Raquel S¨¢nchez: ¡°Somos conscientes de que la propiedad es un derecho¡±

Raquel S¨¢nchez Jim¨¦nez (Gav¨¤, Barcelona, 45 a?os) se puso el pasado julio al frente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (el antiguo Fomento), del que dependen un sinf¨ªn de competencias en materia de infraestructuras. Tambi¨¦n de vivienda, un asunto en el que el Ejecutivo de coalici¨®n ...

Raquel S¨¢nchez Jim¨¦nez (Gav¨¤, Barcelona, 45 a?os) se puso el pasado julio al frente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (el antiguo Fomento), del que dependen un sinf¨ªn de competencias en materia de infraestructuras. Tambi¨¦n de vivienda, un asunto en el que el Ejecutivo de coalici¨®n ha pactado la futura norma estatal tras meses de retraso y de agrias negociaciones. El viernes, el mismo d¨ªa en el que la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, pide convocar la comisi¨®n de seguimiento de los acuerdos de Gobierno por la reforma laboral, S¨¢nchez recibe a EL PA?S en su despacho y destaca las relaciones ¡°cordiales¡± y ¡°sanas¡± entre los socios. ¡°Eso nos ha permitido alcanzar, despu¨¦s de un proceso de trabajo que ha sido muy intenso, pero muy interesante, la primera ley de vivienda de la historia de la democracia¡±, agrega. La norma llegar¨¢ en primera lectura al Consejo de Ministros del martes.

Pregunta. En la negociaci¨®n de la ley de vivienda apostaron por las bonificaciones fiscales. ?Le gustan los controles de precios?

Respuesta. De lo que part¨ªamos, y creo que lo hemos ido explicando durante todo este tiempo, es que el sistema de control de precios o la fijaci¨®n de ¨ªndices de referencia puede ser un sistema que pueda ser ¨²til en determinadas ¨¢reas y en determinadas situaciones. Pero abog¨¢bamos tambi¨¦n por introducir los incentivos fiscales, las bonificaciones, que ten¨ªan una aplicaci¨®n quiz¨¢ m¨¢s general y que tambi¨¦n ten¨ªan que repercutir y van a repercutir positivamente en esa contenci¨®n de los precios de alquiler.

P. ?Cu¨¢ndo veremos la regulaci¨®n de los alquileres en Espa?a? Parece que ese aspecto controvertido va a ser lo que m¨¢s se retrase¡­

R. Bueno, primero hay que pasar por toda la tramitaci¨®n parlamentaria. Eso requiere un tiempo, hay que negociarla. Adem¨¢s, queremos que esta sea una ley que tambi¨¦n re¨²na el consenso no solo de los grupos que conformamos este Gobierno, sino tambi¨¦n del m¨¢ximo de fuerzas pol¨ªticas que quieran sumarse a solucionar lo que es una problem¨¢tica muy evidente y que afecta a millones de ciudadanos en nuestro pa¨ªs. A partir de la aprobaci¨®n del tr¨¢mite parlamentario, s¨ª que es cierto que se establece sobre todo un periodo en el que se tendr¨¢ que analizar el sistema para desarrollar ese ¨ªndice de precios de referencia, pero el resto de medidas a partir de la publicaci¨®n y de la entrada en vigor se pueden aplicar.

P. En su etapa como alcaldesa, Gav¨¤ se acogi¨® a la legislaci¨®n catalana de control de precios. ?Cu¨¢les fueron los resultados?

R. No ten¨ªamos [resultados] todav¨ªa, fue unos meses antes de dejar el cargo. Activ¨¦ ese mecanismo que era el que exist¨ªa y el que ampara la legislaci¨®n catalana para poder hacer frente a una situaci¨®n como esta. Pero si tiran de hemeroteca, porque a veces se me ha acusado de cambiar de opini¨®n, no cambi¨¦ porque siempre dije que este puede ser un sistema, pero soy partidaria tambi¨¦n de introducir elementos que incentiven la contenci¨®n de los precios. Esta ley refleja un poco ese equilibrio. Hemos recorrido un camino muy largo, no solo estos meses, tambi¨¦n los que se negoci¨® esta cuesti¨®n con mi antecesor [Jos¨¦ Luis ?balos]. Pero creo que al final hemos conseguido ese justo equilibrio que siempre defend¨ªamos desde este ministerio. Ten¨ªamos que conseguir un sistema que tuviera esos efectos, pero que, por otra parte, otorgara seguridad jur¨ªdica a los propietarios. Porque tambi¨¦n somos conscientes de que la propiedad es un derecho y por lo tanto ambas cuestiones, ambos intereses, ten¨ªan que confluir.

