Unidas Podemos pide recuperar para el dominio p¨²blico los bienes inmatriculados por la Iglesia

Los 34.961 inmuebles que la Iglesia cat¨®lica inmatricul¨® a su nombre entre 1998 y 2015, seg¨²n el informe que remiti¨® el Gobierno el 16 de febrero al Congreso, ya tienen repercusiones pol¨ªticas. Unidas Podemos ha pedido este viernes recuperar para el dominio p¨²blico los bienes que la instituci¨®n eclesi¨¢stica apunt¨® a su nombre en los registros de la propiedad, gracias al par¨¦ntesis legal que abri¨® la ley hipotecaria aprobada en 1998 por el Gobierno del PP de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar.

En un comunicado, los de Iglesias han destacado la importancia de un desarrollo legislativo que permita ¡°la recuperaci¨®n para el dominio p¨²blico¡± de los bienes inmatriculados por la congregaci¨®n cat¨®lica. Unidas Podemos defiende esta medida para cumplir con el punto 5.11 del acuerdo de Gobierno que firm¨® con el PSOE.

En este pacto las dos fuerzas pol¨ªticas acordaron llevar a cabo las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperaci¨®n de los bienes ¡°inmatriculados indebidamente por la Iglesia, basadas en el privilegio de inscribir en el Registro de la Propiedad bienes a partir de simples declaraciones de sus propios miembros¡±, seg¨²n recoge el pacto firmado por socialistas y morados. Los dos socios de Gobierno ya compart¨ªan esta idea antes de llegar a firmar el acuerdo de coalici¨®n, ya que ambos concurrieron a las elecciones del 10 de noviembre con esta promesa en sus programas electorales.

M¨¢s informaci¨®n

El Gobierno contabiliza 20.014 templos y 14.947 fincas inscritos por la Iglesia de forma legal gracias a la reforma de Aznar

Jorge Garc¨ªa, de la coordinadora contra las inmatriculaciones: ¡°No somos anticlericales, defendemos el patrimonio del Estado¡±

El informe remitido al Congreso el pasado 16 de febrero revela que de las 34.961 propiedades, 20.014 son templos o dependencias complementarias y 14.947, fincas ¡°con otros destinos (terrenos, solares, viviendas, locales)¡±. El Ejecutivo tard¨® tres a?os en elaborar dicho informe, pese a que la C¨¢mara baja se lo reclam¨® en 2018. Durante este tiempo, ha permanecido oculto pese a que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) le inst¨® a publicar el listado en septiembre de 2019 tras una petici¨®n de EL PA?S, decisi¨®n que el Ministerio de Justicia recurri¨® en la Audiencia Nacional, que le dio la raz¨®n.

La lista descubre un patrimonio muy variopinto que incluye pisos, garajes, campos de cultivo, vi?edos y hasta castillos. Ya en los ¨²ltimos a?os hab¨ªan salido a la luz casos muy controvertidos, como la inscripci¨®n de la mezquita de C¨®rdoba o la torre de La Giralda, en Sevilla. La cifra clave que est¨¢ en el centro de la controversia es la siguiente: la gran mayor¨ªa, un total de 30.335 bienes, han sido registrados con una certificaci¨®n eclesi¨¢stica, seg¨²n consta en las notas simples correspondientes, y en 4.626 fincas la inscripci¨®n se ha practicado en base ¡°a un t¨ªtulo distinto¡±.

Podemos ha defendido que el Ministerio de Cultura (controlado por el PSOE) debe reclamar ¡°de inmediato¡± todos los bienes que figuren en su inventario de patrimonio hist¨®rico. La formaci¨®n liderada por Iglesias considera que el patrimonio hist¨®rico de ra¨ªz religiosa ¡°con independencia del uso lit¨²rgico que pueda desarrollarse en el mismo, forma parte de la riqueza cultural heredada por el pueblo espa?ol y de ninguna manera puede permitirse que por inacci¨®n o transcurso del tiempo se pierda para las futuras generaciones¡±.

El grupo parlamentario ha adelantado que trabajar¨¢ con el PSOE y el resto de fuerzas progresistas para ¡°articular f¨®rmulas normativas¡± que permitan declarar la nulidad de todas las inmatriculaciones realizadas sin t¨ªtulo suficiente y en particular el patrimonio hist¨®rico de ra¨ªz religiosa, el cual debe estar afectado al dominio p¨²blico, tal y como ocurre en los pa¨ªses de nuestro entorno.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en una entrevista de la Cadena SER la semana pasada, no aclar¨® si el Ejecutivo piensa reclamar lo inmatriculado: ¡°Hay una parte muy importante que son bienes claramente de la Iglesia cat¨®lica y que est¨¢n en el ¨¢mbito del patrimonio hist¨®rico, sin duda de ning¨²n tipo. Hay otros que pueden estar en litigio, de los particulares, de otras administraciones p¨²blicas, de personas jur¨ªdicas, que claramente piensen que, frente a esa inscripci¨®n, tienen un t¨ªtulo mayor que demostrar¡±. En este caso, ha explicado que habr¨¢ una primera parte, que es agotar la v¨ªa administrativa: ¡°Oiga, recon¨®zcame usted a m¨ª que yo tengo mayor t¨ªtulo, y que como no sab¨ªa que se hab¨ªa registrado, pues ahora que lo s¨¦, lo peleo¡±.

Calvo opina que entonces puede darse, ¡°de manera autorregulada, un reconocimiento de la propia Iglesia cat¨®lica y de la Administraci¨®n general del Estado diciendo: efectivamente, usted tiene m¨¢s t¨ªtulo y este bien sale de esa lista¡±. Otra cosa es cuando no haya acuerdo: ¡°Habr¨¢ algunos que lleguen hasta el conflicto en tribunales, porque la Iglesia reaccione y diga: tengo m¨¢s t¨ªtulo o lo puedo demostrar. Ser¨¢ una v¨ªa complicada y lenta, pero que cerrar¨¢ definitivamente este asunto¡±.

¡°Amnist¨ªa registral¡±

Las asociaciones que han batallado estos a?os por aclarar lo ocurrido, agrupadas en la coordinadora Recuperando, que han sido muy cr¨ªticas con el Gobierno, al que acusan de haberse lavado las manos, limit¨¢ndose a publicar el listado con retraso, valoran positivamente la propuesta de Unidas Podemos. Antonio Manuel Rodr¨ªguez, profesor de Derecho en la Universidad de C¨®rdoba y portavoz de la coordinadora, reconoce que ¡°les sorprende¡± que la formaci¨®n de Iglesias se haya mantenido ¡°callada¡± una semana desde que sali¨® el informe, pero valoran la propuesta ¡°coherente¡± de este viernes.

Rodr¨ªguez lamenta que el Tribunal Constitucional nunca se haya pronunciado al respecto y que el Tribunal Supremo haya dictado dos sentencias contradictorias. El portavoz de Recuperando agrega que el Gobierno deber¨ªa deber¨ªa simplemente anular las inmatriculaciones, por inconstitucionalidad sobrevenida, y que reclame las propiedades quien las pueda demostrar, ya sea la Iglesia o un particular.