Camila Vallejo y la reforma de pensiones: ¡°Hemos ido acordando reconfigurar la industria y dejar atr¨¢s las AFP¡±

Camila Vallejo (Santiago, 35 a?os), ministra portavoz del Gobierno del presidente Gabriel Boric, recibe a EL PAIS un viernes caluroso de verano en La Moneda, en su ¨²ltima jornada en la v¨ªspera de sus vacaciones. Se va despu¨¦s de una semana en la que la Administraci¨®n de izquierdas logr¨® que la C¨¢mara de Diputados aprobara la idea de legislar la propuesta de reforma de pensiones, uno de sus proyectos emblem¨¢ticos. Aunque la reforma pas¨® la valla del primer tr¨¢mite legislativo ¨Cun alivio para el Ejecutivo tras 14 meses de tramitaci¨®n¨C, la f¨®rmula de distribuci¨®n del 6% adicional de las cotizaciones, considerada el coraz¨®n de la propuesta, fue rechazada. Ahora la apuesta del Ejecutivo es reanudar en marzo el debate en el Senado.

Pero el Gobierno batalla a varias bandas y enfrenta diversos conflictos. Esta semana, un informe de la Contralor¨ªa, dado a conocer el jueves, indic¨® que entre las 419 personas que recibieron pensiones de gracia en el marco del estallido social de 2019 ¨Cun dinero mensual de por vida¨C, 58 ten¨ªan antecedentes penales, varias de ellas por delitos graves. Adem¨¢s, hay una decena de casos en que no hubo verificaci¨®n de los antecedentes m¨¦dicos. El Ejecutivo ha apuntado al Instituto de Derechos Humanos (INDH) por la entrega del informe de los antecedentes m¨¦dicos al ministerio del Interior. Pero el canal 24 Horas revel¨® que en septiembre de 2022, el INDH envi¨® un oficio a Boric, que no tuvo respuesta. El organismo le advert¨ªa que no ten¨ªa ¡°las capacidades t¨¦cnicas ni expertise¡± para acreditar las afectaciones de las personas durante el estallido social. En esta entrevista, la ministra dir¨¢ que ¨Ctras ese oficio¨C, ¡°hubo varias reuniones de trabajo¡± entre el Gobierno y el INDH sobre esta materia.

Pregunta. La aprobaci¨®n de la idea de legislar la reforma de pensiones. ?Fue un triunfo con sabor amargo?

Respuesta. Dir¨ªa que estamos felices con cautela. Porque, evidentemente, no pod¨ªa pasarnos lo que sucedi¨® con la reforma tributaria. Si el Congreso rechazaba la idea de legislar la reforma previsional [el primer paso de la tramitaci¨®n], ¨ªbamos a tener que esperar un a?o para aumentar la Pensi¨®n Garantizada Universal (PGU), incorporar cotizaci¨®n de los empleadores y hubiese sido imposible dar garant¨ªas de que este a?o iban a aumentar las pensiones.

P. Pero el coraz¨®n de la reforma qued¨® fuera.

R. No se cay¨® tanto tanto el coraz¨®n, porque se aprueba la idea de legislar y la creaci¨®n de un seguro social. Se rechaza el 6% de aporte y queda un seguro social, sin financiamiento. Ahora vamos a tener que resolver eso en el Senado. Como se cae el 6%, se cae tambi¨¦n la distribuci¨®n que hab¨ªa propuesto por Dem¨®cratas y la Democracia Cristiana del 3%-3%. Igual termin¨® por aprobarse la reestructuraci¨®n de la industria, que es clave para que la gente pueda elegir entre inversores privados o un inversor p¨²blico y el resto que pueda ser un soporte.

P. El objetivo inicial de este Gobierno era el 6% de seguro social. ?Cu¨¢nto m¨¢s est¨¢n dispuestos a ceder?

R. La propuesta a la que llegamos no es la ideal para el Gobierno. Propon¨ªamos todo el 6% a un seguro social, que el soporte de este fuera un ente p¨²blico, aut¨®nomo, estatal. Para llegar a acuerdo terminamos proponiendo un ente licitado por el Estado, como el seguro de cesant¨ªa, que funciona bastante bien. Hemos ido teniendo bastante flexibilidad t¨¢ctica, porque entendemos que despu¨¦s del intento de reforma del Gobierno de Bachelet, que rechaz¨® la derecha, y luego el de Pi?era, que rechazamos nosotros, hoy deber¨ªamos poder ya resolver el dilema.