P. El Gobierno recurri¨® esa ley catalana, ?formar¨¢ el recurso parte de la negociaci¨®n en el Congreso?

R. No. Hay un recurso, pero es por temas de competencia. Ese recurso tiene que seguir su v¨ªa, pero evidentemente la aprobaci¨®n de esta ley puede tener una afectaci¨®n indirecta sobre la legalidad o no de esa legislaci¨®n catalana. En cualquier caso, nosotros lo que sometemos a negociaci¨®n es el contenido de esta ley, no los recursos que se han presentado a otras leyes.

P. Una finalidad de la norma es la armonizaci¨®n, pero parte de su aplicaci¨®n depende de las comunidades. ?Temen que provoque mayor divergencia entre territorios?

R. Hay un bloque de medidas que se van a aplicar y que van a ser efectivas para el conjunto del territorio. La reacci¨®n del PP se sit¨²a en su l¨ªnea de confrontaci¨®n permanente y del no a todo. Ser¨ªa bueno, al menos antes de anunciar su intenci¨®n de recurrir esta ley, que conozcan el contenido. All¨¢ ellos y c¨®mo responder¨¢n ante sus ciudadanos y ciudadanas de la no aplicaci¨®n de un sistema que sobre todo beneficia a la gente que no puede acceder a una vivienda. Y ya no hablemos de los j¨®venes, que tienen pr¨¢cticamente limitada, si no mermada o negada, su capacidad de emancipaci¨®n.

P. El ministerio quiere que los grandes tenedores, que no han recibido bien la ley, le cedan 30.000 viviendas para alquiler asequible. ?C¨®mo van esas conversaciones?

R. Aqu¨ª hay opiniones de todos los gustos y todos los colores. Pero tambi¨¦n es cierto que no se ha producido una gran reacci¨®n en contra, ni una retracci¨®n del mercado con unos efectos catastr¨®ficos como han augurado algunos. Nosotros tenemos ese plan de vivienda para el alquiler asequible. Por una parte, la promoci¨®n de un parque p¨²blico que se sit¨²a en torno a las 46.000 viviendas. Y otra parte, 56.000 hasta llegar a las 100.000 viviendas, que se basa en acuerdos con el sector privado. 30.000, que son a las que apuntabais, de acuerdos con entidades gestoras de alquileres. Estamos trabajando con ellos para poder articular sistemas de acuerdo. Tambi¨¦n hemos adoptado la decisi¨®n de destinar 30.000 viviendas, es decir, un 30% de esas 100.000, a alquiler para j¨®venes.

P. ?De cu¨¢les de esos instrumentos saldr¨ªan?

R. De los primeros que lleguen. Nuestra intenci¨®n es ir ofreciendo un 30% de esas viviendas para los j¨®venes. No es deseable esperar a las ¨²ltimas.

P. ?Y tienen un marco temporal? ?Saben cu¨¢ntas van a entrar el a?o que viene?

R. Hay diferentes niveles. Algunas ya est¨¢n puestas a disposici¨®n y se van usando cuando los servicios sociales las reclamen. Los ayuntamientos y las comunidades aut¨®nomas han comenzado a construir y sabemos las diferentes promociones c¨®mo est¨¢n. Es un ejercicio que estamos haciendo.

P. Han hablado tambi¨¦n de una nueva figura que es la de la vivienda asequible incentivada, ?en qu¨¦ consiste?

R. Creo que el nombre es definitorio. Es aquella que siendo de un privado se le ofrecen una serie de incentivos fiscales, urban¨ªsticos o del tipo que sea para que puedan poner a disposici¨®n de la ciudadan¨ªa esa vivienda a un precio asequible.

P. Comunidades como Madrid ya construyen promociones privadas para alquiler asequible, ?era necesario recogerlo en la ley?

