Pablo Bustinduy: ¡°Hay que intervenir el mercado de la vivienda y tenemos que hacerlo con los Presupuestos¡±

Durante la pasada legislatura, el Ministerio de Consumo ¡ªen manos de Alberto Garz¨®n¡ª consigui¨® la capacidad sancionadora que hasta entonces ten¨ªan solo las comunidades. A diferencia de otras decisiones pol¨¦micas, esa medida pas¨® desapercibida, pero los frutos los est¨¢ recogiendo el nuevo ministro, Pablo Bustinduy (Madrid, 41 a?os): hace unos d¨ªas, su ministerio sancion¨® con 179 millones de euros a varias aerol¨ªneas por abusos como cobrar el equipaje de mano, una iniciativa pionera en Europa. El titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ¡ªque cumple un a?o en el cargo¡ª investiga ya otros sectores, como las falsas rebajas en el comercio electr¨®nico, la venta de entradas para espect¨¢culos y la vivienda, donde promete mano dura: ¡°Vamos a perseguir negocios basados en la vulneraci¨®n de los consumidores¡±.

Pregunta. El ¨¢rea de consumo se ha integrado en otro ministerio, pero usted cada vez habla m¨¢s de ella.

Respuesta. La integraci¨®n de Consumo en Derechos Sociales responde a una hip¨®tesis pol¨ªtica que eleva su estatus: considera que los derechos de las personas consumidoras son derechos sociales y tienen que ser defendidos. La democracia tiene que llegar a las relaciones econ¨®micas. El refuerzo de la protecci¨®n social va de la mano con la defensa de los derechos de los consumidores.

P. En esta legislatura, el ministerio ha empezado por primera vez a multar, como a las aerol¨ªneas.

R. Es una sanci¨®n hist¨®rica por su cuant¨ªa, casi 179 millones, como por su objeto: no es solo el equipaje en cabina, sino tambi¨¦n el cobro por la selecci¨®n de asientos para sentarse al lado de ni?os o dependientes, opacidad en los precios, cobro por las reimpresiones de tarjetas de embarque¡­ Pr¨¢cticas abusivas e ilegales. En Espa?a ninguna empresa est¨¢ por encima de la ley y no puede haber ning¨²n modelo de negocio basado en pr¨¢cticas abusivas. Las empresas tienen derecho a recurrir, pero los hechos contradicen sus argumentos: desde que empezaron a aplicar estas pr¨¢cticas, han ganado unas cantidades estratosf¨¦ricas de dinero, y el precio de los billetes ha subido un 64% en los dos ¨²ltimos a?os, el doble que la media global. Han construido un modelo de negocio sobre pr¨¢cticas ilegales y ahora amenazan con subirle todav¨ªa m¨¢s los precios al consumidor: les sugiero que ajusten sus m¨¢rgenes de beneficio. Espa?a es el primer pa¨ªs que ha concluido una sanci¨®n como esta.

P. Tambi¨¦n se ha iniciado una investigaci¨®n sobre los pisos tur¨ªsticos sin licencia.

R. Estamos investigando pr¨¢cticas abusivas en el mercado de la vivienda y el principio es el mismo: no se puede hacer negocio a costa de la vulneraci¨®n de los derechos de los consumidores. Estamos investigando tanto los pisos tur¨ªsticos sin licencia como las grandes inmobiliarias, que cobran honorarios por alquilar un piso [algo prohibido], por fianzas desproporcionadas y por el fraude en la utilizaci¨®n de contratos de temporada. El negocio de los pisos tur¨ªsticos est¨¢ constituido sobre pr¨¢cticas que pueden ser ilegales o abusivas.

P. Las agencias dicen que el n¨²mero de denuncias de los inquilinos es anecd¨®tico. ?No ser¨¢ porque no tienen canales para hacerlo? ?Hay datos?

R. Hay una sensaci¨®n generalizada de desprotecci¨®n de la ciudadan¨ªa ante muchas de las pr¨¢cticas abusivas en el mercado del alquiler. El Sindicato de Inquilinas y [la asociaci¨®n de consumidores] Cecu han puesto en marcha mecanismos de denuncia. Las autoridades de consumo auton¨®micas deber¨ªan estar implicadas. El Ministerio de Consumo puede intervenir solo en los ¨¢mbitos en los que haya una situaci¨®n de fraude o abusiva que afecte a varias comunidades o al mercado digital. Pero vamos a actuar con total contundencia cada vez que haya una vulneraci¨®n de los derechos de los consumidores. Tras las aerol¨ªneas, en la vivienda vamos a perseguir cualquier modelo de negocio basado en la vulneraci¨®n de los consumidores.