P. ?De qu¨¦ manera?

R. Cada uno tenemos que salir de nuestras posiciones ideales para converger en un m¨ªnimo com¨²n que nos entregue un sistema mixto: ni extremo como el que tenemos ahora, sumamente individualista, solo de capitalizaci¨®n individual, el modelo de la AFP, ni tampoco 100% solidario de reparto. Podr¨ªamos empezar a aumentar las primeras pensiones en las PGU en diciembre del 2024 si resolvemos este tema el primer semestre. Y si llevamos todo a capitalizaci¨®n individual, esto va a empezar a aumentar reci¨¦n en 2070.

P. ?Hay espacio todav¨ªa para mover ese l¨ªmite de flexibilidad?

R. Siempre hay flexibilidad, pero tambi¨¦n el Senado es una realidad distinta que la C¨¢mara. No solo por tama?o, sino porque hay disposiciones distintas. En marzo iniciamos una nueva conversaci¨®n con las y los senadores y la ministra del Trabajo y el ministro de Hacienda, que son los principales interlocutores. Va a seguir la disposici¨®n de lograr los acuerdos. Adem¨¢s, lo han demostrado anteriormente, como con las 40 horas, que era imposible sacarla. Con el liderazgo de la ministra Jara, acompa?ada del ministro Marcel, lograron un acuerdo con una parte de la oposici¨®n en el Senado, porque de republicanos no esperamos nada.

P. Las 40 horas era muy popular.

R. S¨ª, pero las pensiones han sido demandadas por los jubilados hace mucho tiempo.

P. El tema es el destino del 6% extra [65%, seg¨²n Cadem, quiere que el 6% vaya a las cuentas individuales].

R. Yo no me comprometer¨ªa con una sola encuesta. Hay distintas apreciaciones. La mitad quiere todo a ahorro individual, y hay otra que se divide entre todo a solidaridad y solo una parte. Es importante que logremos una propuesta mixta que nos genere un sano equilibrio. El argumento central de la derecha para oponerse al 6%, o alguna parte a seguridad social, es: ¡°El Estado te va a robar la plata¡±. Pero, al mismo tiempo, piden m¨¢s PGU y la PGU la paga y administra el Estado. Segundo, que ¡°es plata de los trabajadores¡± y, sin embargo, hoy tenemos cotizaciones que ponen los empleadores para seguro de invalidez o de cesant¨ªa y que no es de los trabajadores. Es un aporte de los empleadores que ir¨ªa a financiar un seguro social. Tercero: dicen que ¡°con esa plata se quiere dar pensiones a gente floja que no ha trabajado¡±. Adem¨¢s de ser una caricatura injusta, principalmente para las mujeres que han cotizado menos porque han trabajado en labores de cuidado, es mentira porque el seguro social que se financiar¨ªa con una parte de la cotizaci¨®n de los empleadores busca dar una garant¨ªa por a?os cotizados.

La segunda mitad del Gobierno: ¡°Hay que fortalecer la gesti¨®n de los territorios¡±

P. En marzo cumplen dos a?os de Gobierno. ?Cu¨¢l es su evaluaci¨®n?

R. Vamos a trabajar todo este mes en fortalecer los aspectos de gesti¨®n asociado a la agenda de seguridad p¨²blica, crecimiento econ¨®mico y empleo. Adem¨¢s, vamos a insistir con el pacto fiscal y previsional. Todo lo que hemos hecho ha sido tambi¨¦n para llegar a este punto de decir: hay que empezar a fortalecer la gesti¨®n de los territorios. Hay muchos proyectos alineados con estrategias nacionales, como la del transporte p¨²blico, trenes o electromovilidad, hidr¨®geno verde, litio, que hemos ido sacando adelante con resultados positivos, pero que tienen que fortalecerse a escala regional.

P. Por otro lado tienen la crisis de seguridad.

R. S¨ª. Parte del objetivo que ya hemos estado trabajando, pero que vamos a reforzar, es la agenda de seguridad p¨²blica, que tiene una parte legislativa necesaria -la creaci¨®n del ministerio de Seguridad o el proyecto de inteligencia econ¨®mica-, y todo lo que es gesti¨®n. Podemos avanzar mucho m¨¢s con los municipios, las polic¨ªas, incorporando mayor tecnolog¨ªa a la supervigilancia de ciertos lugares m¨¢s problem¨¢ticos y seguir bajando la tasa de homicidios. Baj¨® un poco, pero necesitamos bajar m¨¢s.

P. La seguridad se ha tomado la agenda. Hay quienes dicen que el prop¨®sito transformador del Gobierno ya qued¨® enterrado.