R. Creo que tambi¨¦n esta ley sirve para clarificar conceptualmente en el tema de la vivienda qu¨¦ reg¨ªmenes existen y cu¨¢ndo operan unas medidas u otras. Eso tambi¨¦n es un avance en cuanto a la seguridad jur¨ªdica y a clarificar un entorno y un marco que es competencia exclusiva de las comunidades aut¨®nomas, pero en que tambi¨¦n el Estado, dentro de esta regulaci¨®n que hace, establece criterios y l¨ªneas generales.

Pr¨®rroga del ¡®escudo social¡¯ y bono joven

P. ?Qu¨¦ va a suceder con la actual legislaci¨®n antidesahucios por la pandemia?

R. En el pr¨®ximo Consejo de Ministros llevamos la pr¨®rroga del escudo social, que en materia de viviendas afecta sobre todo al tema de los desahucios. Vamos a aprobar esa pr¨®rroga, que la situamos en su fecha de finalizaci¨®n en el 28 de febrero del a?o 2022. Es cierto que cuando finalice la pr¨®rroga del escudo social, para ese momento tendremos que tener analizada qu¨¦ situaci¨®n se genera.

P. ?El bono joven de 250 euros se dividir¨¢ por la mitad si se comparte piso o tendr¨¢ alguna limitaci¨®n en funci¨®n del importe del alquiler?

R. No est¨¢ previsto que haya una limitaci¨®n. Es decir, esas ayudas son por joven que acredite que tiene un contrato de trabajo y que tiene un contrato de arrendamiento y que no supera un determinado nivel de renta. Lo que queremos promover es que cada joven individualmente tenga esa posibilidad de alquilar un piso.

P. ?No temen que eso haga subir los precios?

R. Bueno, para eso articulamos tambi¨¦n un sistema como es el que se prev¨¦ en la ley de vivienda, para contener la subida de los precios de alquiler e incentivar incluso su bajada.

P. Pero el bono va a llegar ya y la ley tardar¨¢ unos meses¡­

R. Yo conf¨ªo en que este bono de alquiler no supondr¨¢ un incremento de los precios. Las medidas de la ley de vivienda se introducir¨¢n tal cual est¨¢n propuestas en un momento determinado. Pero por ejemplo, la fiscalidad, que ya se tiene que pagar por las rentas derivadas del alquiler, eso ya existe.

P. Han calculado 70.000 beneficiarios y seg¨²n el INE hay 376.000 potenciales perceptores. ?Qu¨¦ pasar¨¢ si la estimaci¨®n se queda corta?

R. Habr¨¢ que ir viendo c¨®mo opera ese bono. Pero no hay que olvidar las medidas que se articulan a trav¨¦s del Plan Estatal de Vivienda. Es decir, hay una v¨ªa de entrada tambi¨¦n para que aquellos j¨®venes que no son perceptores del bono puedan recibir ayudas para pagar el alquiler. Eso aparte de las complementarias que puedan establecer las comunidades aut¨®nomas y los ayuntamientos.

P. Ha apremiado a las administraciones a avanzar en la tramitaci¨®n de fondos europeos para rehabilitaci¨®n. ?Podremos captar y gastar esos fondos a tiempo y con sentido?

R. Yo hac¨ªa esa apelaci¨®n a las comunidades aut¨®nomas, en definitiva a todos los actores y niveles de la Administraci¨®n que vamos a intervenir en todo este proceso, para que trabajemos en una ¨²nica direcci¨®n sabiendo que tenemos que cumplir unos hitos, unos objetivos determinados dentro de unos plazos. Pero estamos cumpliendo la senda temporal.

P. ?Y cu¨¢ndo se notar¨¢ a nivel de calle?

R. En breve. Hemos realizado ya conferencias sectoriales. Durante el primer trimestre del a?o 2022 podemos decir que estar¨¢n operativas la mayor parte de esas convocatorias que tienen que lanzar las comunidades aut¨®nomas en la mayor¨ªa de supuestos.

Peajes en las autov¨ªas

P. Usted ha ratificado que se pagar¨¢ por el uso de las autov¨ªas hasta ahora gratuitas, pero no ha concretado el modelo. ?Cu¨¢ndo lo presentar¨¢?

