Ley de cambio clim¨¢tico: as¨ª quedar¨¢ tras su paso por el Congreso
La norma incluir¨¢ la revisi¨®n de las metas de recortes, el veto a los hidrocarburos y el uranio, una movilidad libre de CO? a partir de 2050, el impulso a las renovables y limitaciones a las concesiones en la costa
La primera ley de cambio clim¨¢tico con la que contar¨¢ Espa?a encara ya su recta final tras a?os de retrasos. Despu¨¦s de Semana Santa se espera la votaci¨®n en el Congreso; luego ser¨¢ trasladada al Senado, donde se espera que se apruebe definitivamente. Como objetivo general, la ley fija que Espa?a deber¨¢ reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 23% en 2030 respecto a los niveles de 1990. Pero la norma incluye medidas concretas para impulsar las renovables, la movilidad sin emisiones, el fin de las exploraciones de hidrocarburos y de la miner¨ªa radiactiva, y acciones para canalizar mejor los fondos europeos de recuperaci¨®n.
La Comisi¨®n de Transici¨®n Ecol¨®gica del Congreso de los Diputados ha estado votando a puerta cerrada estas semanas las diferentes enmiendas de los partidos para elaborar el informe final de la ponencia. El jueves fue la ¨²ltima de las votaciones. Las modificaciones de la norma que se han aprobado ya lo han hecho con una mayor¨ªa ¡ªformada por PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Teruel Existe y Bildu¡ª suficiente para que la ley salga adelante. Aunque no es descartable que en la votaci¨®n final tras la Semana Santa haya m¨¢s partidos que la apoyen.
A falta de esta votaci¨®n final, en la que se podr¨ªa incluir alguna enmienda que todav¨ªa permanece viva de alguna formaci¨®n, este es el retrato final de las medidas m¨¢s destacadas de la ley, seg¨²n las fuentes parlamentarias consultadas por EL PA?S.
Objetivos: recorte de emisiones y m¨¢s renovables. El objetivo gen¨¦rico de la ley es que ¡°antes de 2050¡± Espa?a alcance la ¡°neutralidad clim¨¢tica¡±, es decir, que el balance entre los gases de efecto invernadero emitidos y los que capturen los sumideros (por ejemplo, los bosques) sea cero. Para ello se establecen una serie de metas intermedias, que se han endurecido algo durante este tr¨¢mite parlamentario. Finalmente, la norma marcar¨¢ que en 2030 Espa?a deber¨¢ haber reducido sus emisiones de efecto invernadero un 23% respecto a los niveles de 1990, tres puntos m¨¢s de lo que establec¨ªa el texto que el Gobierno envi¨® al Congreso en mayo de 2020. Pese a ese incremento, algunos partidos y ONG ecologistas critican la poca ambici¨®n de esta ley.
La ley tambi¨¦n establece que en 2050 el 100% de la electricidad del pa¨ªs se deber¨¢ generar con fuentes renovables, como la e¨®lica o la solar. Para 2030, ese porcentaje deber¨¢ estar en el 74%, cuatro puntos m¨¢s de lo previsto en el proyecto de ley que entr¨® en el Congreso hace casi un a?o. Si se considera todo el consumo final de energ¨ªa ¡ªes decir incluyendo tambi¨¦n el transporte o los procesos industriales¡ª, para 2030 el 42% tendr¨¢ que ser de origen renovable. Por ¨²ltimo, se propone una disminuci¨®n del consumo de energ¨ªa primaria del 39,5% para mejorar la eficiencia.
Adem¨¢s, el texto establece que el Consejo de Ministros podr¨¢ revisar, siempre al alza, todos los objetivos para 2030. Y la primera de esas revisiones se acometer¨¢ en 2023.
Veto a la extracci¨®n de hidrocarburos y uranio. A partir de la entrada en vigor de la norma, quedar¨¢n prohibidas las nuevas exploraciones y proyectos de extracci¨®n de hidrocarburos en Espa?a, tanto en tierra como en el mar. El texto tambi¨¦n veta expl¨ªcitamente la t¨¦cnica de la fractura hidr¨¢ulica (fracking). Durante su fase parlamentaria, los partidos han incluido un nuevo art¨ªculo en el que se veta la miner¨ªa radiactiva, fundamentalmente la del uranio. A partir de la aprobaci¨®n de la ley, el Gobierno no aceptar¨¢ m¨¢s solicitudes para poner en marcha explotaciones de este tipo, algo que afecta directamente al proyecto de Retortillo (Salamanca), seg¨²n fuentes parlamentarias. Respecto a los permisos de investigaci¨®n y las concesiones de explotaci¨®n de yacimientos de hidrocarburos que ya est¨¦n vigentes, ¡°no podr¨¢n prorrogarse, en ning¨²n caso, m¨¢s all¨¢ del 31 de diciembre de 2042¡å.