R. Nunca he cre¨ªdo en esta falsa dicotom¨ªa. Ni nuestro Gobierno ni el presidente. Uno puede poner ciertos ¨¦nfasis de acuerdo a la coyuntura, pero la agenda de seguridad no es s¨®lo atender a la urgencia, sino que est¨¢ transformando las capacidades del Estado. Si la seguridad la entendemos como un derecho, hay una mirada que no es netamente cosm¨¦tica. Por primera vez tenemos una pol¨ªtica nacional contra el crimen organizado, una buena ley contra el narcotr¨¢fico, una ley actualizada de armas. Estamos creando una pol¨ªtica de devolver territorios que estaban ocupados por el narcotr¨¢fico a los municipios. La agenda de seguridad no es solo punitiva. Est¨¢ transformando el rol del Estado y, en varios casos, el territorio. Ahora, no nos conformamos, porque falta mucho por hacer.

P. ?Y el prop¨®sito transformador con que llegaron a La Moneda est¨¢ intacto?

R. Cuando uno est¨¢ en un Gobierno va trabajando en funci¨®n de objetivos program¨¢ticos y principios, pero tambi¨¦n en un equilibrio con la realidad que te demanda ciertos nuevos ¨¦nfasis y urgencias. Igual estamos trabajando en reformas en la instituci¨®n de Carabineros.

P. En el programa de Gobierno propon¨ªan refundar Carabineros.

R. Esto no es una refundaci¨®n, pero estamos haciendo cambios que implican tener m¨¢s y mejores polic¨ªas, llam¨¦moslo como lo llamemos. Adem¨¢s, tenemos el desaf¨ªo de apoyar m¨¢s a la PDI y eso tambi¨¦n depende del pacto fiscal porque son importantes recursos. Incluso, con la reforma previsional, que no es toda la transformaci¨®n que quer¨ªamos, pero hemos ido acordando hasta el momento, por ejemplo, reconfigurar la industria y dejar atr¨¢s las AFP. No ir¨ªa todo a seguridad social, pero s¨ª una parte, y aprobamos la creaci¨®n de un seguro social.

El Gobierno anterior: ¡°Tambi¨¦n entregaron pensiones de gracia a gente con condena por abuso sexual infantil¡±

P. ?Cu¨¢l es el mea culpa que hace este Gobierno en la entrega de las pensiones de gracia en un tema tan sensible como los afectados del estallido social?

R. Las pensiones de gracia se entregaron bajo las reglas que se han aplicado siempre. Hay un cuestionamiento pol¨ªtico a que si esas reglas hab¨ªa que modificarlas o no, y nosotros las modificamos.

P. Pero las personas con antecedentes penales graves ya tienen esas pensiones.

R. Es que nunca se han entregado mirando los antecedentes penales, porque la ley no lo exig¨ªa. Existen 18.000 pensiones de gracia que han entregado distintos gobiernos sin mirar ning¨²n antecedente penal.

P. Pero s¨ª el certificado de da?os.

R. Claro, la derecha cambi¨® un poco la estrategia. Se dio cuenta que en su Administraci¨®n tampoco revisaron los antecedentes penales, ya que no se exig¨ªa, y tambi¨¦n entregaron pensiones de gracia a gente con codena por abuso sexual infantil, por ejemplo. La derecha critica a conveniencia, mirando la paja en el ojo ajeno de manera permanente. Seamos m¨¢s honestos en este debate. Aqu¨ª hay una pol¨ªtica p¨²blica que hay que revisar, porque nunca consider¨® el problema de entregar pensiones de gracia a gente con antecedentes penales. Hoy es un problema, es real y lo compartimos. ?Qu¨¦ se hace? Cambiar esta pol¨ªtica p¨²blica. El subsecretario Manuel Monsalve cambi¨® el reglamento de Galli [Juan Francisco, exsubsecretario del Gobierno Sebasti¨¢n Pi?era] y ahora, evidentemente, que uno de los requisitos es revisar los antecedentes penales. Adem¨¢s, vamos a dejar sin efecto varios de estas pensiones entregadas en el estallido a personas con antecedentes penales de alta connotaci¨®n que entreg¨® tanto Sebasti¨¢n Pi?era como nuestro presidente. Y presentamos indicaciones para actualizar la ley y que se corten estas pensiones cuando una persona comete delitos graves.

