Los partidos ante la crisis de la vivienda: tres modelos diferentes para un desaf¨ªo de ¨¦poca

Aunque no escasean los temas pol¨ªticos candentes ¡ªinmigraci¨®n, cupo catal¨¢n, incluso ETA¡ª, la vivienda es ya un fijo entre los estelares. Y nada indica que vaya a bajar de ah¨ª, m¨¢s a¨²n cuando la calle se agita y se suceden los datos que ilustran las dimensiones del problema, los ¨²ltimos sobre el aumento de los desahucios en alquileres. Con las competencias repartidas entre comunidades ¡ªprincipales responsables¡ª, ayuntamientos y Gobierno, ni el PP ni el PSOE pueden limitarse a culpar al otro. As¨ª que, bajo la presi¨®n de inminentes protestas, los dos principales partidos, y las instituciones que gobiernan, est¨¢n moviendo ficha.

Pese a que se producen m¨¢s anuncios que medidas y m¨¢s medidas que balance, la diferencia entre los modelos de socialistas y populares es n¨ªtida. A ambos se a?ade Sumar, que marca terreno propio. ¡°La ley estatal, con sus limitaciones, al menos ha servido para menear el debate. Eso permite ver qu¨¦ defiende cada cual, aunque muchas veces las medidas son meros dispositivos al servicio de discursos ideol¨®gicos con poca repercusi¨®n¡±, analiza el ge¨®grafo especializado en vivienda Ib¨¢n D¨ªaz, autor del ensayo Vender una ciudad.

El ejemplo catal¨¢n del PSOE. La posici¨®n del PSOE no es f¨¢cil. Aunque se esfuerza en desplazar el foco a las comunidades del PP, el Gobierno se coloc¨® en el punto de mira con el impulso de la ley aprobada en 2023 y con el anuncio de Pedro S¨¢nchez de que esta ser¨ªa ¡°la legislatura de la vivienda¡±.

El principal activo socialista es precisamente la ley. Pese a contar con un amplio listado de previsiones ¡ªampliaci¨®n del parque p¨²blico hasta el 20%, medidas antidesahucios, 40% de reserva de suelo para vivienda protegida¡ª, la atenci¨®n sobre sus efectos se centra en su faceta m¨¢s medi¨¢tica: la pretensi¨®n de contener el precio del alquiler. Y ah¨ª el Gobierno ha recibido buenas noticias: los precios han ca¨ªdo un 5% en el segundo trimestre en 140 municipios declarados tensionados en Catalu?a.

El dato, que presenta el reverso de un descenso en los contratos, interrumpe ¡°una tendencia de 11 trimestres¡± seguidos de subidas, destaca un portavoz del Ministerio de Vivienda. El PP queda ¡°en evidencia¡±, a?ade un portavoz del PSOE. El discurso de los socialistas est¨¢ claro: las 11 comunidades presididas por el PP se quedan sin excusa para no aplicar el control de precios.

Pronto ser¨¢ posible saber si el caso catal¨¢n es excepcional o marca tendencia. El Gobierno vasco del PNV y el PSE ha declarado Errenteria municipio tensionado. Los Ejecutivos de Navarra y Asturias, con presidencia socialista, han expresado su voluntad de recurrir a esta medida. Castilla-La Mancha, sin embargo, se ha mostrado m¨¢s distante sobre esta posibilidad.

?Qu¨¦ m¨¢s anota Vivienda en su balance? Destaca la subida del presupuesto estatal de 473 millones en 2018 a 3.472 en 2023 ¡ªm¨¢s del 70% con fondos llegados de Europa¡ª y la ¡°movilizaci¨®n¡± ¡ªconcepto que abarca todas las fases de producci¨®n de una vivienda, desde el acuerdo para su construcci¨®n previo a la licitaci¨®n¡ª de m¨¢s de 80.000 inmuebles, todo ello dentro del intento de cumplir el compromiso de aumentar el parque de alquiler asequible en 184.000 casas esta legislatura. No todo ser¨¢ vivienda nueva. En esas 184.000 casas prometidas entran, por ejemplo, 11.000 de la Sareb. Preguntado sobre el n¨²mero de inmuebles ya finalizados o entregados, el ministerio responde que actualmente est¨¢ ¡°estudiando¡± los distintos ¡°grados de ejecuci¨®n¡±.