R. Estamos trabajando en un sistema que garantice el mantenimiento de las carreteras. Es un debate que debe plantearse con el m¨¢ximo rigor y partiendo del consenso social y pol¨ªtico con todos los agentes que tienen que decir algo en este tema. No me refiero solo a las comunidades aut¨®nomas, sino tambi¨¦n a los partidos pol¨ªticos, a los agentes sociales y, evidentemente, al sector del transporte. Y estamos trabajando para realizar una propuesta en los pr¨®ximos meses que pueda definir al menos las l¨ªneas generales y cu¨¢les son los objetivos del modelo. Y para ello hemos creado un grupo de trabajo interministerial.

P. Se habla ya de imponer el sistema de la vi?eta transitoriamente en 2023 hasta que sea posible avanzar hacia el modelo del peaje electr¨®nico mediante p¨®rticos que leen las matr¨ªculas. Pero la vi?eta no cumple con el prop¨®sito de pago por uso porque paga lo mismo el automovilista que lo usa mucho que el que solo pasa una vez.

R. Insisto en que no vamos a avanzar de momento el sistema por el que vamos a decantarnos. En 25 de los 28 pa¨ªses de la Uni¨®n Europea hay establecidos varios sistemas, con sus ventajas e inconvenientes.

P. No parece que ese consenso del que habla vaya a ser f¨¢cil. Algunas comunidades aut¨®nomas, incluso las gobernadas por el PSOE se han opuesto. Y Podemos ya ha dicho que no est¨¢ de acuerdo.

R. Para decir que no se est¨¢ de acuerdo con algo lo m¨ªnimo imprescindible es conocer cu¨¢l es la propuesta. Yo pedir¨ªa que esperaran a conocer la propuesta del ministerio antes de pronunciarse. Y nos sorprenden mucho las cr¨ªticas del PP, ya que cuando gobernaba encargaron informes para un modelo de pago.

P. Desde el Gobierno se dice que no se puede hablar de ¡°peaje¡± porque el coste va a ser muy bajo. ?De cu¨¢nto? ?Un c¨¦ntimo por kil¨®metro? ?Cu¨¢nto se espera recaudar y a que se va a destinar?

R. No podemos dar cifras concretas por ahora, insisto. Es importante hacer pedagog¨ªa entre la ciudadan¨ªa de que el mantenimiento de nuestras carreteras supone un importe relevante con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Pero no hemos cuantificado hasta el momento la cifra de recaudaci¨®n, ni tampoco cu¨¢l va a ser el destino de lo recaudado.

P. ?Y va a haber excepciones en el pago?

R. Tampoco lo tenemos definido. Lo que s¨ª que queremos es que sea un sistema que vele por los objetivos del mantenimiento de las v¨ªas, la seguridad vial, que no genere agravios entre los diferentes territorios y ayude a la sostenibilidad ambiental. Tenemos una estrategia de movilidad sostenible, segura y conectada. Y una de las l¨ªneas de esa estrategia pasa principalmente por un trasvase modal del uso del veh¨ªculo privado a favor de sistemas de transportes m¨¢s sostenibles, como el ferrocarril.

Cr¨ªticas de Ayuso a los Presupuestos

P. Habla de que no puede haber discriminaci¨®n territorial, pero en los Presupuestos Generales, como usted ha reconocido, Catalu?a vuelve a ser la regi¨®n m¨¢s beneficiada, aunque ni por poblaci¨®n ni por PIB le corresponda frente a otras comunidades como Madrid.

R. Yo niego la mayor, es decir, niego que se produzca una discriminaci¨®n. Es verdad que Catalu?a es la comunidad que m¨¢s inversi¨®n recibe, pero en cualquier caso cumplimos con la disposici¨®n del Estatut que fija que hay que llegar a un determinado nivel de inversi¨®n y sirve adem¨¢s para corregir un d¨¦ficit en infraestructuras que s¨ª que se puede observar con respecto a otras comunidades.

P. ?Y qu¨¦ opina de las cr¨ªticas de la presidenta madrile?a, Isabel D¨ªaz Ayuso, de que el Gobierno maltrata a Madrid?

R. No hay un maltrato a Madrid como han dicho en el Partido Popular. Madrid es una comunidad aut¨®noma que recibe un volumen de inversiones suficiente, necesario y ¨®ptimo para poder abordar los proyectos que necesita la comunidad. Nuestro compromiso es el de agilizar al m¨¢ximo posible el nivel de ejecuci¨®n que es distinto en las diferentes comunidades aut¨®nomas. Pero no se hacen presupuestos atendiendo a criterios pol¨ªticos o con el fin de castigar a unas comunidades aut¨®nomas frente a otras.

