Siete apuntes sobre la ¡°regeneraci¨®n¡± del periodismo

Ya fuera fruto de un hartazgo emocional, de una ocurrencia estrat¨¦gica o de una combinaci¨®n de ambos factores, lo cierto es que la Carta a la ciudadan¨ªa de Pedro S¨¢nchez ha abierto una conversaci¨®n p¨²blica en torno a tres asuntos capitales: la crispaci¨®n pol¨ªtica, la politizaci¨®n de la justicia y la desinformaci¨®n. Dos semanas despu¨¦s, todas las se?ales indican que la crispaci¨®n sigue aqu¨ª y que cualquier asomo de autocr¨ªtica en el ¨¢mbito judicial choca con una mayor¨ªa corporativa conservadora m¨¢s dispuesta a defender con togas y pu?etas su poder aut¨®nomo que a examinar los episodios de clamoroso lawfare que se han producido en los ¨²ltimos a?os. El ¨²nico debate que s¨ª parece haberse abierto a fondo es el tercero, el del descr¨¦dito del periodismo y la necesidad de frenar la explosi¨®n de bulos que dinamita la democracia.

Bienvenida sea la discusi¨®n, porque ninguna democracia merece tal nombre si no se garantiza el derecho a la informaci¨®n de ciudadanas y ciudadanos. Aqu¨ª aparece una primera alarma en este debate. Porque inmediatamente ha surgido la cantinela de que ¡°la mejor ley es la que no existe¡±, un mantra t¨ªpico del neoliberalismo que deber¨ªa haber pasado a mejor vida tras una pandemia que demostr¨® la necesidad de un paraguas com¨²n que proteja los mimbres del Estado del bienestar, se trate de la salud, del empleo, de la educaci¨®n o de la dependencia. La informaci¨®n fiable es tambi¨¦n un ingrediente imprescindible para una democracia s¨®lida, y no deber¨ªamos seguir enredados en el falso axioma de que una regulaci¨®n del periodismo equivale a una violaci¨®n de la libertad de expresi¨®n. Ojal¨¢ se produjera el mismo griter¨ªo en nuestro oficio ante las constantes violaciones del derecho a la informaci¨®n que suponen las campa?as de difamaci¨®n, los bulos que expanden calumnias o el sistema de alimentaci¨®n institucional con recursos p¨²blicos de cabeceras especializadas en la intoxicaci¨®n o la guerra del clic.

Aun discrepando de ese mantra que defiende la ausencia de regulaci¨®n como sin¨®nimo de libertad, parece existir un consenso amplio a favor de una autorregulaci¨®n del periodismo. A uno le parece que no es incompatible esa autorregulaci¨®n con la necesidad de cierta legislaci¨®n que evite la ley de la selva que viene imperando en el ecosistema medi¨¢tico espa?ol, por cierto mayormente favorable a una l¨ªnea editorial conservadora, o simplemente al negocio del clic, interesante a su vez para las plataformas globales que dominan los hipermercados publicitarios.

Por si de algo sirven, aqu¨ª van unos apuntes sobre esa ¡°regeneraci¨®n democr¨¢tica¡± exigible al oficio de informar, sin m¨¢s pretensi¨®n que incorporarlos a la discusi¨®n y desde el escepticismo de quien ya hace a?os que comprueba que en el periodismo, como ocurre en la pol¨ªtica o en la justicia, la batalla de los egos, el poder y los intereses corporativos condicionan (y bloquean) avances que podr¨ªan contribuir a recuperar nuestro principal y malherido patrimonio: la credibilidad.

1. Urge diferenciar lo que es periodismo y lo que no, lo que es un medio informativo y lo que es cualquier otro tipo de negocio de comunicaci¨®n o entretenimiento; lo que se exige al ejercicio del periodismo como profesi¨®n y lo que es la (inmaculada) libertad de expresi¨®n de cualquier ciudadana o ciudadano. Esto no tiene que ver con la l¨ªnea editorial o la posici¨®n ideol¨®gica de un medio, sino con el cumplimiento de unas m¨ªnimas reglas que garantizan el compromiso y la funci¨®n de servicio p¨²blico del periodismo: contraste de los hechos, esfuerzo permanente de veracidad, observancia del derecho de rectificaci¨®n, respeto a la cl¨¢usula de conciencia de los periodistas o al secreto profesional¡­

