Villarejo, la corrupci¨®n del PP y Juan Carlos I: la terna que marcar¨¢ el a?o judicial de 2022

El a?o que se avecina trae intensa marejada en los tribunales, con las instituciones del Estado bajo la lupa. Se espera que este 2022 marque el futuro de graves causas de corrupci¨®n que se?alan, por ejemplo, al anterior jefe del Estado, Juan Carlos I; al partido que lidera la oposici¨®n, el PP; a la macrotrama policial urdida por el comisario jubilado Jos¨¦ Manuel Villarejo; a dos expresidentes socialistas de la Junta de Andaluc¨ªa; o a Eduardo Zaplana, exministro popular y expresidente de la Generalitat valenciana. Adem¨¢s, el diputado I?igo Errej¨®n estrenar¨¢ enero desde el banquillo, denunciado por agredir supuestamente a un hombre. Estos son los principales frentes abiertos en los juzgados:

La vista de Villarejo. Uno de los procesos que marcar¨¢ 2022 empez¨® a finales del pasado 2021, pero todav¨ªa no ha carburado. Tras acabar una larga fase de cuestiones previas y celebrar en diciembre los primeros interrogatorios a los acusados, este 10 de enero se reanuda el primer gran juicio al comisario jubilado Jos¨¦ Manuel Villarejo, epicentro de una trama de corrupci¨®n policial que ha puesto en el punto de mira a las instituciones del Estado. La declaraci¨®n del antiguo agente, a¨²n pendiente, ser¨¢ el primer plato fuerte de la vista oral; que est¨¢ prevista que se prolongue hasta, al menos, mediados de a?o. Villarejo afronta una petici¨®n de la Fiscal¨ªa de casi 110 a?os de c¨¢rcel y ha intentado por todos los medios frenar este juicio ¡ªsu ¨²ltima maniobra consisti¨® en recusar al tribunal una vez arrancadas las sesiones¡ª.

El PP teme una tercera condena. El partido de Pablo Casado avista nubarrones en el horizonte. El tercer juicio a los populares por beneficiarse de G¨¹rtel, centrado en los negocios de la red corrupta en Boadilla del Monte (Madrid), se retoma a partir del 13 de enero para enfilar su recta final. Ya solo quedan las fases de conclusiones y los informes definitivos de las partes, que dejar¨¢n lista para sentencia la vista oral. La formaci¨®n, condenada dos veces por otros procesos ¡ªpor la parte principal de la trama, conocida como ?poca I; y por la caja b¡ª, tiene muy complicado esquivar una tercera sentencia en contra despu¨¦s de que el tribunal escuchara la confesi¨®n de 17 acusados y los relatos de la Polic¨ªa y Hacienda, que apuntan a la fuerza pol¨ªtica.

El dictamen del tribunal mantendr¨¢ en vilo al PP, que tiene m¨¢s quebraderos de cabeza. A G¨¹rtel a¨²n le quedan otras tres l¨ªneas de investigaci¨®n por juzgar en la Audiencia Nacional, para las que todav¨ªa no hay fecha. Seg¨²n fuentes jur¨ªdicas, el ¨®rgano ya ha comenzado a buscar una macrosala donde celebrar la vista sobre la estructura societaria dise?ada por la red corrupta, que sienta en el banquillo a 26 personas f¨ªsicas y a 20 empresas ¡ªcomo responsables civiles subsidiarias¡ª. Adem¨¢s, el magistrado Santiago Pedraz espera recibir en los pr¨®ximos meses el informe definitivo de Hacienda sobre las ¨²ltimas pesquisas que quedan en instrucci¨®n sobre la trama, sobre el pago de donaciones a la caja b del partido a cambio de adjudicaciones p¨²blicas. Tambi¨¦n est¨¢ pendiente que la Sala de lo Penal resuelva los recursos del caso Kitchen, y decida si vuelve a imputar a Mar¨ªa Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP, por el espionaje sin control judicial al extesorero Luis B¨¢rcenas.

Investigaciones al rey em¨¦rito. Se avecinan semanas claves para el futuro de Juan Carlos I, que ver¨¢, previsiblemente, c¨®mo la Fiscal¨ªa del Tribunal Supremo archiva las diligencias abiertas contra ¨¦l. La Oficina Nacional de Investigaci¨®n al Fraude (ONIF) est¨¢ examinando la ¨²ltima documentaci¨®n recibida desde Suiza, pero el ministerio p¨²blico no espera que ese an¨¢lisis aporte novedades que cambien el rumbo de las pesquisas y prev¨¦ cerrar a principios de a?o, al menos, dos de las tres investigaciones: el supuesto cobro de comisiones ilegales por la intermediaci¨®n en el contrato de las obras del AVE a La Meca y el uso por parte de Juan Carlos I de fondos de un empresario mexicano. Para la tercera, relativa a dinero oculto en un trust financiero domiciliado en el para¨ªso fiscal de Jersey supuestamente vinculado al rey em¨¦rito, la Fiscal¨ªa est¨¢ todav¨ªa analizando documentaci¨®n enviada por las autoridades brit¨¢nicas, pero tampoco se contemplan novedades y la previsi¨®n es archivarla.