P. ?Qu¨¦ otros sectores se est¨¢n investigando?

R. Hay una campa?a abierta sobre las falsas rebajas en el comercio electr¨®nico y otra sobre publicidad encubierta de influencers en entornos digitales. Hemos emitido una circular informativa que dar¨¢ lugar a actuaciones por el cobro de cargos y comisiones irregulares en la venta de entradas para conciertos o espect¨¢culos. Y tenemos actuaciones en curso sobre pr¨¢cticas de ecopostureo.

P. Han aprobado un decreto para prohibir la subida abusiva de precios en aplicaciones como Uber o Cabify en caso de cat¨¢strofe. ?No se podr¨ªa prohibir en general?

R. S¨ª, deber¨ªa ser una materia objeto de regulaci¨®n. Es complejo por la normativa comunitaria, pero es evidente que estos sistemas han dado lugar a situaciones de abuso. El decreto tiene que ver con impedir que, en una emergencia, haya sistemas automatizados que aprovechen esa situaci¨®n de riesgo de vulnerabilidad para inflar artificialmente beneficios. Todo el sector de la econom¨ªa digital requiere una regulaci¨®n y una intervenci¨®n democr¨¢tica profunda.

P. ?Y el de la vivienda? Los precios, en general, est¨¢n disparados.

R. Hay que intervenir el mercado de la vivienda, se ha convertido en un factor de riesgo de exclusi¨®n o de pobreza para las mayor¨ªas trabajadoras en las ciudades espa?olas. La vivienda est¨¢ actuando como una aspiradora de riqueza. Todo el esfuerzo que el Gobierno lleva seis a?os realizando para redistribuir la riqueza la est¨¢ absorbiendo un mercado regido por la especulaci¨®n y por el rentismo, un mercado que no crea valor, que solo lo extrae. Hay que aplicar la ley de vivienda, topar los precios de los alquileres y prohibir la compra especulativa en zonas tensionadas. Y perseguir negocios basados en pr¨¢cticas abusivas. Hay que intervenir pol¨ªticamente el mercado de la vivienda y el momento de hacerlo son los Presupuestos Generales del Estado. La alternativa a la ultraderecha es el Estado social y unos presupuestos que intervengan el mercado de la vivienda y que ataquen la pobreza y la desigualdad.

P. Entonces, ?conf¨ªa en que el Gobierno apruebe los presupuestos de 2025?

R. Creo que va a haber presupuestos y que van a ser unos presupuestos sociales. Tienen que abordar el problema de la vivienda y la ampliaci¨®n de los derechos sociales y del Estado del Bienestar. Nosotros planteamos una prestaci¨®n universal por crianza para luchar contra la pobreza infantil, la remuneraci¨®n de los permisos parentales, de cuidados, la ampliaci¨®n del gasto en dependencia. La aprobaci¨®n de la reforma fiscal la semana pasada allana el camino. Es una legislatura con una mayor¨ªa parlamentaria compleja. Pero con un importante esfuerzo de di¨¢logo y negociaci¨®n nos vamos encaminando hacia ese objetivo.

P. ?Definir¨ªa como descafeinado el paquete fiscal aprobado? Muchas propuestas se han ca¨ªdo.

R. Lo defino como positivo. En unas condiciones extraordinariamente complejas se consigui¨® alcanzar un acuerdo que avanza en la buena direcci¨®n. Es evidente que para nosotros es un avance limitado. Es necesario avanzar en la senda de una fiscalidad m¨¢s progresiva y ambiciosa. Muchas de las propuestas que hemos planteado no han salido, como la fiscalidad de los pisos tur¨ªsticos, de las socimis, seguros sanitarios privados, educaci¨®n privada, bienes suntuarios, fiscalidad verde. Pero es un paso en la buena direcci¨®n, y creo que da margen fiscal suficiente para plantear unos presupuestos ambiciosos en materia social.

P. ?Alguna de esas medidas que echa en falta se pueden incluir en la negociaci¨®n de los presupuestos?

R. La reforma fiscal no es el final de un proceso, sino una etapa. Ni siquiera es una cuesti¨®n ideol¨®gica o pol¨ªtica. Lo hemos visto con la dana y lo vamos a seguir viendo. Europa afronta enormes retos de transici¨®n digital, tecnol¨®gica, verde, y hacen falta recursos p¨²blicos que derivan de la capacidad tributaria e impositiva.