2. ?Y qui¨¦n decide todo eso? Hay varias f¨®rmulas: puede y debe existir un ¨®rgano independiente con autoridad para avergonzar y sancionar a medios y periodistas que incumplan el c¨®digo deontol¨®gico de este oficio. Esto abre un segundo debate: ?ese ¨®rgano debe estar compuesto por los colegios profesionales de periodistas o por los medios de comunicaci¨®n? ?Representar¨¢ a los periodistas o a las empresas para las que trabajan? Sinceramente, me parece una discusi¨®n secundaria. Lo importante es establecer criterios que distingan a las cabeceras period¨ªsticas de los negocios dedicados a la desinformaci¨®n; lo trascendente es establecer criterios deontol¨®gicos y materiales que permitan blindar la credibilidad institucional por encima de qui¨¦nes se ocupen de ejercer la funci¨®n encargada. Como suele recordar el profesor Daniel Innerarity, hay que reforzar las instituciones de modo que quienes pasen por ellas ¡°hagan el menor da?o posible¡±. Parece razonable que sea considerado periodista todo aquel que tiene el t¨ªtulo universitario o bien un periodo de experiencia en el oficio (cinco a?os, por ejemplo).

3. Espa?a es el tercer pa¨ªs m¨¢s opaco de la Uni¨®n Europea respecto a la propiedad de los medios de comunicaci¨®n, seg¨²n el ¨²ltimo estudio del Media Pluralism Monitor Report. Aceleremos la aplicaci¨®n del Reglamento de Libertad de los Medios de Comunicaci¨®n aprobado recientemente por el Parlamento Europeo, que prev¨¦ ya la obligaci¨®n de los medios de hacer p¨²blica la composici¨®n de su accionariado y el desglose del origen de sus ingresos, lo cual permitir¨¢ conocer la dependencia de cada medio de grandes empresas o de instituciones p¨²blicas, ya sean auton¨®micas, municipales o estatales. Con esta informaci¨®n, sabremos qu¨¦ grado de parentesco tiene cada cabecera con determinados intereses econ¨®micos o partidistas.

4. Acabemos de una vez con las trampas del lenguaje: no existen las ¡°noticias falsas¡±. Si algo es falso, no es noticia. Y si un medio publica reiteradamente falsedades, calumnias o difamaciones, debe tener una sanci¨®n al margen de lo que contemple el C¨®digo Penal. Del mismo modo que un m¨¦dico o un abogado son sancionados o incluso apartados de su oficio temporalmente por mala praxis cuando se equivocan gravemente, ?por qu¨¦ hay que soportar a supuestos periodistas que siguen dando lecciones cada ma?ana o cada noche pese a haber sido condenados una, dos y tres veces por mentir a sabiendas? Ll¨¢mese Consejo Estatal de Medios o Consejo de Informaci¨®n, alguien debe tener capacidad sancionadora para identificar a los promotores del fango, para disuadir a los repartidores de insultos y calumnias. Y esto, insisto, no tiene por qu¨¦ atropellar la libertad de expresi¨®n. Al contrario, se trata de proteger ese derecho a la informaci¨®n de la ciudadan¨ªa sin el que la democracia es papel mojado. Quienes escuchan el verbo ¡°regular¡± y gritan de inmediato en defensa de la libertad de expresi¨®n no parecen tan preocupados por derogar la ley mordaza o esos art¨ªculos del C¨®digo Penal que a¨²n hoy siguen castigando con c¨¢rcel las ofensas a los sentimientos religiosos. Ver a humoristas y titiriteros sentados en el banquillo deber¨ªa sonrojar a cualquier dem¨®crata.

