o de la renta haya subido al menos tres puntos por encima del IPC en los ¨²ltimos cinco a?os en la comunidad aut¨®noma correspondiente.

Su activaci¨®n permite a los ayuntamientos establecer restricciones a los aumentos del alquiler y limitar las rentas de los grandes propietarios a lo que marca el ?ndice de Precios de Referencia. Y los municipios proponentes de la reforma de la ley del suelo quieren que esa decisi¨®n no pase por la Comunidad de Madrid, como ocurre ahora, ya que el Ejecutivo de Ayuso ha rechazado hasta ahora las peticiones de Getafe, Alcorc¨®n o Fuenlabrada, municipios todos ellos gobernados por el PSOE.

Aunque lo previsible es que la iniciativa no salga adelante, ya que el PP goza de mayor¨ªa absoluta en el Parlamento regional, los socialistas esperan que su propuesta sirva para forzar el debate en la C¨¢mara, y as¨ª retratar que los conservadores rechazan limitar los alquileres. Eso provoc¨® la semana pasada un acuerdo inicial entre nueve alcaldes ¡ªlos de Alcorc¨®n, Fuenlabrada, Getafe, Parla, Mejorada del Campo, Velilla de San Antonio, Ciempozuelos, Coslada y San Fernando de Henares¡ª, a quienes se unen ahora dos m¨¢s ¡ªPinilla del Valle y San Mart¨ªn de la Vega¡ª, para un total de 11 regidores cuyas decisiones afectan a casi un mill¨®n de madrile?os.

¡°Las administraciones estamos obligadas a actuar con el objetivo de hacer efectivo el derecho de las personas a una vivienda¡±, resume el alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala. ¡°En el momento actual eso significa poder utilizar las herramientas legales que tenemos a nuestro alcance como es el caso de la ley que permite declarar zonas como especialmente tensionadas y, en consecuencia, nos da la posibilidad de intervenir sobre el mercado para, por ejemplo, controlar los precios de los alquileres¡±, sigue.

¡°Lo que estamos pidiendo es tener la posibilidad de poder hacer uso de esa ley sin el veto de la Comunidad de Madrid, trabajando de manera coordinada todas las administraciones con un ¨²nico objetivo: hacer asequible la vivienda para todos y todas, pero especialmente para las personas j¨®venes¡±.

Para que una iniciativa legislativa de este tipo se lleve a t¨¦rmino en la Asamblea de Madrid, debe ser suscrita por mayor¨ªa absoluta de los plenos municipales de al menos tres o m¨¢s ayuntamientos que cuenten con un censo superior a los 50.000 electores, seg¨²n recoge la ley 6/1986 de iniciativa legislativa popular. En consecuencia, la alcaldesa de Alcorc¨®n, Candelaria Testa, llevaba desde marzo en conversaciones con sus hom¨®logos socialistas para llevar a buen puerto una operaci¨®n avalada por el secretario general auton¨®mico, Juan Lobato. Lo previsto es que esas votaciones se produzcan a lo largo de noviembre para que la propuesta de reforma de la ley del suelo llegue a la Asamblea en diciembre.

La estrategia conjunta, recuerda un interlocutor del PSOE, incluye que el grupo socialista en el Parlamento regional haya reclamado que la vivienda p¨²blica no pueda salir al mercado libre, en consonancia con la campa?a orquestada desde la sede federal de Ferraz para toda Espa?a.

Hace un a?o, Madrid era la segunda provincia con m¨¢s c¨®digos postales tensionados (179), tras Barcelona, seg¨²n un an¨¢lisis de Atlas Real State publicado por este diario. Y, aunque en la Comunidad de Madrid hay 33 municipios que cumplir¨ªan con los requisitos para topar los precios, seg¨²n un an¨¢lisis de Idealista, el Ejecutivo de Ayuso sigue neg¨¢ndose a permitir cualquier declaraci¨®n en este sentido.

¡°No creemos en la declaraci¨®n de zonas tensionadas, porque ataca el derecho a la propiedad, invade las competencias y son iniciativas que hacen subir los precios y que baje la oferta¡±, han venido explicando los portavoces del Gobierno auton¨®mico, que tiene recurrida ante el Tribunal Constitucional la ley, cuya disposici¨®n sobre los topes a los alquileres se ha aplicado por primera vez en Catalu?a.

En esa regi¨®n, la regulaci¨®n de los precios ha reducido las rentas, pero ha desplomado el n¨²mero de contratos: cayeron bruscamente tras la entrada en vigor de la regulaci¨®n, en marzo pasado. As¨ª, en los 140 municipios declarados como mercado residencial tenso, donde el precio est¨¢ topado, bajaron un 17,2% (24.543 nuevos contratos), seg¨²n los datos que la Generalitat public¨® el 8 de octubre.