La norma tambi¨¦n fijar¨¢ que dos a?os despu¨¦s de la entrada en vigor de la ley el Gobierno elaborar¨¢ ¡°un estudio del estado de situaci¨®n y una propuesta de calendario para que la Administraci¨®n General del Estado y los organismos y entidades que conforman el sector p¨²blico estatal se desprendan de participaciones o instrumentos financieros de empresas o entidades cuya actividad mercantil incluya la extracci¨®n, refinado o procesado de productos energ¨¦ticos de origen f¨®sil¡±.
Movilidad y calidad del aire. El texto acordado por la mayor¨ªa de partidos fija en las disposiciones adicionales la obligaci¨®n de aprobar una ley de movilidad sostenible, en la que ya est¨¢ trabajando el Gobierno. Adem¨¢s, se establece que los municipios de m¨¢s de 50.000 habitantes deber¨¢n establecer ¡°zonas de bajas emisiones no m¨¢s tarde de 2023¡å y medidas para el fomento de la movilidad el¨¦ctrica y el transporte p¨²blico. Durante la fase parlamentaria tambi¨¦n se ha incluido una cl¨¢usula para que estos municipios pongan en marcha medidas para la mejora de la calidad del aire cerca de los centros escolares y los centros sanitarios. En las ¨²ltimas semanas, colegios de Barcelona y Madrid se est¨¢n movilizando contra los problemas que el tr¨¢fico genera cerca de sus instalaciones. Por ¨²ltimo, para evitar casos como el de Madrid Central, se limita la capacidad de los ayuntamientos de revertir las zonas de bajas emisiones.
Como ya estaba previsto en el texto que aprob¨® en mayo el Consejo de Ministros, la ley establece como objetivo que en 2050 todo el parque de turismos y veh¨ªculos comerciales ligeros est¨¦ libre de emisiones de di¨®xido de carbono. Para ello, en 2040 todos los veh¨ªculos nuevos de este tipo que se vendan, si no est¨¢n destinados a usos comerciales, no podr¨¢n emitir di¨®xido de carbono. La norma tambi¨¦n establece obligaciones para que las gasolineras coloquen puntos de recarga de coches el¨¦ctricos y para facilitar que se instalen en los edificios. Adem¨¢s, el Ministerio para la Transici¨®n Ecol¨®gica elaborar¨¢ un cat¨¢logo nacional de acceso p¨²blico de puntos de recarga disponibles para los conductores.
Ayuda a la recuperaci¨®n. La ley ser¨¢ aprobada en plena pandemia, pero tambi¨¦n cuando se est¨¢ poniendo en marcha el plan de recuperaci¨®n propiciado por la llegada de fondos europeos. Y se pretende que sirvan para impulsar inversiones que ayuden a la descarbonizaci¨®n. Por eso, en l¨ªnea con las prioridades que se ha marcado la Comisi¨®n Europea, se hace una referencia expl¨ªcita al impulso a la digitalizaci¨®n de la econom¨ªa espa?ola y a lo que puede aportar en el camino a la descarbonizaci¨®n.
Adem¨¢s, en la tramitaci¨®n en el Congreso se ha ampliado el apartado referido a la rehabilitaci¨®n de los edificios para que ganen en eficiencia, que ser¨¢ fundamental en los planes de recuperaci¨®n. Se apuesta por el uso de materiales con la menor huella de carbono posible, por las mejoras en la accesibilidad y por que las Administraciones pongan en marcha incentivos para la ¡°introducci¨®n de las energ¨ªas renovables¡± para impulsar el autoconsumo y la calefacci¨®n y refrigeraci¨®n de cero emisiones. Adem¨¢s, el Gobierno deber¨¢ poner en marcha en los seis primeros meses desde la aprobaci¨®n de la ley un plan de rehabilitaci¨®n de viviendas y renovaci¨®n urbana.
Adaptaci¨®n y concesiones en la costa. El texto apoyado por una mayor¨ªa de partidos contiene varios art¨ªculos que hacen referencia a la adaptaci¨®n a las consecuencias del cambio clim¨¢tico. Por ejemplo, establece que cada cinco a?os el Gobierno deber¨¢ aprobar un plan nacional de adaptaci¨®n al cambio clim¨¢tico, que deber¨¢ incluir, por ejemplo, ¡°la identificaci¨®n y evaluaci¨®n de impactos previsibles y riesgos¡± para ¡°varios escenarios posibles¡±. Tambi¨¦n la evaluaci¨®n de la ¡°vulnerabilidad de los sistemas naturales, de los territorios, de las poblaciones y de los sectores socioecon¨®micos¡±. Adem¨¢s, cada cinco a?os se deber¨¢n aprobar ¡°informes sobre riesgo clim¨¢tico¡±.