5. ?Bastar¨ªa entonces con avergonzar a quienes incumplen un m¨ªnimo c¨®digo deontol¨®gico? No. A mi juicio hay que regular adem¨¢s de autorregular. Por ejemplo, en lo que se refiere a la distribuci¨®n de recursos p¨²blicos o publicidad institucional. Espa?a est¨¢ a la cola de Europa en transparencia. Y esto en la pr¨¢ctica tiene que ver con los criterios que se aplican. En la era digital, no se puede medir el servicio p¨²blico del periodismo por el volumen de clics exclusivamente, porque es sencillo alcanzar audiencias millonarias a base de atropellar las reglas del buen periodismo. Por esta v¨ªa se promocionan con la misma fuerza el sensacionalismo, la espectacularizaci¨®n del periodismo y la pura intoxicaci¨®n partidista. Se dedican recursos p¨²blicos a subvencionar intereses grupales o incluso personales. Basta con repasar los datos oficiales conocidos del reparto de publicidad institucional en las comunidades de Madrid y Castilla y Le¨®n, por ejemplo. Hay otros criterios objetivos para la adjudicaci¨®n de recursos p¨²blicos m¨¢s all¨¢ de la audiencia (y sus trampas): n¨²mero de suscripciones, diferenciaci¨®n de los suscriptores individuales y los empresariales o colectivos, existencia de plantilla y sede f¨ªsica, cumplimiento de las reglas fiscales, costes de Seguridad Social, responsables jur¨ªdicos con nombres y apellidos, condenas firmes por faltar a la veracidad¡­ O mirando a un futuro que es presente: ?debe alimentarse con recursos p¨²blicos a medios que producen m¨¢s del 50% de sus contenidos por inteligencia artificial?

6. Ya est¨¢ dicho y escrito: los medios y los periodistas somos los principales responsables del descr¨¦dito de nuestro oficio, con la inestimable ayuda de los poderes pol¨ªticos y econ¨®micos interesados en debilitar el mal llamado cuarto poder. No s¨¦ si estamos o no a tiempo de plantar cara a la desinformaci¨®n, pero s¨ª parece claro que no lo conseguiremos si no se aborda en paralelo la imprescindible alfabetizaci¨®n medi¨¢tica. Ll¨¢mese educaci¨®n para la ciudadan¨ªa o educaci¨®n democr¨¢tica, pero debe incluir la ense?anza de herramientas b¨¢sicas para verificar la informaci¨®n, para distinguir la verdad de la mentira o, al menos, para dudar ante cualquier intento de intoxicaci¨®n, venga de donde venga, sea cual sea la fuente de la que uno bebe. Educaci¨®n en la responsabilidad democr¨¢tica, de la que no pueden ni deben escapar las grandes plataformas tecnol¨®gicas que acogen bulos y calumnias y multiplican su eco engordando su fabuloso negocio sin asumir el menor riesgo. Ya hay pasos en ese sentido y conviene dar m¨¢s: los propietarios de una red social tienen que asumir como m¨ªnimo la misma responsabilidad legal que la direcci¨®n de cualquier medio sobre los contenidos que divulga, sean an¨®nimos o firmados.

Y 7. Convendr¨ªa incorporar a este debate la situaci¨®n de los medios p¨²blicos, especialmente RTVE. Frente a quienes desprecian la existencia misma de esos medios, conviene recordar que su funci¨®n de servicio p¨²blico es imprescindible en un ecosistema dominado por el negocio audiovisual basado exclusivamente en el entretenimiento y la banalidad. Una radiotelevisi¨®n p¨²blica de verdad independiente y profesional debe servir como espejo vergonzante de otras pantallas, pero para ello conviene escuchar, por ejemplo, la propuesta que hace unos d¨ªas han lanzado m¨¢s de un centenar de acad¨¦micos y profesionales que reclaman un nuevo concurso que ponga fin a la etapa de interinidad en la que est¨¢ anclado el ente desde hace a?os.

Profundizar en este (complejo) debate sobre la desinformaci¨®n y actuar contra ella desde la autorregulaci¨®n y la regulaci¨®n es obligatorio si queremos fortalecer la democracia. Porque cualquier avance en ese camino ayudar¨¢ a su vez a desinflamar la crispaci¨®n pol¨ªtica, a menudo atizada por actores principales o secundarios de ese ecosistema medi¨¢tico enfangado. Y quienes andan tan preocupados por la libertad de expresi¨®n, relean al profesor Emilio Lled¨®: ¡°?De qu¨¦ me sirve la libertad de expresi¨®n si solo digo imbecilidades?¡±. Lo importante, lo trascendente para la mejor convivencia y el progreso, es garantizar la libertad de pensamiento, que no existe si no valoramos el conocimiento y somos capaces de distinguirlo de la basura informativa.