El ministerio p¨²blico considera que la imposibilidad de perseguir presuntos delitos cometidos por el rey em¨¦rito antes de su abdicaci¨®n, en 2014, sumado a las dos regularizaciones fiscales que present¨® en diciembre de 2020 y febrero de 2021 y la ausencia de otras pruebas, cierran la puerta a la posibilidad de pedirle al Supremo que act¨²e contra el anterior jefe de Estado. De hecho, fuentes fiscales se?alan que Juan Ignacio Campos, teniente fiscal del Supremo fallecido el pasado 15 de diciembre, ya dej¨® redactado parte del decreto con el que previsiblemente se archivar¨¢ el caso, y en el que tambi¨¦n ha trabajado el jefe de Anticorrupci¨®n, Alejandro Luz¨®n, que ahora culminar¨¢ esa resoluci¨®n. El escrito, seg¨²n estas fuentes, advertir¨¢ de conductas supuestamente irregulares por parte de Juan Carlos I, aunque no se le pueda perseguir penalmente por ellas.

Errej¨®n, en el banquillo. I?igo Errej¨®n, l¨ªder de M¨¢s Madrid y fundador de Podemos, no ha logrado evitar una imagen que marcar¨¢ el inicio de 2022. El parlamentario tendr¨¢ que sentarse en el banquillo el 25 de enero, fecha prevista para el arranque del juicio contra el diputado por propinar supuestamente una patada en el est¨®mago a un hombre que, seg¨²n la versi¨®n de este ¨²ltimo, solo quer¨ªa hacerse una foto con el pol¨ªtico en el madrile?o barrio de Lavapi¨¦s. Errej¨®n siempre ha negado esta agresi¨®n, pero la magistrada de instrucci¨®n consider¨® que exist¨ªan elementos suficientes para celebrar la vista oral por un presunto delito leve de maltrato. Eso s¨ª, antes ya descart¨® el delito de lesiones despu¨¦s de que los m¨¦dicos forenses no encontraran ¡°ninguna lesi¨®n traum¨¢tica¡± derivada del supuesto golpe.

Pese a que el diputado se encuentra aforado ante el Supremo, la ley permite que estos delitos leves se diriman en los juzgados ordinarios. En el caso de acreditarse la imputaci¨®n, Errej¨®n ser¨ªa condenado como mucho al pago de una multa, pero la sentencia supondr¨ªa un verdadero terremoto pol¨ªtico en la izquierda.

El colapso de los ERE. 11 a?os despu¨¦s de nacer, la macrocausa de los ERE progresa a paso muy lento. De las 187 piezas iniciales y tras archivarse medio centenar, solo se han celebrado dos juicios: sobre la investigaci¨®n principal, con dos expresidentes andaluces condenados; y sobre la empresa Acyco, pendiente de fallo desde hace un a?o. El avance seguir¨¢ siendo parsimonioso en 2022, que solo tiene tres vistas se?aladas en la Audiencia de Sevilla, que sufre un grave atasco y suma 35 piezas sin fecha de juicio; adem¨¢s de otras 103 que permanecen todav¨ªa en el Juzgado de Instrucci¨®n 6 de la capital hispalense, seg¨²n el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad.

Para 2022 se espera, eso s¨ª, la deliberaci¨®n del Supremo sobre la pieza principal. La ponencia corre a cargo del magistrado Eduardo de Porres, que estudia desde octubre los recursos presentados contra la sentencia de la Audiencia de Sevilla, que dio por probado que, entre 2000 y 2009, la entonces c¨²pula del PSOE andaluz urdi¨® un ¡°sistema fraudulento¡± dotado con 680 millones para repartir, sin control, fondos a empresas en crisis. El alto tribunal tiene as¨ª en su mano la condena por corrupci¨®n de los expresidentes socialistas Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n y Manuel Chaves. El primero fue sentenciado a seis a?os de c¨¢rcel por malversaci¨®n y prevaricaci¨®n, por lo que el fallo del Supremo determinar¨¢ si entra en prisi¨®n. A su favor juega que el alto tribunal instruy¨® en 2015 el caso y no apreci¨® malversaci¨®n, pero tanto la Audiencia como la Fiscal¨ªa consideran acreditado ese delito. Chaves se juega una condena de nueve a?os de inhabilitaci¨®n por un delito de prevaricaci¨®n continuada. El ministerio p¨²blico pidi¨® confirmar todas las condenas.