La ley fija que la ordenaci¨®n urbana y la planificaci¨®n hidrol¨®gica deber¨¢n tener en cuenta el cambio clim¨¢tico. E incluye un art¨ªculo que supondr¨¢ limitar la duraci¨®n de las pr¨®rrogas otorgadas a la concesiones para determinadas actividades en la zona de dominio p¨²blico mar¨ªtimo. Este apartado ha generado una pol¨¦mica importante en Galicia, donde la Xunta defiende que varias industrias que operan gracias a estas concesiones se ver¨¢n afectadas. El PP intent¨® modificar el art¨ªculo sin ¨¦xito. Fuentes parlamentarias no descartan que en una negociaci¨®n de ¨²ltima hora pueda haber alg¨²n cambio.
Renovables y biodiversidad. El texto acordado por la mayor¨ªa de partidos en las reuniones de la ponencia hace varias referencias a la necesidad de la protecci¨®n de la biodiversidad. Y fija la obligaci¨®n de que en el plazo de tres a?os el Ejecutivo presente una ¡°estrategia espec¨ªfica de conservaci¨®n y restauraci¨®n de ecosistemas y especies especialmente sensibles a los efectos del cambio clim¨¢tico¡±.
Adem¨¢s, en el tr¨¢mite parlamentario se ha incluido una cl¨¢usula que aboga por que el desarrollo de las energ¨ªas renovables se haga de forma ¡°compatible con la conservaci¨®n del patrimonio natural¡± y la adecuada ordenaci¨®n territorial. Las ONG ecologistas, preocupadas por el impacto que puedan tener determinados proyectos e¨®licos y solares, han pedido al Gobierno que legisle para que el desarrollo de las renovables tenga el menor impacto posible. Juan L¨®pez de Uralde, parlamentario de Unidas Podemos y presidente de la Comisi¨®n de Transici¨®n Ecol¨®gica, ha sostenido esta semana que su previsi¨®n es que en el texto final se pueda incluir alg¨²n apartado m¨¢s que otorgue competencias al Gobierno central para proteger determinadas zonas frente este tipo de instalaciones energ¨¦ticas.
Empresas, bancos y reforma el¨¦ctrica. La ley tambi¨¦n fija la obligaci¨®n para las grandes empresas, las entidades financieras y las aseguradoras de elaborar anualmente informes sobre los riesgos para su actividad ¡°de la transici¨®n hacia una econom¨ªa sostenible y las medidas que se adopten para hacer frente a dichos riesgos¡±. La idea es que tanto los inversores como los gestores de estas sociedades sean conscientes del impacto que el cambio clim¨¢tico y el proceso de descarbonizaci¨®n tendr¨¢ para su actividad.
Adem¨¢s, el Banco de Espa?a, la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores y la Direcci¨®n General de Seguros y Fondos de Pensiones tendr¨¢n que elaborar cada dos a?os un informe conjunto sobre el grado de alineamiento del sector financiero con las metas del Acuerdo de Par¨ªs y de la UE, as¨ª como una evaluaci¨®n del riesgo para el sistema. Algo similar tendr¨¢n que hacer los operadores estatales del sistema el¨¦ctrico y gasista, adem¨¢s de la Compa?¨ªa Log¨ªstica de Hidrocarburos. Por ¨²ltimo, en una de las disposiciones aprobadas esta semana se apunta a que se presentar¨¢ una reforma del sistema el¨¦ctrico en un plazo de 12 meses desde la aprobaci¨®n de la ley.
Educaci¨®n y comit¨¦ de expertos. La norma tambi¨¦n fija la obligaci¨®n que tendr¨¢ el Gobierno de revisar ¡°el tratamiento del cambio clim¨¢tico y la sostenibilidad en el curr¨ªculo b¨¢sico de las ense?anzas que forman parte del Sistema Educativo de manera transversal¡±. El Ejecutivo tambi¨¦n ¡°promover¨¢ que las universidades procedan a la revisi¨®n del tratamiento del cambio clim¨¢tico en los planes de estudios conducentes a la obtenci¨®n de t¨ªtulos universitarios oficiales¡±.
Con la aprobaci¨®n de la norma se crear¨¢ ¡°un comit¨¦ de expertos de cambio clim¨¢tico y transici¨®n energ¨¦tica¡± que deber¨¢ evaluar y hacer recomendaciones sobre las pol¨ªticas y medidas para la transici¨®n. Elaborar¨¢n anualmente un informe que ser¨¢ ¡°remitido al Congreso de los Diputados y sometido a debate en el mismo, con la participaci¨®n del Gobierno¡±.
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