P. ?Esas inversiones no forman parte de la negociaci¨®n para que ERC o el PNV apoyen los Presupuestos?

R. Aspiramos a alcanzar los m¨¢ximos consensos con los diferentes partidos pol¨ªticos, que introducir¨¢n las enmiendas que consideren oportunas. Pero insisto, no se presentan Presupuestos con el ¨¢nimo de discriminar comunidades aut¨®nomas, sino con el de configurar las inversiones que son necesarias para ofrecer buenos servicios p¨²blicos a los ciudadanos.

P. La Generalitat ya ha pedido el traspaso total las Cercan¨ªas de Renfe incluyendo los activos, es decir, los trenes, las estaciones y el personal. El Pa¨ªs Vasco tambi¨¦n aspira a un modelo similar. ?No corremos el peligro de que Renfe se trocee en 17 empresas regionales?

R. Es una cuesti¨®n que la Generalitat plantea recurrentemente. Ahora ya tienen competencias sobre la gesti¨®n y lo que vamos a abordar es c¨®mo regularizar la trasferencia de los recursos econ¨®micos a la Generalitat para que sea esta la que proceda al pago de los servicios que est¨¢ prestando Renfe. Es una cuesti¨®n que hay que tratar en los foros correspondientes, que es la comisi¨®n de trasferencias de competencias. En cualquier caso, lo que hay que garantizar es que el servicio se presta en buenas condiciones para el ciudadano. Y en ese supuesto hipot¨¦tico del que me habla de trasferencia de activos habr¨ªa que garantizar que existe un sistema de libre concurrencia para que sea el mejor operador el que al final pueda prestar el servicio. Es decir, que Renfe tambi¨¦n pueda operar ese servicio.

P. Se antoja dif¨ªcil que Renfe pueda seguir operando las Cercan¨ªas en Catalu?a si tiene que ceder sus trenes a la Generalitat.

R. Bueno, por eso digo, que es muy dif¨ªcil hacer estas hip¨®tesis porque no hay nada definido y, por lo tanto, es en el marco de esa comisi¨®n en el que se tiene que definir qu¨¦ activos se tienen que trasferir y cu¨¢les no.

P. ?Se plantean, como piden los nacionalistas catalanes y vascos, el traspaso tambi¨¦n de los Puertos del Estado e incluso de algunos aeropuertos de Aena?

R. No, esas son infraestructuras de inter¨¦s general y, por lo tanto, no es intenci¨®n del ministerio tratar estos temas.

Ampliaci¨®n del aeropuerto de Barcelona

P. ?La ampliaci¨®n del aeropuerto de El Prat est¨¢ definitivamente aparcada? La Generalitat dice ahora que tiene un plan alternativo.

R. Nosotros no tenemos conocimiento firme de ese proyecto. Solo sabemos que llegamos a un acuerdo con el Govern el d¨ªa 2 de agosto para fijar los t¨¦rminos de la ampliaci¨®n para hacer del aeropuerto del Prat un hub intercontinental [nudo de conexi¨®n internacional], y luego la Generalitat se desdijo. No sabemos nada del nuevo proyecto, pero, en cualquier caso, hay que garantizar que tenga el consenso tambi¨¦n de la Generalitat de Catalu?a.

P. Hablando de Aena, que est¨¢ participada en un 51% por el Estado, ?c¨®mo se explica que el PSOE haya permitido la aprobaci¨®n de la norma que obliga a rebajar los alquileres de sus locales y le va a costar 1.500 millones de euros? Aena va a llevar el tema al Constitucional.

R. En aquella enmienda ya explicamos los argumentos de nuestra abstenci¨®n. Pero tambi¨¦n entendemos que Aena, como empresa semip¨²blica, tiene que defender lo que considera que va en contra de sus intereses. Y por eso quiere plantear una cuesti¨®n de inconstitucionalidad. Lo m¨¢s sensato ser¨ªa intentar buscar una f¨®rmula de acuerdo entre todas las partes.