El PSOE pone como ejemplo a seguir a Salvador Illa, que anuncia una inversi¨®n de 1.100 millones al a?o para acercarse a su objetivo de 50.000 pisos protegidos en 2030. No es la ¨²nica forma de los socialistas de presionar al PP. Tambi¨¦n presentar¨¢n iniciativas en los parlamentos auton¨®micos para exigir la calificaci¨®n permanente de las viviendas protegidas (es decir, que no puedan nunca venderse a precio de mercado libre) y evitar as¨ª que se especule con ellas, propuesta que ya han lanzado en Madrid. No parece f¨¢cil que prospere. En junio, el Gobierno de Isabel D¨ªaz Ayuso rechaz¨® esta opci¨®n porque ¡°deteriora¡± los barrios. Esta iniciativa del PSOE recupera un art¨ªculo de la ley de vivienda tumbado por el Constitucional por invadir competencias auton¨®micas y se alinea con la normativa aplicada en el Pa¨ªs Vasco (2003), Comunidad Valenciana (2017), Baleares (2018), Catalu?a (2019) y Navarra (2022).

Si la referencia socialista en control de precios e inversi¨®n es Catalu?a, el ejemplo citado por sus medidas contra la turistificaci¨®n es Barcelona, donde Jaume Collboni pretende cerrar en cinco a?os sus 10.000 pisos tur¨ªsticos. En el plano auton¨®mico, el Gobierno de Asturias impulsa una ley para endurecer los requisitos de apertura de estos negocios. El Ministerio de Vivienda, por su parte, trabaja en un reglamento contra el fraude en el alquiler de corta duraci¨®n, tanto tur¨ªstico como de temporada. El paquete se completa con un cambio legal promovido por el PSOE para que los nuevos pisos tur¨ªsticos necesiten el visto bueno de tres quintas partes de los vecinos del edificio.

¡°Inquiocupaci¨®n¡± al BOE. El PP promete derogar la ley estatal y, mientras tanto, evita aplicar el control de precios en sus comunidades. ?Pese a los datos catalanes? ¡°La C¨¢mara de Propiedad Urbana de Barcelona se?ala que en el segundo trimestre se suele producir un descenso de precios por efecto estacional¡±, responde por escrito Paloma Mart¨ªn, vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, partido que sigue rechazando de plano el ¡°intervencionismo¡± de la ley estatal y ha esbozado su propio ¡°plan integral¡±. A falta de los detalles ¡ª¡°los iremos desgranando¡±, dice un portavoz¡ª, lo avanzado por dirigentes y mensajes oficiales del PP marca tres l¨ªneas, coherentes con su acci¨®n all¨ª donde gobierna: m¨¢s construcci¨®n, menos impuestos, lucha anti-okupas.

El plan prev¨¦ la construcci¨®n de 200.000 viviendas al a?o, gracias a medidas como ¡°liberalizar suelo¡±, quitar ¡°burocracia¡± y ¡°dar seguridad para recuperar la inversi¨®n inmobiliaria¡±. ¡°Estas 200.000 pueden sonar parecidas a las 184.000 del Gobierno, pero la diferencia est¨¢ en los apellidos¡±, afirma Eduardo Gonz¨¢lez de Molina, investigador de la University College of London. ¡°El anuncio del PP alude solo de pasada al ¡®alquiler asequible¡¯. Todo apunta a una plan que no agranda el parque p¨²blico ni evita la privatizaci¨®n de vivienda protegida¡±. Las propias previsiones del PP confirman una primac¨ªa de la vivienda libre. Mart¨ªn afirma que la aspiraci¨®n es acercarse a las 70.000 viviendas protegidas al a?o, lo que supondr¨ªa un 35% de las 200.000.