P. ?Qu¨¦ medidas fiscales son prioritarias para Sumar?

R. Varias. Pero para m¨ª, por lo que me compete y en que estoy trabajando, la fiscalidad de los pisos tur¨ªsticos. Creo que es de sentido com¨²n. Entre otras cosas, porque introduce un elemento de competencia desleal. ?C¨®mo es posible que los hoteles que ofrecen una serie de servicios paguen un IVA del 21% y los pisos tur¨ªsticos no? Es una cuesti¨®n que m¨¢s pronto que tarde se va a acabar incorporando.

P. Hay pendiente una ley de consumo sostenible que va a prohibir el greenwashing. ?C¨®mo va?

R. Est¨¢ en elaboraci¨®n. Es muy ambiciosa. Busca fijar las condiciones desde el punto de vista no solo del consumo, sino de la producci¨®n y la distribuci¨®n. La transici¨®n ecol¨®gica no puede depender de una serie de responsabilidades individuales de los consumidores. Una parte importante es la trasposici¨®n de tres grandes directivas europeas. Conf¨ªo en el pr¨®ximo a?o completemos su tramitaci¨®n.

R. Repsol anuncia combustible renovable, pero no sabemos qu¨¦ usa. ?Es greenwashing?

R. Es un caso que est¨¢ judicializado. Por ello, sobre la causa particular debo ser prudente. Sobre la situaci¨®n general, ya con la normativa que tenemos, es ilegal e il¨ªcito recurrir a falsas afirmaciones sobre el car¨¢cter ecol¨®gico y sostenible de bienes o servicios para intentar obtener beneficios econ¨®micos. De hecho, el ministerio lo va a sancionar.

P. ?Se va a aprobar el decreto para regular la publicidad de alimentos insanos para ni?os?

R. Antes est¨¢ la elaboraci¨®n del real decreto de comedores escolares, cuyo texto ya est¨¢ listo. Busca garantizar el acceso en igualdad de condiciones a una alimentaci¨®n sana y equilibrada para todos los ni?os y ni?as. No puede depender del barrio en el que se vive. A continuaci¨®n, mi intenci¨®n es retomar el esfuerzo regulatorio de la publicidad de alimentos insanos dirigidos al p¨²blico infantil. El modelo de la autorregulaci¨®n de la industria no ha funcionado. Hay un amplio consenso cient¨ªfico y de la sociedad civil.

P. Consumo investig¨® la publicidad encubierta de los influencers. ?Se sigue haciendo? ?Habr¨¢ sanciones?

R. Hicimos una primera acci¨®n coordinada a nivel europeo y descubrimos que un alto porcentaje estaba incumpliendo la normativa. Al ser una iniciativa pionera en un sector en formaci¨®n, tuvo car¨¢cter informativo. Nos dirigimos a estas figuras record¨¢ndoles la normativa vigente y su responsabilidad. Ahora estamos monitoreando y las siguientes intervenciones s¨ª ser¨¢n en clave sancionadora.

P. El Supremo tumb¨® parte de la regulaci¨®n de la publicidad del juego. ?C¨®mo van a recuperarla?

R. Tumb¨® la parte que ten¨ªa que ver con la publicidad en redes sociales, la utilizaci¨®n de famosos y los bonos de bienvenida, dirigidos especialmente al p¨²blico juvenil. La vamos a recuperar y vamos a ir un poco m¨¢s all¨¢ incluyendo, por ejemplo, la primera regulaci¨®n sobre las loot boxes [cajas sorpresa que se venden en los juegos]. S¨ª ha habido una recuperaci¨®n de pr¨¢cticas [publicitarias] prohibidas. Por eso es urgente que cuanto antes la recuperemos con en el rango normativo que nos indic¨® el Supremo [como ley].

P. Los resultados de Sumar en las ¨²ltimas elecciones auton¨®micas y europeas no han sido los esperados. Despu¨¦s, estall¨® el esc¨¢ndalo de Errej¨®n. ?C¨®mo afecta todo eso a la marca y al proyecto pol¨ªtico?

R. Lo esencial tiene que ver con los resultados que consigamos. No digo los electorales. La gente que nos vot¨® y, en general, la gente de izquierdas en este pa¨ªs quiere ver resultados, mejoras, conquistas sociales. En la medida en que en los Presupuestos consigamos dar esos pasos, resintonizaremos con una parte importante de la gente que puede estar desmovilizada o desafectada.

P. ?Su formaci¨®n ha asumido las responsabilidades suficientes en el caso Errej¨®n?

R. Creo que los efectos pol¨ªticos fueron inmediatos y que el compromiso m¨¢s importante que se adquiri¨® y que hay que mantener es crear todas las herramientas necesarias para impedir que esto vuelva a suceder.