P. ?Y la revisi¨®n de los antecedentes m¨¦dicos de los potenciales beneficiarios? Eso s¨ª se ha revisado antes.

R. Respecto de los antecedentes m¨¦dicos, lo que se hace desde el Ministerio del Interior es recibir las carpetas del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Lo que hizo el Congreso en su momento y en su contexto es decir: no tenemos una pol¨ªtica de reparaci¨®n integral del Estado sobre v¨ªctimas de violaci¨®n a los derechos humanos, pero sabemos que hay muchas personas con afectaci¨®n de distinto nivel, pero permanente, producto del estallido social. Entonces, modificaron la glosa para que las pensiones de gracia se pudieran entregar a esas personas acreditadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que habla de afectaci¨®n. El INDH revisa los casos y entrega esas carpetas a Interior acompa?adas con distintos antecedentes m¨¦dicos. Lo que hace el Ministerio del Interior es decir: ¡°Okey, aqu¨ª est¨¢n las afectaciones y, por lo tanto, califica para pensi¨®n de gracia¡±. Nosotros no queremos entrar en una pol¨¦mica con el INDH. Ahora, si queremos corregir estos procedimientos, lo que hay que hacer es mejorar la legislaci¨®n y los est¨¢ndares para que la clasificaci¨®n de los casos sea mucho m¨¢s rigurosa.

P. ?El ministerio del Interior hace el ¨²ltimo colador o todos los casos que entrega el INDH son aprobados?

R. La tarea de la clasificaci¨®n de la afectaci¨®n es del INDH. Despu¨¦s se juzga si vale la pena entregar pensi¨®n de gracia porque tienen problemas sociales, etc¨¦tera. Hay una comisi¨®n -representada por distintas instituciones, por Interior, Segpres- que revisa las pensiones de gracia. As¨ª ha funcionado durante todas estas d¨¦cadas.

P. ?Esa comisi¨®n cometi¨® un error?

R. El informe de la Contralor¨ªa se?ala algunos casos donde hay que complementar la informaci¨®n. El subsecretario del Interior respondi¨® que si hay dudas en esos procedimientos se acompa?ar¨¢ informaci¨®n donde es poco claro el documento. Y se inici¨® un sumario administrativo.

El oficio del INDH: ¡°Existieron diversas instancias presenciales en las que se abord¨® el tema¡±

P. Un oficio enviado el 23 de septiembre del 2022 por la directora del INDH, Consuelo Contreras, al presidente Boric, le advert¨ªa que no pod¨ªan seguir acreditando las afectaciones de los postulantes para acceder a las pensiones. El mensaje nunca obtuvo respuesta del mandatario. ?Cu¨¢l es la explicaci¨®n del Gobierno?

R. Posterior a la recepci¨®n del oficio del INDH que usted se?ala, Presidencia y la directora del INDH, Consuelo Contreras, junto a consejeras y consejeros participaron de una reuni¨®n protocolar anual. En dicha instancia se abord¨® de manera presencial, entre otros temas, el contenido del documento enviado.

P. ?Y luego?

R. Despu¨¦s de este encuentro, hubo reuniones de trabajo en el que participaron integrantes del Departamento de Acci¨®n Social -DAS- de la Subsecretar¨ªa del Interior, asesores del Ministerio de Justicia, asesores de seguimiento de programa y el INDH. Tras estos encuentros, se mantuvo lo mandatado por la Ley de Presupuesto 2022 y regulado en el oficio 16 dictado por el Gobierno del expresidente Pi?era.

P. ?C¨®mo pudo suceder que el presidente Boric no respondiera a una alerta as¨ª?

P. No comparto esa tesis, justamente por las instancias que le acabo de mencionar. Hubo varias reuniones de trabajo. Nuestro Gobierno ha mantenido en todo momento una l¨ªnea de di¨¢logo abierta para escuchar y evaluar las inquietudes. Por ejemplo, en el proyecto de Ley de Presupuestos 2023, presentado por el Gobierno al Congreso Nacional, no se incorpor¨® ni la glosa 12 ni la glosa 15 relativas a la entrega de pensiones de gracia, esta ¨²ltima materia a la que hab¨ªa hecho referencia el INDH. Pero quiero dejar claro: nos estamos haciendo cargo de este problema. Presentamos acciones concretas para hacer frente a lo que ha pasado y evitar que ocurra que condenados por delitos graves, como abuso sexual infantil o difusi¨®n de pornograf¨ªa infantil, sigan recibiendo este beneficio.

P. ?C¨®mo se explican las contradicciones entre el Gobierno y el INDH?

R. Todas las inquietudes que puedan existir de parte del INDH siempre son acogidas y debidamente evaluadas. En este caso existieron diversas instancias presenciales en las que se abord¨® el tema planteado por el INDH.

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