La dirigente popular pone como modelo a seguir el Plan Vive de Madrid, Andaluc¨ªa y Valencia, consistente en que la comunidad cede suelo a empresas privadas, que primero construyen y luego recuperan su inversi¨®n con alquileres ¡°asequibles¡± durante d¨¦cadas. En Madrid, el plan ha suscitado cr¨ªticas por la existencia de desniveles en los suelos, un muro ca¨ªdo y precios superiores a algunos publicados en Idealista para pisos similares. Un portavoz del PP limita la ca¨ªda del muro a una ¡°incidencia¡± aislada vinculada a una colocaci¨®n indebida de elementos en las zonas comunes. Sobre los precios, pide tener en cuenta que las viviendas del Plan Vive son nuevas y tienen aparcamientos y trasteros. El portavoz a?ade que, seg¨²n los n¨²meros de la Comunidad, los precios se sit¨²an en torno a un 25% por debajo del mercado, lo que explica que haya 21.000 demandantes en Alcorc¨®n, 16.000 en Getafe y casi 10.000 en Alcal¨¢ de Henares.

En cuanto al tiempo de calificaci¨®n de las viviendas protegidas, otro elemento clave de la pol¨ªtica en este terreno, hay controversia en la Comunidad Valenciana. La Generalitat (PP) tramita actualmente un decreto que establece periodos m¨¢ximos de entre 15 y 30 a?os de calificaci¨®n para distintos tipos de inmuebles con protecci¨®n p¨²blica, pero no fija plazos m¨ªnimos. Mar¨ªa Jos¨¦ Salvador, la consejera socialista que impuls¨® la norma de 2017, ha acusado a la Generalitat de ¡°romper con el criterio de la permanencia en la calificaci¨®n¡±. Un portavoz del departamento con competencias de Vivienda asegura que la Generalitat pretende establecer que la calificaci¨®n se extienda obligatoriamente hasta el fin de los plazos. Ahora bien, a?ade el portavoz, si la redacci¨®n del decreto ¡°genera alg¨²n tipo de duda¡± al no especificar el plazo m¨ªnimo, a¨²n ¡°se puede cambiar¡±. Salvador (PSOE) afirma que su partido estar¨¢ ¡°atento¡± para que se corrija.

La lucha contra los ¡°okupas¡±, que ser¨¢n ¡°desalojados en 24 horas¡±, es vertebral en el plan del PP. Ya lo es en sus pol¨ªticas. Al margen de las oficinas antiocupaci¨®n pactadas con Vox ¡ªen Castilla y Le¨®n recib¨ªa menos de una llamada al d¨ªa de media en su arranque¡ª, la ley que tramita el Gobierno de Juan Manuel Moreno en Andaluc¨ªa recoge medidas contra la ¡°ocupaci¨®n¡± y la ¡°inquiocupaci¨®n¡±, neologismo que va ya rumbo al BOE y que alude a los inquilinos que permanecen en el piso sin pagar el alquiler. Y los Ejecutivos de Marga Prohens (Baleares) y Carlos Maz¨®n (Comunidad Valenciana) han anunciado sendas leyes contra un fen¨®meno que, datos en mano, ni es usual ni va en aumento.