Los coletazos del proc¨¦s. Tras m¨¢s de tres a?os de instrucci¨®n, juicio, sentencia y control de las condenas a los acusados por el proc¨¦s, los indultos concedidos por el Gobierno zanjaron en junio la causa abierta por la Sala Penal del Supremo a los procesados que no huyeron al extranjero. Pero el asunto se ha trasladado ahora a otra sala, la de lo Contencioso, que tiene sobre la mesa los siete recursos presentados contra las medidas de gracia por, entre otros, PP, Ciudadanos y Vox. El alto tribunal tiene previsto resolver en enero una de las inc¨®gnitas iniciales: si los partidos est¨¢n legitimados para impugnar los indultos.

La jurisprudencia no es favorable a estas formaciones, aunque el hecho de que el partido de ultraderecha fuera acusaci¨®n popular en la causa penal o que tres exdiputados catalanes de Ciudadanos registraran los recursos exige un debate espec¨ªfico. En cualquier caso, aun si se inadmitieran, el tribunal puede entrar en el fondo del asunto si acepta las alegaciones presentadas por otras entidades y particulares. Sin embargo, son muy pocos los recursos contra indultos que progresan, pues el propio Supremo ha establecido que la medida de gracia es discrecional y su control se limita a garantizar que los motivos por los que se concede se recogen en el expediente del procedimiento.

La euroorden contra Puigdemont. El Supremo tiene pendiente otra derivada del desaf¨ªo independentista de 2017: las ¨®rdenes europeas de detenci¨®n dictadas contra el jefe de la operaci¨®n, el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y otros tres exconsejeros que huyeron de Espa?a. B¨¦lgica, pa¨ªs en el que residen, tramita las peticiones de entrega, pero el caso est¨¢ paralizado a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea (TJUE) resuelva una cuesti¨®n prejudicial planteada por el instructor del caso en el Supremo, el magistrado Pablo Llarena. B¨¦lgica es reticente a entregar a los exl¨ªderes independentistas, pero la detenci¨®n de Puigdemont en Cerde?a en septiembre pasado ha abierto una nueva puerta a la justicia espa?ola, aunque con m¨¢s dudas que certezas por ahora. El Supremo conf¨ªa en que en 2022 se resuelva una pugna que empez¨® hace m¨¢s de cuatro a?os y que el expresidente sea entregado a la justicia espa?ola.

Pendientes de Aguirre. El juez del caso P¨²nica, Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n, lleva meses queriendo cerrar la pieza 9 de este sumario, centrada en la financiaci¨®n irregular del PP de Madrid y donde est¨¢n imputados los expresidentes Esperanza Aguirre e Ignacio Gonz¨¢lez. El magistrado cree que no quedan hilos de los que tirar y la Fiscal¨ªa ya le comunic¨® que prepara su informe definitivo sobre estas pesquisas, cuya pr¨®rroga vence el 29 de enero. A la espera de ver qu¨¦ decide para entonces, el pasado 1 de diciembre, la Sala de lo Penal ya le indic¨® que, dentro de esta parte de la investigaci¨®n, debe indagar las ¨²ltimas revelaciones de Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda, que narr¨® c¨®mo Aguirre lo coloc¨® al frente de la empresa p¨²blica Mercado Puerta de Toledo, desde donde desvi¨® m¨¢s de un mill¨®n de euros para pagar gastos de las campa?as electorales de la formaci¨®n.

El desinflado caso Neurona. Las pesquisas que escudri?an a Podemos por las elecciones de abril de 2019 avanzan a una nueva fase. Este enero, el magistrado Juan Jos¨¦ Escalonilla decidir¨¢ si prorroga el plazo de instrucci¨®n del caso, que brot¨® en verano de 2020 con la declaraci¨®n de un exabogado del partido y que finalmente vir¨® de direcci¨®n el pasado noviembre. Una vez que la versi¨®n del extrabajador se ha disuelto como un azucarillo ¡ªse archivaron hasta seis l¨ªneas de investigaci¨®n basadas en sus palabras¡ª, el juez profundiza ahora en la pieza principal del puzle, la ¨²nica que la Fiscal¨ªa pidi¨® indagar y que proviene del Tribunal de Cuentas: la contrataci¨®n de la consultora mexicana Neurona para aquellos comicios generales.