Si la ley estatal recoge deducciones para los arrendadores, la apuesta fiscal del PP va m¨¢s all¨¢. Su plan prev¨¦ exenciones para menores de 35 a?os, bonificaciones del 100% de Sucesiones y Donaciones para facilitar la emancipaci¨®n y deducciones en el IRPF para caseros que saquen al mercado viviendas vac¨ªas. Esta puja fiscal va en la l¨ªnea que el PP sigue a escala auton¨®mica, con Madrid como ejemplo destacado, pero no ¨²nico. En Extremadura, el Gobierno de Mar¨ªa Guardiola impuls¨® la derogaci¨®n el a?o pasado de un impuesto a grandes tenedores. En cuanto a Vox, cuya sinton¨ªa con el PP en vivienda qued¨® patente en sus pactos auton¨®micos ¡ªrotos en julio¡ª, su patr¨®n es llevar m¨¢s lejos a¨²n propuestas similares dentro de lo que el partido de extrema derecha llama una ¡°reforma fiscal global¡±.

La discrepancia PP-PSOE no es total. Hay coincidencias. Ambos partidos est¨¢n de acuerdo en conceder avales para hipotecas. Si el PP ya lo ofrece en comunidades que gobierna, el Ejecutivo aprob¨® en abril un convenio con el ICO para financiar con 2.500 millones avales para primera vivienda a menores de 35.

?Y c¨®mo act¨²a el PP ante el malestar por el turismo masivo y sus efectos en el mercado de la vivienda? El partido combina ret¨®rica dura desde G¨¦nova, acusando a la izquierda de ¡°turismofobia¡±, con una variopinta gama de reacciones all¨ª donde gobierna, especialmente en la arena municipal, con suspensiones de licencias o restricciones a los pisos tur¨ªsticos en Madrid, Valencia, Palma de Mallorca o M¨¢laga. En Baleares, la comunidad presidida por el PP con mayor presi¨®n tur¨ªstica, Prohens ha ¡°garantizado¡± la continuidad de ¡°todas las plazas reguladas¡±. La posici¨®n del PP se completa con su rechazo a la norma contra el fraude en el alquiler de temporada, que fren¨® junto a Vox y Junts.

Sumar se acerca a la pancarta. Con la calle bullendo y Podemos apretando, Sumar marca distancias con el PSOE. Es m¨¢s, respalda la protesta de este domingo en Madrid, con promotores que cargan contra el Gobierno e incluso ¡ªcomo el Sindicato de Inquilinas¡ª piden la dimisi¨®n de la titular de Vivienda, Isabel Rodr¨ªguez. El desmarque abarca desde la ret¨®rica, que pone en el foco no solo a los especuladores sino al ¡°rentismo¡±, hasta pullas a la ministra por apelar a la solidaridad de los caseros para bajar los precios. Pero no se queda en palabras. Sumar incorpora casi cada d¨ªa alguna novedad a su propio cat¨¢logo de medidas.

Junto a la coincidencia con el PSOE en la valoraci¨®n favorable del impacto de la ley en Catalu?a, en que el parque p¨²blico llegue al 20%, en regular el alquiler de temporada y en que la vivienda protegida sea permanente, el grupo de Yolanda D¨ªaz a?ade propuestas como prohibir la compra sin fin residencial en zonas tensionadas, poner ¡°l¨ªmite¡± a los fondos de inversi¨®n especulativos, subir el IBI de las viviendas de m¨¢s de 250.000 euros o a?adir recargos del 50% a los pisos tur¨ªsticos.

El principal referente institucional de Sumar con competencias tocantes a vivienda, el Ministerio de Derechos Sociales, que abarca Consumo, mantiene desde junio abierta una investigaci¨®n a las plataformas de alquiler tur¨ªstico por anunciar pisos sin licencia. ?Balance? El departamento de Pablo Bustinduy ha solicitado informaci¨®n a las plataformas, ha pedido colaboraci¨®n a la Federaci¨®n Espa?ola de Municipios y Provincias y ha constatado que hay ayuntamientos ¡ªDenia y Altea, en Alicante, y Santa Cruz de Tenerife¡ª dispuestos a colaborar, se?ala un portavoz del ministerio, que afirma que a¨²n es pronto para ofrecer resultados. No es inusual: en vivienda, aunque suenen mucho palabras como ¡°urgente¡± o ¡°emergencia¡±, nada fructifica de la noche a la ma?ana.