Sin embargo, en esta parte del caso todo ha cambiado mucho. En un principio, el juez sospechaba que Podemos pag¨® a Neurona m¨¢s de 360.000 euros por unas labores que nunca lleg¨® a realizar. Esa tesis gir¨® este noviembre alg¨²n grado, despu¨¦s de que Escalonilla diese por acreditado que parte de los trabajos se ejecutaron. A ra¨ªz de ello, el magistrado encarg¨® un informe pericial para valorar estos proyectos y compararlos con el precio abonado.

De Zaplana a Fabra. Si el PP nacional afronta un a?o dif¨ªcil, su filial valenciana tiene por delante un campo minado. Hasta tres casos de corrupci¨®n sobrevuelan a los populares en esta regi¨®n para 2022. El caso Erial, que tiene como principal implicado al expresidente de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana, se adentra en su fase final. Seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n, las pesquisas est¨¢n a punto de cerrarse y, entonces, la jueza deber¨¢ decidir si procesa al exdirigente del partido conservador. Desde luego, los investigadores consideran que cuentan con indicios suficientes sobre el pago de sobornos por la adjudicaci¨®n de las ITV de la Comunidad Valenciana, que se traduce en una ristra de delitos: prevaricaci¨®n, malversaci¨®n, fraude en la contrataci¨®n, cohecho, delito contra la Hacienda P¨²blica, tr¨¢fico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios, organizaci¨®n criminal, falsedad documental y blanqueo de capitales.

El calvario no acaba ah¨ª y, a partir de mayo de 2022, se juzgar¨¢ la primera pieza del caso Taula. El propio partido se sienta en el banquillo como responsable civil subsidiario, en una vista oral que dilucidar¨¢ si se ama?aron adjudicaciones del Ayuntamiento de Valencia y de la empresa p¨²blica Imelsa, de la Diputaci¨®n de Valencia, a la compa?¨ªa Thematica Events. Al igual que en G¨¹rtel, a la formaci¨®n se le acusa de recibir fondos il¨ªcitos para el pago de campa?as electorales. La mec¨¢nica se repite.

A esa cita se suman los avances que se esperan sobre una causa pendiente del expresidente de la Diputaci¨®n de Castell¨®n, Carlos Fabra, ya condenado en otros procesos. A falta de la resoluci¨®n de un recurso, se prev¨¦ que se dicte la apertura del juicio oral para que el expol¨ªtico responda por frustrar supuestamente la ejecuci¨®n de una sentencia por cuatro fraudes fiscales, que le obligaba a pagar 1,3 millones de euros que no ha acabado de abonar. Una investigaci¨®n que ha desvelado, adem¨¢s, c¨®mo recibi¨® una docena de ¡°pr¨¦stamos personales¡± procedentes de empresarios y pol¨ªticos, supuestamente, por el cargo que ocup¨®.

Renovaci¨®n del Poder Judicial. M¨¢s all¨¢ del calendario judicial, 2022 arrastra una tarea pendiente que afecta al funcionamiento de la justicia: la renovaci¨®n del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial, bloqueada desde 2018 por la falta de acuerdo entre PP y PSOE. Los populares exigen que se cambie el sistema de elecci¨®n de los 12 vocales jueces y el presidente del Gobierno, Pedro S¨¢nchez, dio esta semana casi por imposible la renovaci¨®n en esta legislatura. Si no se resuelve el desencuentro, el funcionamiento de la justicia puede verse muy afectado porque el Gobierno impuls¨® hace un a?o una reforma legal que retira al CGPJ la potestad de nombrar a los altos cargos judiciales cuando tiene el mandato caducado. Esa norma dejado ya 57 plazas vacantes, 12 de ellas en el Supremo, que ya est¨¢n empezando a afectar al d¨ªa a d¨ªa del ¨®rgano.

La sala m¨¢s perjudicada es la Tercera (de lo Contencioso), con seis bajas, y el alto tribunal ya ha advertido que puede tener problemas serios para funcionar a partir de primavera, cuando se jubilar¨¢n otros dos magistrados. La Sala Primera (Civil), con una sola vacante pero casi 20.000 asuntos pendientes de resolver, y la Cuarta (Social), con tres de sus 12 plazas vac¨ªas y otras dos que quedaran vacantes en los pr¨®ximos meses, est¨¢n tambi¨¦n al borde del colapso. La Sala de Gobierno del Supremo ha advertido que, si el Consejo no se renueva en breve, el tribunal dejar¨¢ de dictar 1.000 sentencias al a?o (un 25% de su actividad habitual).